Cerca de cumplir el primer mes de gobierno, pueden verse las principales definiciones de lo que se espera será la presidencia de Alberto Fernández. El mensaje fundamental de la campaña fue poner a la Argentina de pie empezando por los sectores más humildes. Claro que tras cuatro años de neoliberalismo aquel enunciado presidencial de “comenzar por los últimos para después llegar a todos” incluye a vastos sectores de la clase media: trabajadores con buenos ingresos, profesionales, pymes, etcétera.
Macri dejó una economía en recesión, con inflación descontrolada, endeudada y con una fragilidad externa en materia de divisas que lo llevó a un default parcial y a la reposición del control de cambios. Ante tamaño descalabro, lejos de aplicar un plan ortodoxo el presidente Alberto Fernández tomó rápidas medidas para fortalecer los ingresos de vastos sectores postergados e ir dinamizando el mercado interno.
Uno de los notables contrastes con el inicio de la gestión macrista es que no asumió el gobierno disparando el dólar oficial, sino que administró los controles de cambio de manera selectiva para no perjudicar la recuperación industrial y evitar la consabida suba de los precios. Se desalienta la utilización de dólares para ahorrar en dicha divisa, así como el turismo y compras en el exterior. Cabe aclarar que este gasto de bienes y servicios no están prohibidos, simplemente salen más caros.
Este agujero de las cuentas externas que dejó el neoliberalismo al ensayar una apertura irresponsable no se buscará cerrar con nueva deuda. Por el contrario, de hecho, Alberto Fernández instruyó a no tomar la última cuota pendiente del acuerdo con el FMI.
Así mismo, en vez de seguir apretando el torniquete con el dogma de la restricción monetaria, la tasa de interés de referencia bajó en forma sustancial, dando claras señales a la producción de transitar un camino de baja de las tasas de interés.
Otra medida que se diferencia con el gobierno anterior fue el fin de la política del tarifazo permanente. Alberto Fernández congeló las tarifas de luz, gas y de transporte por 180 días. Vencido ese plazo se descuenta que las tarifas estarán desdolarizadas.
Por otro lado, se extendió el programa de Precios Cuidados tomando más y mejores productos, y se bajó la tasa de interés del programa Ahora 12. A través del ANSES se pondrán en marcha una línea de créditos no bancarios a tasas subvencionadas para comprar herramientas o bienes de capital.
La ley de emergencia aprobada por el Congreso vino a poner en práctica los elementos redistributivos prometidos en la campaña. A los impuestos al dólar ya mencionados, se agrega la recuperación de las alícuotas del impuesto bienes personales, que en el mundo se conoce como impuesto a la riqueza, con un agregado más fuerte a los capitales que fueron blanqueados; y se incrementaron moderadamente las retenciones agropecuarias contemplando situaciones de economías regionales. Con estas medidas, el mayor peso contributivo caerá en los que más tienen. Por eso se dispuso también una amplia moratoria a las pymes respecto a sus deudas con el fisco y la seguridad social.
Respecto al empleo, el gobierno dispuso el pago de doble indemnización por seis meses para desalentar despidos en el sector privado. También consensuará un aumento por decreto de los salarios de los trabajadores, tanto públicos como privados.
Esta política de incrementos de ingresos no solo alcanza a los trabajadores del sector formal, sino que se otorgarán bonos a jubilados y a beneficiarios de la AUH. Todas las jubilaciones recibieron el último ajuste de la movilidad, mientras que la gran mayoría están recibiendo un bono de 10 mil pesos, mitad en diciembre y mitad en enero, y en marzo recibirán otro aumento.
Por su parte, los titulares de la AUH recibieron un bono de 2000 pesos además de una tarjeta alimentaria que va de 4.000 a 6.000 pesos, y la devolución del IVA que ellos conservan. Aquí hay que decirlo: este gobierno no subió el IVA, como han titulado algunos medios, sino que se terminó la baja excepcional y generalizada que había ensayado de forma desesperada el macrismo al haber perdido las PASO. Solo les mantiene la baja a los sectores que realmente están pasando hambre, haciendo más eficiente la política en la materia.
Como puede verse, en apenas un mes de gobierno se ha puesto en marcha un rumbo firme de recuperación económica en base a la progresividad, con la mira puesta en transitar un camino “con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social”.
A pocos días de haber asumido como presidente, Alberto Fernández mandó al Congreso un proyecto de ley para salir rápidamente al encuentro de la crisis social. Desde su primer artículo se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, lo cual implica delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional. El nombre es “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. El largo título condensa los principales compromisos abordados durante la campaña y en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.
El problema de la deuda externa es señalado al comienzo del proyecto, para facultar al gobierno a llevar a cabo los actos necesarios para garantizar su sostenibilidad. Los acreedores y en especial el FMI quieren conocer el programa de gobierno y su consistencia. Dicho proyecto de ley encara los problemas más acuciantes de la economía nacional.
Una de las políticas más antipopulares del gobierno saliente fueron los tarifazos de los servicios públicos. Desde los comienzos de su gestión, Macri fue incrementando las tarifas y quitando subsidios, desoyendo la angustia de los usuarios, sin perdonar siquiera a los clubes de barrio. El nuevo gobierno acaba de dar curso a una revisión tarifaria por un máximo de 180 días propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020. Al mismo tiempo, dispuso la administración de los principales entes reguladores de los servicios públicos que no cumplan con su rol de defensa de los usuarios.
Una medida como la tarifaria tiene que ver tanto con la solidaridad social con los consumidores domiciliarios como con la reactivación productiva, ya que las empresas no tendrán que afrontar mayores costos.
Para atender la recuperación de las pymes, el gobierno de Macri dispuso blanqueos y moratorias a los fugadores financieros, pero a las pequeñas y medianas empresas productivas de nuestro país, a los comercios, los acosó quitándoles ventas, subiéndoles costos tarifarios y financieros. Esos pequeños capitales nacionales ahora tendrán la oportunidad de regularizar su situación con el fisco accediendo a facilidades de pagos y condonaciones.
Una parte del sustento del plan saldrá del impuesto a los bienes personales. Se trata de uno de los tributos más equitativos porque gravan la riqueza. El gobierno de Macri buscó reducirlos hasta extinguirlos, desfinanciando al Estado y atentando contra la solidaridad tributaria. Ahora sus alícuotas vuelven a los niveles previos, incrementándose aún más para los activos radicados en el exterior, como una manera de recuperar algo de lo que oportunamente no pagaron y fomentar la repatriación de esos capitales.
A los derechos de exportación - las llamadas retenciones- se les estipula topes porcentuales, muchos de ellos equivalentes a lo que venían tributando con el macrismo. Es parte del acuerdo social que el gobierno intenta llevar a cabo con los sectores con mayor capacidad contributiva. El Presidente ha sido claro: no puede ir a sacar de los que menos tienen. Los sectores exportadores reclaman equilibrio fiscal, pero que a ellos no les toquen los bolsillos. Sin embargo, pagar hay que pagar. El conjunto de la sociedad necesita de esos recursos.
Vuelve otro impuesto que generó cierto resquemor en el pasado: es el que se aplicará a la compra de moneda extranjera y a los pagos con tarjetas de crédito y débito que se hagan en el exterior, incluyendo los pasajes de avión para vuelos internacionales. La alícuota será del 30%. De lo recaudado, el 70% irá para financiar la seguridad social y el 30% restante a obras de infraestructura, vivienda y el turismo local. Pero aquí más que una función recaudatoria se trata de desalentar el gasto de dólares para fines como el atesoramiento o el turismo fuera del país. Es en definitiva una medida de administración de las divisas para afrontar pagos de la deuda externa que se deriven de la renegociación y a la necesidad de más largo plazo en función de una estrategia nacional de desarrollo.
Otra de las grandes injusticias recayó sobre los jubilados y los beneficiarios de la AUH por la aplicación de una fórmula de “actualización” que quedaba atrasada respecto a la inflación. El gobierno actual suspenderá esa modalidad por 180 días, hasta confeccionar una nueva fórmula. Mientras tanto fijará trimestralmente incrementos en la totalidad de los haberes, dando prioridad a los sectores de más bajos ingresos. El presidente ya ha señalado que los jubilados recibirán un aumento de 5000 pesos en diciembre y otros 5000 en enero. La emergencia en salud también viene a atender con mayor detalle las graves falencias en la salud pública.
Son los primeros grandes trazos de un gobierno que se propone cumplir lo prometido en la campaña. Hay tanto por hacer, pero el comienzo de la gestión está marcando el rumbo: sanear, distribuir y reactivar para una sociedad solidaria.
El discurso del flamante presidente Alberto Fernández tras la jura que dio inicio a su gobierno, marca un cambio de rumbo notable respecto a la gestión macrista. En lo que respecta a las definiciones económicas, la principal referencia es el cambio de orientación, dejando atrás la economía de la especulación financiera para dar aliento a la producción y el trabajo, “rumbo al desarrollo con justicia social”.
La renegociación de la deuda quedó supeditada al crecimiento. El Presidente se refirió en varios pasajes a este problema crucial, con el espíritu de la frase de Néstor Kirchner cuando enfrentó la renegociación al comenzar su gobierno. “Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer”, dijo Alberto Fernández. Este orden de prioridades quedó plasmado también en la postergación de la revisión del presupuesto nacional hasta no se salde la renegociación de la deuda externa del sector público.
Estos anuncios no solo dan cuenta de un cambio de rumbo, sino también de las formas de ejercer el poder. El presidente catalogó el proceso de endeudamiento con el FMI de poco serio, y ciertamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba viciado de insostenibilidad: 57.000 millones de dólares, sin exigir un uso productivo para poder repagarlo; y para ser devuelto en apenas dos años. En definitiva, algo imposible de cumplir que evidentemente tenía ese fin para abrir lugar a mayores condicionalidades. Bueno, el nuevo Presidente ya puso la condicionalidad: “el país tiene voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”.
Ahora bien, Alberto Fernández también definió prioridades: empezar por los que menos tienen, “los marginados y excluidos de la Patria, afectados por la cultura del descarte”. El nuevo gobierno arranca con una serie de medidas para asistir a los sectores más necesitados. Entre ellas sobresalen el Plan Integral Argentina Contra el Hambre; que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo; el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales y de la economía popular, la agricultura familiar y el cooperativismo.
Otra necesidad fundamental es la vivienda. El gobierno de Macri se jactaba de la política de los créditos UVA, que alcanzaron solo a un puñado de familias que podían acceder a esa solución de mercado, pero cuando la ecuación financiera se les dio vuelta han sido abandonados a su suerte. El Presidente también anunció la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat desde el cual se desplegará un ambicioso plan de regularización de la construcción de viviendas. En su discurso justificó estas medidas con la frase ”es inadmisible pensar que en pleno siglo XXI millones de argentinos no tengan un techo bajo el cual guarecerse”.
Además cabe destacar la convocatoria a los sectores de la sociedad para que participen de las transformaciones. Así, políticas como el conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia saldrán de un espacio formado por trabajadores, empresarios y “diversas expresiones sociales”.
Lo mismo para las medidas de más largo plazo, no serán prerrogativa exclusivas del Ejecutivo. Por eso Alberto Fernández anunció que enviará al Parlamento “las bases legislativas para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”.
Como parte de la reactivación de los motores de la economía, anunció un Plan de Reactivación de Obras Públicas. El gobierno de Macri tras asignar recursos de forma desproporcionada a la Ciudad de Buenos Aires, había llevado a una verdadera parálisis de la obra pública agitando la bandera de la lucha contra la corrupción, cuando en realidad se comprometía con el ajuste del gasto público con el FMI privando a los argentinos de rutas, salud, educación y acceso a servicios públicos.
En suma, a pesar del calor agobiante de la primera jornada, ya comenzó a sentirse el viento de la recuperación de la soberanía y la dignidad para el pueblo. Concluimos con una de las expresiones presidenciales más notables: ”sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad”.
Cerca de cumplir el primer mes de gobierno, pueden verse las principales definiciones de lo que se espera será la presidencia de Alberto Fernández. El mensaje fundamental de la campaña fue poner a la Argentina de pie empezando por los sectores más humildes. Claro que tras cuatro años de neoliberalismo aquel enunciado presidencial de “comenzar por los últimos para después llegar a todos” incluye a vastos sectores de la clase media: trabajadores con buenos ingresos, profesionales, pymes, etcétera.
A pocos días de haber asumido como presidente, Alberto Fernández mandó al Congreso un proyecto de ley para salir rápidamente al encuentro de la crisis social. Desde su primer artículo se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, lo cual implica delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional. El nombre es “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. El largo título condensa los principales compromisos abordados durante la campaña y en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.
El discurso del flamante presidente Alberto Fernández tras la jura que dio inicio a su gobierno, marca un cambio de rumbo notable respecto a la gestión macrista. En lo que respecta a las definiciones económicas, la principal referencia es el cambio de orientación, dejando atrás la economía de la especulación financiera para dar aliento a la producción y el trabajo, “rumbo al desarrollo con justicia social”.
