En términos de ingresos económicos, públicos o privados, resulta interesante inspirarse en el químico, biólogo y economista Antoine Lavoisier, quien en su ley de conservación de la materia afirmó que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Aquí los enriquecidos vienen practicando una falsificación de su principio, consistente en: “nada se pierde… todo se «nos» transfiere”. Tal lógica se observa con toda claridad en la transferencia de ingresos de millones de trabajadores asalariados hacia los núcleos concentrados, que ahora no trepidan en exhibirse en el rubro de supermillonarios. Claro que este no es un fenómeno químico, sino económico-político, y se acentúa cuando el Estado es administrado por liberales y neoliberales, o cuando las grandes corporaciones imponen su poder de facto a gobiernos populares. Durante la gestión de Mauricio Macri se produjo también esa misma situación entre jurisdicciones con más necesidades y pocos recursos, hacia distritos ricos y poderosos, como la CABA, a pesar de que en su propio interior existen también graves problemas sociales de pobreza y ausencia de recursos para educación, salud y cultura.
La semana pasada, ante el fin del período establecido por la Corte Suprema, se dieron por finalizadas las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los fondos coparticipables que Macri entregó discrecionalmente a Larreta con la excusa de cubrir los fondos por el traspaso de la policía a la órbita de la Ciudad. Tales negociaciones se tuvieron que realizar a partir de que el jefe de Gobierno porteño decidió judicializar un decreto del presidente Alberto Fernández que anulaba esta injusticia, ya que implicaba un despojo a las provincias desde la jurisdicción más rica del país. Además, tales fondos prácticamente triplicaban el costo real del traspaso de la policía. Así las cosas, los reclamos y advertencias de las provincias crecen en su intensidad política ante el inminente pronunciamiento de una Corte tan impugnada que se encuentra en un alto grado de ilegitimidad y que acentuó su carácter fraudulento con su última decisión, imponiendo una conformación del Consejo de la Magistratura, derogando una ley del Congreso Nacional de hace 16 años. Estos impertérritos supremos, sin representación federal ni de género se terminaron de desprestigiar. Por lo tanto, la sociedad, no puede confiar en que su fallo se sustentará en una conducta política ética y legal a favor del conjunto de la nación, y no del lobby de Rodríguez Larreta y los grandes medios de comunicación.
Podría sorprender que un político con afanes presidenciales como Larreta tense las relaciones con las provincias si pensamos en términos de estrategia electoral. Pero no sorprende si asumimos en plenitud que se trata de un líder de derechas, cuyas ideas y gestión siempre están guiadas por un sentido de poder político y cultural, amalgamados con las grandes corporaciones a las que le promete subordinación, reformas estructurales y ortodoxas y política de shock. Este rasgo ideológico se explica tanto en términos locales como hacia las provincias con las que formamos nuestra Nación. Ya señalamos oportunamente que las porteñas y porteños debemos enfrentar un chantaje ideológico y moral, sustentado en una supuesta “conveniencia” para nuestra ciudad y cada uno de nosotros/as. La ciudadanía porteña no puede someterse a esta extorsión que además se propone sea legitimada por una Corte ilegítima. La Ciudad de Buenos Aires formar parte de un colectivo más trascendente que es la Nación argentina. Por lo tanto, se impone un pensar, sentir y actuar sustentado por principios éticos, solidarios y de justicia. Se trata de que no nos arrastren a un falso localismo geográfico, escindido del destino común fundado desde nuestro origen y amalgamado por nuestra historia e identidad nacional. Lo justo, por lo tanto, lo que debemos perseguir, es propender a que todos mejoren su calidad de vida y que los recursos se distribuyan con el máximo sentido de justicia federal, o sea, llevar a la práctica la idea de la solidaridad social como principio rector de la vida de un pueblo.
A la estrategia judicial y mediática de victimización de Larreta, hay que sumarle la extorsión a nuestra propia gente, al haber generado un impuesto a los sellos y a las tarjetas de crédito para compensar, por las dudas, la supuesta pérdida de fondos tomando de rehén a la propia ciudadanía porteña. En suma, debemos, impedir que siga instalándose una subjetividad insolidaria. La ciudad cuenta con recursos, no corresponde ni hace falta sustraerle ingresos al resto de las provincias para mejorar nuestra calidad de vida que está muy por encima de la realidad de las otras regiones del país. No podemos soslayar que la Ciudad de Buenos Aires constituye una jurisdicción que, comparativamente con otras provincias, tiene un nivel de recursos propios sobre el total muy alto (66%). Es decir, que depende más de su actividad económica que el promedio del resto de las jurisdicciones. Esta ventaja que se construyó desde nuestros orígenes históricos ha generado que la actividad económica porteña sea el 18% del PBI nacional, de allí se desprende el voluminoso presupuesto de un billón de pesos, más lo que recibe en términos de coparticipación según la Constitución y las normativas vigentes.
Todo indica que los porteños/as debemos rechazar un previsible fallo de la Corte Suprema que avale esta inmoralidad. Paradójicamente, la semana pasada la policía porteña cruzada por esta tensión política reprimió a maestros y maestras frente a la Legislatura, cuando se movilizaron para rechazar la modificación del estatuto docente que se hizo y se aprobó a sus espaldas y de los sindicatos. Chantaje moral, ajuste económico, falta de solidaridad y represión son parte de la ideología que Larreta pretende extender a todo el país en 2023. Eso sí, todo con una gran sonrisa, ya que su convicción es que nada se transforme, sino que todo siga inmutable según los deseos de los grandes empresarios de las nieves del Llao Llao.
El problema social de mayor impacto en la vida del pueblo es el incremento desmesurado de los precios que devoran los ingresos del núcleo social más vulnerable, incluyendo a trabajadores de bajos salarios, cuentapropistas de los más diversos empleos, beneficiarios de las ayudas del Estado, etc. No se debiera excluir de este masivo sector, a distintas capas de las clases medias que en los últimos años también sufrieron recortes de sus haberes y están sumidas en la incertidumbre sobre su presente y futuro.
Este fenómeno deteriora la vida de millones de ciudadanas/os, por lo tanto, resulta imprescindible señalar a los principales responsables de estas conductas tan abusivas como reiteradas: se trata de las corporaciones empresarias formadoras de precios. Sin embargo, los grandes medios y la derecha política actúan sobre la opinión pública con el fin de evitar la visualización de los verdaderos responsables. Tuercen y manipulan la información con el propósito de colocar al Gobierno nacional como el causante de las penurias cotidianas de millones de argentinos/as.
Quizás convenga reiterar quiénes son específicamente los fabricantes de los aumentos de precios; con la imprescindible aclaración que no pueden ser otros que los que tienen el poder para hacerlo y, a su vez, resultan beneficiarios de ese accionar. No se trata sólo de actos antisociales e inhumanos, sino que expresan grupos e intereses económicos a los cuales sólo les importa potenciar sus ganancias.
Veamos: en aceites 3 empresas concentran el 90,5% de la producción: Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza. En azúcar, otra triada maneja el 85% de la producción, destacándose el Grupo Ledesma, en azúcar y papel. Seguimos: en fideos, solo una corporación es responsable del 78% de la fabricación. Se trata nuevamente de Molinos, que ofrece una gran diversidad de marcas. Dos empresas acaparan el 81% de la producción harinera.
En cuanto a gaseosas, otro caso extremo, sólo dos empresas reúnen el 98%: Coca-Cola y PepsiCo. En leche una corporación, Mastellone, concentra el 70% y en productos lácteos en general, Mastellone, Danone y Sancor explican el 75%. En refrigerados y congelados, dos compañías manejan el 69% del mercado: Swift y la infaltable Molinos.
Obviamente se podría seguir con este listado del podio de triunfadores. La historia demuestra que siempre ganan, con recesión, con pandemia y con reactivación. Para seguir con los verdaderos culpables, habría que mencionar a quiénes los representan políticamente: Foro de Convergencia Empresaria, AEA, Cámara Argentina de Comercio, Unión Industrial Argentina, COPAL (Coordinadora de Unidad Productiva Alimenticia). Todos ellos se pronunciaron contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, que fuera sancionado por el Parlamento Nacional. Ahora “explican” que el problema es “la presión impositiva”. Nada nuevo, ellos no paran de remarcar y piden como premio baja de impuestos.
Todas esas empresas y entidades siempre convergen cuando son convocadas con el fin de “consensuar acuerdos”. Pero lo cierto es que ellos son los verdaderos remarcadores, ellos son los que violan los acuerdos y se niegan a otorgar algún aumento de emergencia para morigerar el sufrimiento de los trabajadores. Eso sí, en la pandemia recibieron del Estado decenas de miles de millones de pesos para pagar los salarios y “de eso no se habla”. Además, resulta legítimo preguntarse si ese conglomerado de corporaciones y sus voceros políticos no son parte de los que tienen sus fortunas en guaridas fiscales, ya sea declaradas, o de las otras, que ahora el Congreso tiene bajo la lupa para recuperar parte de la fuga. Si algo faltaba para blanquear el verdadero plan económico y político de Larreta y su asociación indisoluble con los grandes empresarios están sus dichos en el Hotel Llao Llao. Luego de reconocer “las experiencias exitosas” del Plan Austral y la convertibilidad de Cavallo planteó que “Argentina necesita un shock de estabilización”. Siguió con su tonada ultraortodoxa y les planteó a los grandes popes del empresariado “bajar el gasto del Estado y un plan de reformas estructurales” (laboral, previsional y tributaria). Si se quiere encontrar un verdadero plan de ajuste aquí fue expuesto, sin ningún complejo ni adorno. He aquí al Horacio auténtico. Mientras admiraban el paisaje nevado, algunos celebran que el Grupo Techint y la familia Roca continúan en el primer lugar del pedestal de supermillonarios.
Acerca de nuestra Ciudad, para algunos existe una sensación de pasividad en materia política y en la dinámica social; una suerte de “no pasa nada”, lo cual deriva en la idea de que Larreta tiene todo controlado por su poder para influir en los grandes medios, modelando así a la opinión pública. Sin embargo, están ocurriendo situaciones muy valiosas. El acontecimiento más importante de los últimos días, el fallo del Tribunal de Justicia de la Ciudad que convalidó las más de 50 mil firmas en apoyo de la Iniciativa Popular (IP) para anular la privatización de los terrenos de Costa Salguero. Fue un trascendental triunfo político de la fuerza del FdT y sus legisladores, de las organizaciones ambientalistas, culturales, barriales, universitarias, juveniles, etc.
El otro hecho importante fue el nuevo paro del personal de la salud, médicos/as y enfermeras/os. Reclaman aumentos salariales, mejoras en las condiciones de trabajo y denuncian nuevos despidos en enfermeras contratadas en hospitales públicos durante la pandemia. Y continúa el rechazo de diversos colectivos barriales contra la construcción de torres.
En su afán oposicionista, Larreta ya adelantó su rechazo al gravamen a las “rentas inesperadas” con el falsete de que es un impuesto a los que trabajan y producen cuando en realidad, se trata de que las fabulosas ganancias por los altos precios y por la guerra aporten algo frente a la emergencia social.
Para una parte importante de la ciudadanía porteña, en estos días ocurrió un hecho político muy significativo en relación a las expectativas de mejorar su calidad de vida. Se trata del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que convalidó las más de 50 mil firmas que apoyan la Iniciativa Popular (I P) para anular la privatización de los terrenos de Costa Salguero. La resolución es un revés para una de las grandes iniciativas de Horacio Rodríguez Larreta, enfilada al armado de un gran negocio constructivo que implicaría una insalvable mutilación ecológica para la Ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
La propuesta popular no sólo impide la utilización de nuestra costanera para un proyecto faraónico y antiecológico; sino que propone una alternativa de gran progreso para el pueblo porteño: destinar las tierras de nuestra rivera a la creación de un gran parque público de acceso gratuito.
En estos días, el jefe de Gobierno porteño se lanzó a una fenomenal campaña publicitaria bajo el eslogan “la transformación no para”, al mismo tiempo que se ocupaba de atacar a los pobres que reclaman y peticionan por las necesidades más elementales para sus familias. Este ya antiguo reflejo de las aristocracias argentinas, ahora “actualizadas” por nuevos afluentes de súper millonarios de las finanzas, las nuevas tecnologías y los fabricantes de alimentos, retomaron el viejo prejuicio de culpabilizar a los humildes de las perturbaciones que “sufren los porteños” y reclamando con inusitada vehemencia que se les retiren los apoyos estatales a los trabajadores que piden algo más de ingresos para que sus hijos e hijas puedan alimentarse. Especulan con una narrativa racista, dirigida a ciertos sectores sociales de nuestra ciudad y del país, instalando la idea de que los pobres deben ser descartados y, consecuentemente, reprimidos cuando reclaman porque “trastornan el tránsito”. Pero en realidad hay otro costado ominoso. Su presencia desnuda y exhibe las consecuencias sociales e inhumanas del modelo económico y del proyecto político de las derechas. Así, en plural, ya que ahora el poder real, luego de fabricar al macrismo y vaciar al radicalismo, está en trance de crear una ultraderecha fanática que se nutre de otra de sus creaciones: la anti política, el individualismo extremo y la negación de todo proyecto colectivo de carácter solidario y democrático.
Justamente, el mecanismo de la Iniciativa Popular instala una nueva perspectiva de participación ciudadana, que fortalece y enriquece el derecho expresado en el sufragio. Esta notable experiencia política demuestra que siempre es posible encontrar respuestas que se nutran de la propia sociedad, dando soluciones a sus necesidades colectivas.
Lo cierto es que hace poco más de un año se unieron un conjunto de organizaciones políticas que están integradas en el Frente de Todos, con núcleos ambientalistas, culturales, barriales, universitarios, juveniles y legisladores/as de la CABA para impedir este despropósito del gobierno porteño de clausurar nuestra rivera con moles de cemento y una diversidad de negocios conexos. La iniciativa superó el plan de las 40.000 firmas, el 1, 5% del padrón, y ahora deberá ser tratada obligatoriamente por la Legislatura.
Pero en la Ciudad de Buenos Aires no solo “pasan cosas”, sino que pasan “otras” cosas auténticas que expresan los reclamos de nuestra ciudadanía; como el masivo paro de médicos y enfermeras exigiendo aumento de salarios y rechazando el despido de estas últimas, contratadas en los hospitales públicos durante la pandemia, reconociendo su notable esfuerzo y conducta solidaria.
Además, continúa el rechazo en las barriadas, tanto de las más populares, como las de sectores de la clase media, a las edificaciones que van destruyendo la historia, la identidad y el propio tejido social de nuestra Ciudad. Las últimas movilizaciones fueron las del Bajo Belgrano, Núñez y Caballito reclamando la cancelación del “Proyecto de Parque Lineal”. En esta cuestión crucial para el futuro porteño, la ciudadanía fue tomando conciencia de que la multiplicación de torres generaría pérdidas de espacios verdes, un grave daño ambiental y la expulsión de las casas bajas de los ocupantes originales de los barrios. Entre el dilema del reclamo ciudadano y el de los desarrolladores de negocios inmobiliarios que vienen arrasando el espacio público a puro cemento, ruido y pérdida de luz y vegetación, Larreta eligió apoyar a los empresarios.
Lo cierto es que actualmente el rechazo a esta política ha crecido y se han ido creando núcleos de resistencia que fueron logrando frenar esta carrera por erigir edificios lo más altos posible, con el único fin de incrementar la superficie del negocio inmobiliario.
Por otra parte, la comunidad docente retoma un estado asambleario ante el intento pertinaz de Larreta y su patética ministra de reformar el Estatuto Docente, terminar con los profesorados con la particularidad que se proponen hacerlo excluyendo a los verdaderos hacedores de la educación: las maestras, maestros y profesores, unidos a las familias del alumnado de primaria y secundaria. Nuevamente Larreta, como lo hacía su preferida, M. E. Vidal, intenta actuar aplicando otro viejo prejuicio reaccionario: el anti sindicalismo. Estos neoliberales que se presentan como “modernos”, en realidad tienen una visión ideológica de educación pre sarmientina y privatista, negadora del rol del Estado en la educación y subestimando a la docencia, que ha sido consecuente con su vocación de defensa a la escuela pública un aporte insustituible para conformar un país democrático e igualitario.
Ciertamente, hay que transformar a nuestra ciudad, pero de verdad, convocando a la ciudadanía a participar de la gestión en las comunas, agregando su impronta, su opinión, vida, creatividad y potente energía. Esto sería transformar con una concepción auténticamente democrática. El marketing no transforma nada solo se trata de un poco más de gatopardismo.
Quienes nos definimos como ciudadanos y ciudadanas imbuidos de un sentido humanista, solidario y progresista, tenemos la convicción de que las sociedades deben sustentarse bajo la inspiración de un principio social de justicia distributiva y derechos culturales y humanos para todo el pueblo, sin exclusiones de ningún tipo. Desde esta convicción, sentimos una fuerte indignación frente a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno porteño. El efímero “palomo”, atributo éste inventado en el afán por crear un sector “abuenado” en el espectro neo conservador, decidió utilizar su desmesurado dispositivo mediático para culpar de todos los males de la tierra a los millones de pobres que protestan y reclaman condiciones de vida básicas para sus familias. El alcalde porteño reclama represión a quienes considera “descartables” porque perturban el tránsito, pero además dice estar preocupado porque “los chicos estén en la escuela”; cuando, tanto él como su jefe Mauricio Macri desprecian, abandonan y expulsan a la ciudadanía porteña más humilde de la zona sur y otros ámbitos de nuestra ciudad. Ni que hablar de sus agresiones y las de su socia, ahora declinante, María E. Vidal, a la docencia, particularmente a sindicatos de maestros y profesores. Si tanto quisiera que los niños y niñas estén en la escuela no debería dejar a decenas de miles afuera todos los años por falta de vacantes y de escuelas.
En esta oportunidad, Rodríguez Larreta se exhibió tal cual es, expresando su verdadera ideología: exigió vehementemente que se quiten los planes a aquellos trabajadores que piden un poco más de ingresos para que sus hijos puedan alimentarse. Aunque cuesta asumirlo, de eso se trata: hay millones de niñas y niños que no acceden al alimento diario. Para evitar que se los denomine “hambrientos” en los últimos años se inventó la expresión “indigentes”, obviamente mucho más lavada.
Sólo faltaba para completar la diatriba clasista, la propuesta del ministro larretista D´Alessandro quien propuso “identificarlos con las cámaras de video”. Eso sí, el hombre intentó cubrirse aclarando que tal instrumento se aplicaría sólo en caso de desmanes. En estos días se conoció otro elemento sorprendente de la promocionada exitosa gestión porteña: la CABA es la jurisdicción que generó menos empleo, y no existen iniciativas concretas que coadyuven a enfrentar este grave problema social que afecta a decenas de miles de trabajadores/as, especialmente a la juventud de nuestra ciudad. Lo que se evidencia es la construcción de una narrativa de la derecha que expresan Macri, Bullrich y Larreta, quienes se lanzaron a una carrera insensata y desprovista del más elemental sentido democrático, compitiendo para ver quién impacta más en ciertos núcleos de la sociedad proclives a ser penetrados por el viejo odio de clase: a los negros, a los peronistas, a los zurdos, junto al prejuicio de que todos ellos son asimilables a “chorros”. Pero además ese discurso racista persigue otro fin, también arcaico: desplazar de la mirada social al verdadero culpable de los padecimientos del pueblo: los sectores económicos cada vez más ricos, súper millonarios, incluyendo a los empresarios que en plena crisis no paran de remarcar los precios de los alimentos. De allí que parece una misión imposible pensar que acordando con Funes de Rioja pueden mejorar las cosas para la gran mayoría del pueblo.
Para ser coherente, Rodríguez Larreta también se manifestó enfáticamente rechazando la medida de la AFIP sobre el tributo a los bienes personales, que es considerado el impuesto típicamente progresivo, ya que grava directamente a los grupos más pudientes. El jefe de Gobierno se molesta cuando un impuesto se dispone a gravar a quienes se encuentran en la pirámide de la riqueza, y cuando no lo recauda la Ciudad, sino la Nación, y consecuentemente se distribuye entre las provincias, todas con menos presupuesto y capacidad recaudatoria que la CABA.
Pero, además, Larreta pretende que tal impuesto, que tendrá un piso muy alto de 960 mil dólares para los inmuebles, sea de 3,8 millones de dólares. O sea que, en términos cuantitativos, casi nadie tribute.
La argumentación de Larreta oculta que la medida de la AFIP ya se hizo a nivel nacional en el año 2013 tomando el método de evaluación que el propio macrismo aplicaba desde el 2012 a todas las propiedades de la ciudad, que posteriormente en el 2018 el Macri presidente decidió dejar de aplicarlo. Se intenta confundir a la ciudadanía con un falsete diciendo que la medida afectará a todos los propietarios y que los inmuebles de la Ciudad verán incrementada su valuación en un 505%. En realidad, se igualarán a los inmuebles porteños con los del resto del país y se utilizará la misma valuación que la ciudad, gravando sobre el valor fiscal, o sea, lejos del valor real de compra y venta en el mercado.
En suma, la derecha continúa levantando el sacrosanto principio trumpiano de no votar nuevos impuestos a los ricos y millonarios. Se trataría de la aplicación de un ignoto versículo bíblico para los potentados del capitalismo: “los ricos no pagarán impuestos por los siglos de los siglos”.
Lo cierto es que el pueblo de nuestra ciudad continúa sometido a una prédica que descalifica cualquier acción del Estado que se proponga intervenir a favor de los sectores más humildes, e inclusive de cientos de miles de ciudadanos que forman parte o se sienten integrados a la clase media. El apotegma anti impuesto forma parte de esa estrategia para diezmar al Estado e imposibilitarlo de actuar en la otra cuestión vital del momento: la necesidad de que accione regulando, controlando y, eventualmente, sancionando a los monopolios formadores de precios. La experiencia histórica y la actual ha demostrado que estas corporaciones ultra concentradas, particularmente las de la alimentación, no alteran su conducta abusiva y antisocial porque se las convoque a hacerlo, mucho menos por razones morales o humanitarias. Solo un Estado activo puede defender a los consumidores que son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Luego de transcurrido un mes de marzo en que las calles y plazas se llenaron de pueblo conmemorando el Día Internacional de la Mujer y homenajeado a nuestros 30 mil desaparecidos, comenzamos abril con el reconocimiento popular a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, reafirmando la irrenunciable demanda de soberanía sobre las islas, como una causa nacional y regional, las que siguen bajo un anacrónico dominio colonial.
Recientemente el Parlamento aprobó el entendimiento con el FMI por el insensato endeudamiento que contrajeron el macrismo y JxC. El propio Mauricio Macri confesó que se instrumentó para garantizar la fuga de capitales de grandes fondos de inversión extranjeros y sectores económicos locales quienes tuvieron formidables ganancias en nuestro país, y las fugaron a guaridas fiscales sin pagar impuestos. En realidad, son delincuentes de guantes negros, adoradores de billetes verdes, asesorados por “estudios especializados” en evasiones y lavados sofisticados, localizados en Delaware, Miami, Suiza e islotes diversos. Eso sí, nuestros fugadores marcan récords planetarios entre sus conmilitones de otras latitudes.
Este cuadro de situación nos impulsa a ratificar el desafío principal y excluyente de este momento: dar respuestas rápidas y contundentes a las urgencias sociales de una gran parte de nuestro pueblo. Aquello de que la primera deuda que hay que afrontar es la deuda con nuestra propia ciudadanía. Ese complejo propósito debe guiar los debates del FdT en los próximos tiempos.
Pero, por otra parte, enfrentamos otra encrucijada crucial por sus implicancias económicas y políticas sobre la disputa de la Nación y las provincias por los 3,5 puntos de coparticipación que, por decreto, el expresidente Macri le traspasó ilegítimamente a su cofrade Rodríguez Larreta antes de irse del gobierno, y que el presidente Alberto Fernández decidió devolver a la Nación en una decisión justa y solidaria. Se trata de tres puntos y medio que equivalen a 186 mil millones de pesos que se otorgaron sobre la base de un subterfugio: recuperar el valor del traslado de la policía a la ciudad, cuyos costos verdaderos equivalen a 29.300 millones de pesos. La ciudad más rica del país, con el PBI per cápita más alto, con el presupuesto más abultado, recibió, en detrimento de las provincias, fondos nacionales que le representaron un excedente 82.800 millones de pesos. Un hecho a las claras arbitrario e insolidario, dada las serias diferencias económicas y sociales existentes entre las jurisdicciones y regiones de nuestro país. A Larreta nada le importó y recurrió muy confiado a la Corte Suprema de Justicia. Su único argumento de “la autonomía” resulta insostenible ya que ese concepto no puede atentar contra el interés general, eso sí, contra sus juramentos, inmediatamente inventó un impuesto a los consumos con tarjeta de crédito para “compensar” la supuesta quita, colocando a los porteños y porteñas como rehenes de su disputa artificiosa.
Ante la discrepancia será la Corte la que decida. Si se inclinara por favorecer al contubernio de Macri y Larreta se estarían negando los principios constitucionales de equidad, solidaridad e igualdad en el territorio nacional. Se establecería así un gravísimo precedente contrario al federalismo. Se estaría constituyendo una insalvable vulneración de la división de poderes que conllevaría a la imposibilidad de cumplimiento legal, político y económico. O sea, a un grave conflicto de poderes. Quienes nacimos y vivimos en la Ciudad de Buenos Aires somos parte de un colectivo y una identidad más trascendente: la Nación argentina. En tal sentido debemos pensar y actuar sustentando principios de justicia, ética y de solidaridad. No se trata de una pertenencia geográfica a una gran urbe, y menos de una visión mezquina frente a nuestros hermanos y hermanas. Portamos una identidad cultural e histórica nacional, y por lo tanto no debemos desentendernos de las dificultades de los millones de compatriotas que habitan el suelo argentino en otras latitudes y que no tienen los beneficios, los recursos y la infraestructura de nuestra ciudad. Lo justo es propender a la misma calidad de vida más allá del punto cardinal que habitemos de nuestra patria, y que los recursos económicos se distribuyan con el máximo sentido de justica federal. Es decir, llevar a la práctica la gran idea de la solidaridad del pueblo y sus diversas instancias de gobierno.
El otro debate trascendente del momento es el proyecto que presentó el bloque de Senadores del FdT que propone rescatar una parte de la enorme riqueza fugada para pagar la deuda con el FMI gravando a aquellas personas que evadieron impuestos y la sacaron del país. Este delito atenta directamente contra los índices de pobreza, los sistemas públicos de salud y educación y el desarrollo de sectores Pymes productivos que precisan del acompañamiento estatal. La derecha de JxC se presenta como la versión vernácula del Tea Party trumpiano que vive haciendo juramentos anti-creación de impuestos a las grandes ganancias y patrimonios. O sea, se colocan impúdicamente a favor de los evasores. La reacción de los “republicanos” autóctonos es similar a la que ya tuvieron contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, que solo pagaron 10 mil personas súpermillonarias, y que sirvió para atender necesidades cruciales de carácter social, educativa, de vivienda, entre ellas las vitales para la emergencia sanitaria.
Si volvemos la mirada a los temas cotidianos de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad docente y las familias continúan luchando para que el Palacio Ceci de la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo no pase a ser infraestructura para el negocio vitivinícola que promueve Larreta. Mientras que, en el barrio de Villa Crespo, los cooperativistas del Mercado de Bonpland, y vecinos y vecinas junto a distintas organizaciones políticas luchan por frenar el intento de cierre que pretende el gobierno porteño con claras perspectivas de lograrlo.
Otra vez un expresidente de derecha, que ahora no se molesta en mostrarse como socio de la ultraderecha, manifiesta su voluntad atávica por privatizar empresas públicas. Una vez más, una funcionaria de un partido neoconservador que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exterioriza un agravio, esta vez dirigido a los empleados públicos. Nuevamente se intenta convertir a la escuela pública en un espacio de negocios, con empresarios que reemplazan a los docentes siguiendo el “sistema educativo dual” de Alemania. Los alumnos de las secundarias estatales se constituirían como “aprendices” gratuitos para ser empleados a futuro. Se trata de un vulgar y patético engaño privatizador, bien sazonado con palabras modernas de Estados capitalistas “modernísimos”. Completaría el menjunje anti-estado vender lo poco que queda de tierra pública en un distrito tan rico como desigual. El ataque a todo lo que sea público, si bien es una antigua moda impuesta universalmente en los tiempos de Margaret Thatcher, hoy se exacerba sustentado en la propaganda pertinaz de los editorialistas de los medios del gran empresariado que cumplen con el mandato de propagandizar esa línea anti-estado. El choque entre el discurso y los resultados de ese proyecto para la vida de los pueblos no altera su determinación por sostenerlo, ya que surge de las entrañas de sus intereses económicos y de su afán de dominio político. Todo indica que el ideario del Consenso de Washington, antes con democracias restringidas o dictaduras, intenta ahora retornar incorporando atributos de autoritarismo y odio.
La fuerza especial de los medios concentrados se afana en potenciar y embellecer a políticos como Macri, Larreta, Acuña, Bullrich o Milei y Espert que se inspiran y copian a los republicanos del tea party o a sus admirados ultraderechistas españoles de Vox y el Partido Popular. Lo principal es que, tras sus juramentos, ahora universalizados, estos fundamentalistas alimentan la estrategia anti-estado y la cruzada anti-impuestos, como renovada táctica para ocultar las super ganancias de los oligopolios, rechazando cualquier política tributaria progresiva que vehiculice una salida de la crisis social generada por ellos mismos. No se trata de una escaramuza, o alguna provocación formulada en formato agresivo y descalificante. En realidad, responde a un deliberado sentido ideológico que se propone actuar sobre la subjetividad de la ciudadanía con el propósito de que ésta asuma acríticamente su discurso, contrario a sus propias necesidades, demandas y aspiraciones culturales.
¿Cómo entender que una Ministra de Educación, más parecida a una Ministra de la Ignorancia, pueda vociferar presuntuosamente que el Estado es el único lugar donde la gente puede trabajar sin haber estudiado, contradiciendo los datos oficiales que indican que es en el sector público donde hay mayores porcentajes de empleados con título universitario?¿Cómo puede comprenderse que el expresidente Macri (que endeudó al país en 150 mil millones de dólares, entre prestamistas y el FMI, fabricó millones de pobres, redujo el Ministerio de Salud al rango de Secretaría y desfinanció programas como el Conectar Igualdad) hoy le advierta impertérrito a la ciudadanía que si vuelve a ser mandatario lo primero que haría es privatizar Aerolíneas Argentinas porque un avión es un taxi que vuela?
¿Cómo se explica que el gobierno neoconservador que administra la CABA desde hace 14 años utiliza a la educación como instrumento de marketing político, cuando ha hecho un cruel recorte de casi 10 puntos del presupuesto en lo que va de su gestión? ¿Cómo entender que, tras un discurso de modernización, el gobierno porteño pretenda cerrar los profesorados fundados hace más de un siglo y concentrarlos en una sola universidad, o que se propongan modificar el estatuto docente sin consultar con los gremios?
También resulta incongruente que intenten vender la ribera porteña al capital inmobiliario destruyendo el medio ambiente con títulos pomposos como “Distrito Joven”.
Como consecuencia de este desprecio discursivo por lo público, en la ciudad ya más de 500 hectáreas fueron cedidas, concesionadas o vendidas al capital privado, 57 mil pibes se quedaron, solo este año, sin vacantes entre los niveles inicial, primario y secundario, por la ausencia de inversión para fundar escuelas. Las acciones anti-estado también se manifiestan en las políticas de salud que sufren recortes presupuestarios permanentes. En estos días se realizó un paro de médicos y enfermeros reclamando por su sueldo y su reconocimiento como profesionales, con el agravante de que aún en situación de pandemia hayan despedido a 150 de ellos y ellas. Al mismo tiempo, hablamos de una ciudad de 3 millones 50 mil habitantes que en junio del año pasado exhibía el lastimoso dato de 817.000 personas en situación de pobreza, de los cuales 290.000 son indigentes. Además de otros núcleos de clase media, que ahora se tipifican como “vulnerables”, en plena caída de sus niveles de vida y expectativas de crecimiento.
La ideología de Macri, Larreta, y su Soledad Acuña, al igual que Bullrich y Milei, hunde sus raíces en los discursos martinezdehozistas y menemistas, primeros cultores del discurso y las acciones de desprestigio a lo estatal y a cualquier política impositiva que grave a los millonarios de todas las épocas. Siguiendo aquellos derroteros hoy lo recrean con expresiones como: “Caer en la escuela pública” “¿Para qué hacer universidades si los pobres no llegan?”, “Los docentes son fracasados y tienen un bajo nivel socio económico”, “Es tarde ir a buscar a los chicos que dejaron la escuela porque deben estar tirados en un pasillo de una villa o en el narcotráfico”. Estos “pronunciamientos” se difunden y potencian desde los medios de comunicación hegemónicos, con el propósito de debilitar el concepto de lo público para desarmar toda posibilidad de amalgamar un consenso ideológico y simbólico que se proponga democratizar la riqueza para desplegar indispensables acciones sociales y culturales a favor de las mayorías.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzado a su campaña electoral, partió de gira con el fin de visitar a empresarios, financistas y alcaldes de otras ciudades del mundo. Con ese mismo propósito publicitario planea organizar en octubre la “Cumbre Mundial de Alcaldes C40”. Su inspirador y jefe político, el expresidente Mauricio Macri, continúa ejerciendo su principal vocación: vacacionar por el ancho mundo. En esta oportunidad no lo hará ejerciendo el extraño “trabajo” en la Fundación FIFA, sino “representando” a la Argentina en un torneo de Bridge en Italia, que su versión actual se debe al multimillonario norteamericano Harold Vanderbilt.
En estos días, el dueto de viajeros líderes del moderno conservadurismo vernáculo se dedicó a practicar otro de sus deportes preferidos, desplegar una conducta política decididamente rupturista, impulsando el rechazo parlamentario del presupuesto nacional, e intentando que JxC impugne y desapruebe el acuerdo del país con el FMI, a pesar de ser los verdaderos creadores del drama de la deuda.
Mientras preparaba las valijas, Rodríguez Larreta no se privó de rechazar toda medida del Estado nacional cuyo objeto sea impedir los abusos del empresariado especulador. Se opuso al establecimiento de controles de precios a los monopolios alimenticios, como así también a la restitución de suba de retenciones a las exportaciones de harinas y aceite de soja para frenar los aumentos del pan, los fideos y otros productos.
El dúo se hizo trío al sumarse Patricia Bullrich quien cuestionó el acompañamiento al entendimiento con el FMI en el Senado por parte de JxC, si el Gobierno avanzaba con algunas medidas de controlador estatal a los abusos con los precios. En realidad, los liberales de por aquí se suman a la estrategia ideológica de la derecha internacional, oponiéndose doctrinariamente a la creación de cualquier impuesto. Este accionar político no responde a ninguna cuestión principista, de hecho, su verdadero propósito es proteger a los millonarios obturando toda medida tendiente a obtener recursos tributarios de los núcleos ultraconcentrados y con súperganancias, inclusive en la pandemia. Sus inspiradores no son ni Abraham Lincoln ni Franklin D. Roosevelt, sino el núcleo fundamentalista del tea party republicano, ahora liderado por Donal Trump. Una vez más la derecha actúa en defensa de la renta diferencial que recibirán, sin ofrecer nada a cambio, los sectores exportadores, especialmente de granos y carnes, por el incremento desmedido y abrupto de la demanda y los precios internacionales. Como parte de esa estrategia de negocios, Clarín reiteró su edición fotogénica de ruralistas envueltos en la bandera que amenazan con cortar las rutas. Estos señores enfurecidos vienen de una antigua tradición oligárquica. En 1886, ya viejo, D. F Sarmiento los acusaba en El Censor: “Quieren que nosotros que no tenemos ni una vaca contribuyamos a duplicarles o triplicares su fortuna… todos millonarios que pasan su vida mirando como paren las vacas” (“carne fresca, ganaderos calientes”). Para completar la movida, el establishment local salió a pronunciarse: su vocero Funes de Rioja declaró que “hay que buscar acuerdos básicos” pero no trepidó en advertir que no se debe aplicar la ley de abastecimiento, ya que generaría “resistencias legales”. Para este abogado que oficia de lobista, cuando no conviene a los intereses de los hombres de negocios la ley resulta ser ilegal.
Volviendo al doctrinario antiimpuestos Larreta, veremos que, en su terruño, que viene a ser nuestra Ciudad de Buenos AIres, hace todo lo contrario a sus dichos y teorizaciones. Aumentó la VTV en un 51por ciento para autos y motos, indexó por inflación el ABL y las patentes (como si algún jubilado o trabajador tuviera su ingreso indexado), subió un 50 por ciento el costo del estacionamiento medido (que ahora es digital y se pagará en casi todas las calles de la Ciudad dado que pasarán de 4 mil lugares a 80 mil), elevó un 45 por ciento los peajes, e inventó un impuesto del 1,2 por ciento a los consumidores de tarjeta de crédito, en medio del aislamiento. En sus aumentos, a los que denomina “actualizaciones” no olvidó incluir el acarreo “45 por ciento” y las eco bicis “40 por ciento”. Este notable afán recaudatorio no se destinó a las áreas sociales y salariales en las que el gobierno porteño hace agua todos los años: las carteras educativas, sanitaria, de género, la social y de la economía social, que siguen sufriendo continuas reducciones y subejecuciones presupuestarias.
En la Ciudad, el gobierno moderno sostiene sus políticas clasistas con una pertinacia digna de algún propósito más loable. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la CABA, la zona norte más que duplica en ingresos a la zona sur. A la inversa, el desempleo en el norte es la mitad. En los barrios sureños la mortalidad infantil es el doble que en las comunas norteñas, donde el acceso a la salud, tanto del sistema privado como público, también es considerablemente desparejo. En definitiva, se van consolidando las desigualdades geográficas, que se imbrican con las de acceso a la educación, a la vivienda, a prestaciones de salud y ni que hablar a culturales y recreativas. Un modelo de ciudad que fragmenta y discrimina que retrocede en términos medioambientales, a pesar de tener un presupuesto privilegiado de casi un billón de pesos. Las diferencias se acentúan dependiendo de qué lado de la Av. Rivadavia residan los y las ciudadanas de esta Ciudad rica, pero con 850 mil pobres (24 por ciento) y sectores medios en franco retroceso que ahora los denominan “vulnerables”.
En octubre, el alcalde porteño recorrerá con sus colegas del extranjero Puerto Madero, Recoleta, Palermo chico, la Avenida Libertador y Belgrano R. Sin embargo, otra parte mayoritaria de nuestra ciudadanía proveniente de las clases medias y de los núcleos más humildes tenemos que pensar y construir una ciudad más equitativa para una nueva convivencia solidaria.
Los últimos acontecimientos de la política nacional superaron todas las expectativas locales y las temáticas específicas recientes de cualquier otra índole. Resulta lógico e inevitable que así haya ocurrido, ya que la cuestión del endeudamiento con el FMI contraído por Mauricio Macri y el gobierno de Juntos por el Cambio es determinante para el presente y lo será para el futuro de la nación y la vida de la ciudadanía.
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el programa de refinanciación de la deuda que comenzará a pagarse dentro de cuatro años y medio. Cierto es que se generó una importante polémica en el Frente de Todos que se expresó en la votación positiva de una parte mayoritaria de los legisladores, mientras que otra se inclinó por el voto negativo o la abstención. La determinación de unos y otros ante una encrucijada tan determinante, merece nuestro respeto, ya que fueron la expresión de sus convicciones y son compañeros de ruta por nuestras luchas comunes e ideales de siempre. Sin embargo, no dudamos en sumarnos al reclamo y al sentimiento generalizado de quienes integramos el enorme bloque político, social y cultural aglutinado en el Frente de Todos sobre la imperiosa necesidad de defender la unión de la coalición triunfante en el 2019. La división del campo del pueblo ha sido desde el fondo de la historia el arma principal de los dominadores. Aplicaron en todos los tiempos, con marcado éxito, aquel apotegma atribuido a Julio César que ya cumplió dos mil años: “divide et impera”. O más sencillo: divide y domina. En consecuencia, no solo es necesario, sino que es posible mantener la unidad, aunque reconocemos que se trata de un gran reto, particularmente para quienes fueron elegidos por el pueblo como dirigentes políticos.
En lo referente a nuestra Ciudad Autónoma, si aireamos el frondoso follaje protector de los grandes medios en torno al jefe de Gobierno, observamos nítidamente su alineamiento con su jefe político Mauricio Macri y con Patricia Bullrich en la postura rupturista frente al acuerdo. Tras las brumas mediáticas se decidió por halconear, respondiendo a su verdadera naturaleza. Esta postura es consecuente con su reciente huida subrepticia y vergonzante de la Asamblea Legislativa junto al grupo de halcones exaltados.
Dos noticias trascendentes sobre nuestra ciudad alteraron la muralla comunicacional que ampara al jefe de Gobierno: la justicia porteña declaró la nulidad del infame convenio de Rodríguez Larreta con el super empresario capitalista Eduardo Elsztain, dueño entre tantos mega inmuebles y negocios de la parcela privada ribereña más grande de nuestra ciudad. El fallo es trascendente, además, por sus fundamentos: señala que está en juego “un gran humedal de invaluable biodiversidad que sostiene la vida en la capital” y contiene más de dos mil especies vegetales y animales además del “rol fundamental en el equilibrio eco sistémico”. En su fundamentada resolución, el juez Aurelio Ammirato declaró inconstitucional el convenio, teniendo en cuenta que está viciado, ya que omitió las instancias de participación ciudadana que la ley impone. Se trata, en suma, de una derrota jurídica y política del PRO en la CABA, pero además desnuda la conducta inmoral de Rodríguez Larreta que privilegia un negociado con su poderoso socio, avasallando toda política de cuidado y respeto del medio ambiente y la naturaleza.
La otra noticia que conmueve, a pesar del intento mediático por relativizarla, es el guarismo recientemente publicado del 10 por ciento de aumento de la indigencia en nuestra ciudad en febrero, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Este cuadro social no solo afecta a los 850 mil habitantes pobres de los núcleos más humildes, sino que va involucrando cada vez más a franjas vulnerables de la clase media. Cierto es que una parte de este cuadro social dramático es consecuencia de la crisis económica nacional originada en los años del macrismo y luego de la pandemia. Sin embargo, el gobierno de la CABA podría y debería hacer mucho para defender al pueblo porteño, tanto en lo referente a controles frente a los abusos de precios, como a brindar ayuda económica y crediticias a distintos sectores sociales afectados por la doble pandemia.
La otra novedad importante es que la gestión de Rodríguez Larreta se propone avanzar hacia “el shopping más largo del mundo”; que se conformaría con las concesiones de 4 kilómetros de tierras fiscales lindantes al bajo viaducto del ferrocarril Mitre (Ramal Tigre).
Esta nueva concesión al negocio privado cuenta obviamente con la resistencia de distintas agrupaciones vecinales del barrio de Belgrano, Palermo y Núñez, por el impacto medio ambiental que tendría este proyecto comercial en los 53.728 m2, adjudicado al empresario surcoreano SangHakChoe.
En realidad, nuestra Ciudad no necesita más negocios inmobiliarios sino más espacios verdes para dejar de ser una de las urbes con menos metros cuadrados por habitantes en Latinoamérica.
Hace 14 años que el macrilarretismo aplica está lógica política que se materializa en la subordinación de los recursos públicos al sistema de negocios de empresarios privados actuando con una exasperante dromización de la cosa pública inspirada en el apotegma de aquel patético Ministro menemista: “nada de lo que deba ser privado, permanecerá en manos del Estado”. Esa era la idea y el mandato de la época, a pesar de su furcio histórico.
Ante estos despropósitos que van acentuando un modelo de ciudad expulsiva y antiecológica tenemos que afirmarnos en la necesidad de transitar hacia una ciudad nueva y distinta, ya que recursos económicos sobran. Para lograrlo es necesario interpelar a la ciudadanía porteña a involucrarse en pos de una ciudad en la que primen las políticas de protección de medioambiente, ampliación de espacios verdes, parques, plazas barriales, etc. Para ello, debiéramos acudir a la gran reserva democrática y humanista que anida en la conciencia de millones de vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
En la reciente asamblea legislativa ocurrió un hecho extraordinario desde la recuperación democrática: un grupo de parlamentarios de la oposición abandonó el recinto durante la alocución del Presidente de la Nación. Esa planeada y ensayada puesta en escena expresa una clara conducta antidemocrática y un desprecio a la opinión pública, ya que parte del supuesto de que esas actitudes beneficiarán electoralmente a sus protagonistas.
Lo cierto es que el bloque del PRO se levantó de sus bancas cuando Alberto Fernández afirmaba que el acuerdo en ciernes con el FMI no implica que el Poder Judicial se desligue de continuar la investigación del proceso de endeudamiento externo contraído por Mauricio Macri. El Presidente ratificaba así con determinación que se deben esclarecer las responsabilidades de aquellos que tomaron la decisión política de solicitar tamaño crédito.
Resulta inevitable registrar que muchos de esos legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio se colocaron otra cucarda recientemente: dejaron al país sin presupuesto, marcando un nuevo récord en el podio de quienes verbalizan sobre la República, a la vez que la socavan.
Pero el despropósito institucional en la apertura de las sesiones ordinarias tuvo un agravante: la huida subrepticia de Horacio Rodríguez Larreta junto al núcleo de exaltados. El otrora “palomo” jefe de gobierno se sumó a los halcones sin ningún rubor.
El periodista de Clarín Eduardo Paladini lo describe con toda crudeza a partir de los dichos de “un diputado macrista de peso”: “Dentro de todo zafamos que no lo enfocaron a Horacio yéndose”. A pesar de su flagrante huida, los medios adictos a la derecha de Juntos se empeñaron en justificar a Rodríguez Larreta. Declararon al unísono enfáticamente: “No se pueden consentir más mentiras por parte del Presidente”. Quizás esperaban que Alberto Fernández no les reprochara a Macri y sus partidos de “Juntos” haber contraído en forma insensata un empréstito al estilo rivadaviano con la Baring Brothers, y que seguiría el apotegma neocolonial de Nicolás Avellaneda: “Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”.
Una gran parte de la ciudadanía es consciente de que ese crédito fue convenido entre Donald Trump y Macri. Sin embargo, resulta necesario recordarlo, ya que la “prensa republicana” viene desplegando una estrategia de falsedades y tergiversaciones, con el objetivo de que la opinión pública crea que esta deuda oprobiosa la contrajo el Frente de Todos, o Alberto, o Cristina, o Máximo; que –desde esa perspectiva y como en todos los temas– serían “los verdaderos culpables”.
En relación con el acuerdo, es interesante la entrevista –publicada en el diario La Nación– al diputado nacional por el PRO Luciano Laspina, “uno de los economistas más escuchados por Mauricio Macri”: se trata de una auténtica confesión sobre su visión ideológica. El legislador cuestiona que el acuerdo con el FMI “posterga todas las reformas que el país necesita debatir para salir del largo proceso de estancamiento”. Asume en plenitud que no se incorporaron reformas estructurales, lo cual le resulta inconcebible.
La segunda revelación del diputado es que el acuerdo en debate “crea un puente al 2023, dándole continuidad a las políticas económicas del kirchnerismo” y dejando “una bomba fiscal e inflacionaria al próximo gobierno”. Su corolario: “mantiene inalterado el corazón de la política económica del kirchnerismo”. En buen romance, admite que el acuerdo no implica ajuste y, por el contrario, señala amargamente que habrá continuidad populista.
Volviendo a las verdades a medias y mentiras enteras, habría que centrarse en el discurso pronunciado por Rodríguez Larreta en la Legislatura porteña, horas antes de la alocución presidencial. En clara contradicción con su actitud posterior en el Congreso, habló de “convivencia democrática para construir colaborativamente las soluciones a los desafíos que enfrentamos”. Con numerosos anuncios, siempre recubierto con la máscara de la “modernización”, mintió sobre las consecuencias de sus políticas, muy particularmente en lo que refiere a educación, temas críticos del ambiente, salud, vivienda y personas en situación de calle. Sin embargo, los legisladores porteños del FdT no se retiraron de sus bancas y escucharon todo su discurso, sobreponiéndose a sus insuperables discordancias con el decir –y el hacer– del jefe de gobierno porteño.
Además, Rodríguez Larreta volvió a la carga sobre varias temáticas que en estos años tuvieron un importante rechazo ciudadano en plazas, calles y audiencias públicas: para él, el derecho a peticionar, las movilizaciones, los pronunciamientos en defensa del ambiente y en contra de la cementación y edificación de los espacios verdes, o contra la destrucción del patrimonio barrial e histórico, o las acciones de la comunidad educativa en defensa del salario docente y de la autonomía de maestros y profesores, así como el reclamo por la falta de vacantes y de escuelas, no son manifestaciones democráticas de la ciudadanía. Pretende negarlo, aunque en muchos casos esas expresiones con formas novedosas lo obligaron a frenar algunas de sus iniciativas. También recuperó en su discurso las reformas neoconservadoras al sistema educativo, insistiendo con el programa de educación financiera que aplicarán las fintech en las escuelas públicas, las prácticas laborales obligatorias y sin remuneración, llegando al extremo de plantear reformar el estatuto docente para “modernizarlo”. En este punto es consecuente: antes de las elecciones se declaró partidario de una reforma laboral, que ahora intentará aplicar a los docentes. Este señor, que intentaba mostrarse como un “palomo” centrista y democrático, se coloca más a la derecha que los tecnócratas del FMI. Como vemos, habló de Ucrania, de los incendios, pero de los 56 mil pibes y pibas que no pudieron empezar las clases por la falta de establecimientos educativos no dijo nada.
El reciente lanzamiento de la campaña presidencial del jefe de Gobierno porteño se sustenta, como siempre, en una combinación de marketing (con su imagen sonriente como principal objetivo), junto a una acción política de clara impronta conservadora en su propio distrito. Sus acciones concretas favorecen a grandes grupos empresarios de la construcción y proveedores del Estado, instrumenta políticas tributarias regresivas que afectan a amplias franjas de asalariados y clases medias y desprecia la demanda ciudadana tendiente a mejorar el medio ambiente. En la actual coyuntura, Larreta decidió utilizar a la educación como su ariete principal.
En este nuevo ciclo lectivo se expresa la realidad de la educación pública en nuestra ciudad, y las distintas interpretaciones sobre viejos y nuevos problemas del sistema y sus instituciones. El gobierno de CABA ha venido desplegando sus políticas, con el claro objetivo de reconfigurar radicalmente el modelo educativo. Ese proyecto, iniciado por Macri, ha sido tenazmente resistido por la comunidad educativa durante quince años de gobierno de esta derecha pseudo moderna.
El filósofo y educador Eduardo Rinesi explica que quien tiene garantizada su comida, no eleva su voz por el derecho a comer, en realidad lo hace quien tiene su estómago vacío. De allí que una primera definición ideológica se debe orientar a ponderar en qué medida las mayorías populares ven efectivizados sus derechos, que deben ser garantizados por el Estado, implementando políticas públicas cuyo propósito sea construir una democracia auténticamente solidaria.
Resulta necesario repasar los hechos más significativos de Larreta en esta materia, reiterando que lo hacemos desde una postura ideológica: la educación es un derecho social, ciudadano y humano. Existe un primer dato excluyente: se practica una reducción sostenida del presupuesto, junto a la subejecución de los recursos asignados al área educativa. Pero, además, esos recortes contrastan con el creciente subsidio estatal al sistema privado. Tales decisiones tienen consecuencias concretas para los docentes, estudiantes y en escuelas y colegios. Hace años que las familias y sindicatos vienen denunciando la falta de vacantes. La ministra Soledad Acuña no ha desmentido que el nuevo ciclo lectivo comenzará sin 56.832 niños y niñas que pidieron un lugar y les fue negado. Entre los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), hubo 118.169 solicitudes, y se asignaron 61.337 (Tiempo Argentino). Esos datos, provienen del gélido y deliberadamente ineficiente “sistema online”. Se utiliza el slogan “cada día cuenta”, por lo tanto, cada niño y niña cuentan, pero el lunes 21 más de 56 mil no “contaron”.
No es preciso ser muy perspicaz para unir la información: la falta de recursos económicos genera insuficiencia de edificios escolares de cargos docentes y de infraestructura.
Siguiendo con las “transformaciones” macristas encontramos: la creación de la UNICABA y el cierre de los Institutos de Formación Docente; el proyecto “Secundarias del Futuro” y su propuesta de expansión del tiempo virtual, la realización de “pasantías laborales gratuitas”; la introducción de empresas financieras en la construcción curricular, para formar alumnos apologistas de la especulación, relegando la idea del trabajo productivo como forma de inserción social. Todo este andamiaje macrilarretista no es una creación original. Expresa la perspectiva del neoliberalismo como proyecto hegemónico a nivel mundial, aunque ya es palpable que atraviesa una profunda crisis de legitimidad. Su horizonte privatizador se complementa en clave discursiva con la “calidad educativa”. Estas propuestas “modernas” presentadas como la solución a la problemática de la educación ya han fracasado rotundamente en Chile, e inclusive fueron la causa de grandes protestas contra ese modelo mercantilizado y clasista que vulnera derechos y desprecia la educación pública.
El proyecto neoconservador de Larreta exige una lectura que trascienda las diversas iniciativas que intenta, ya que su verdadero propósito es la demolición del sistema educativo público, emergente de la Ley 1420 y otras reformas populares posteriores. La realidad indica que en nuestra ciudad se avanzó obstinadamente hacia un deterioro material y simbólico de la escuela pública, en la descalificación abierta y agresiva de la ministra Soledad Acuña a maestras y profesores, y al abandono de los núcleos sociales vulnerables, quienes más necesitan la presencia de un Estado. En la comunidad educativa, incluyendo a quienes estudian y reflexionan sobre el sistema pedagógico, existe la convicción de que las antiguas estructuras y relaciones deben ser transformadas, pero en un sentido opuesto al elitista desplegado por el gobierno de la Ciudad. Se trata de dos proyectos antagónicos frente al reto de construir una educación que responda a los desafíos del siglo XXI. Uno se funda en la noción de democracia sustantiva y expansión de derechos; el otro se propone perpetuar desigualdades sociales y culturales, tras un discurso falsamente “renovador”.
Éste último, impulsado por Macri, Larreta y Vidal, no puede ocultar sus verdaderas finalidades. El jefe de Gobierno pontificó en plena pandemia que “para nosotros es de vida o muerte el regreso de las clases presenciales”. Practicaba oportunismo político en un contexto de grave riesgo sanitario y de la vida. Se trata de un ejemplo de su temeraria estrategia propagandística para seducir a las “audiencias” y aliviar su imagen. Sin embargo, valoramos que existe en nuestra sociedad una arraigada cultura de defensa de la educación pública, con la perspectiva de aportar a un proyecto educativo democrático. Esta es, entre otras disputas centrales, parte de la encrucijada en nuestra Ciudad y mucho más allá: un mundo inficionado por lo individual, el egoísmo y la codicia; u otro más humanista y convivencial entre los seres humanos y la naturaleza.
En términos de ingresos económicos, públicos o privados, resulta interesante inspirarse en el químico, biólogo y economista Antoine Lavoisier, quien en su ley de conservación de la materia afirmó que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Aquí los enriquecidos vienen practicando una falsificación de su principio, consistente en: “nada se pierde… todo se «nos» transfiere”. Tal lógica se observa con toda claridad en la transferencia de ingresos de millones de trabajadores asalariados hacia los núcleos concentrados, que ahora no trepidan en exhibirse en el rubro de supermillonarios. Claro que este no es un fenómeno químico, sino económico-político, y se acentúa cuando el Estado es administrado por liberales y neoliberales, o cuando las grandes corporaciones imponen su poder de facto a gobiernos populares. Durante la gestión de Mauricio Macri se produjo también esa misma situación entre jurisdicciones con más necesidades y pocos recursos, hacia distritos ricos y poderosos, como la CABA, a pesar de que en su propio interior existen también graves problemas sociales de pobreza y ausencia de recursos para educación, salud y cultura.
El problema social de mayor impacto en la vida del pueblo es el incremento desmesurado de los precios que devoran los ingresos del núcleo social más vulnerable, incluyendo a trabajadores de bajos salarios, cuentapropistas de los más diversos empleos, beneficiarios de las ayudas del Estado, etc. No se debiera excluir de este masivo sector, a distintas capas de las clases medias que en los últimos años también sufrieron recortes de sus haberes y están sumidas en la incertidumbre sobre su presente y futuro.
Para una parte importante de la ciudadanía porteña, en estos días ocurrió un hecho político muy significativo en relación a las expectativas de mejorar su calidad de vida. Se trata del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que convalidó las más de 50 mil firmas que apoyan la Iniciativa Popular (I P) para anular la privatización de los terrenos de Costa Salguero. La resolución es un revés para una de las grandes iniciativas de Horacio Rodríguez Larreta, enfilada al armado de un gran negocio constructivo que implicaría una insalvable mutilación ecológica para la Ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.
Quienes nos definimos como ciudadanos y ciudadanas imbuidos de un sentido humanista, solidario y progresista, tenemos la convicción de que las sociedades deben sustentarse bajo la inspiración de un principio social de justicia distributiva y derechos culturales y humanos para todo el pueblo, sin exclusiones de ningún tipo. Desde esta convicción, sentimos una fuerte indignación frente a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno porteño. El efímero “palomo”, atributo éste inventado en el afán por crear un sector “abuenado” en el espectro neo conservador, decidió utilizar su desmesurado dispositivo mediático para culpar de todos los males de la tierra a los millones de pobres que protestan y reclaman condiciones de vida básicas para sus familias. El alcalde porteño reclama represión a quienes considera “descartables” porque perturban el tránsito, pero además dice estar preocupado porque “los chicos estén en la escuela”; cuando, tanto él como su jefe Mauricio Macri desprecian, abandonan y expulsan a la ciudadanía porteña más humilde de la zona sur y otros ámbitos de nuestra ciudad. Ni que hablar de sus agresiones y las de su socia, ahora declinante, María E. Vidal, a la docencia, particularmente a sindicatos de maestros y profesores. Si tanto quisiera que los niños y niñas estén en la escuela no debería dejar a decenas de miles afuera todos los años por falta de vacantes y de escuelas.
Luego de transcurrido un mes de marzo en que las calles y plazas se llenaron de pueblo conmemorando el Día Internacional de la Mujer y homenajeado a nuestros 30 mil desaparecidos, comenzamos abril con el reconocimiento popular a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, reafirmando la irrenunciable demanda de soberanía sobre las islas, como una causa nacional y regional, las que siguen bajo un anacrónico dominio colonial.
Otra vez un expresidente de derecha, que ahora no se molesta en mostrarse como socio de la ultraderecha, manifiesta su voluntad atávica por privatizar empresas públicas. Una vez más, una funcionaria de un partido neoconservador que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exterioriza un agravio, esta vez dirigido a los empleados públicos. Nuevamente se intenta convertir a la escuela pública en un espacio de negocios, con empresarios que reemplazan a los docentes siguiendo el “sistema educativo dual” de Alemania. Los alumnos de las secundarias estatales se constituirían como “aprendices” gratuitos para ser empleados a futuro. Se trata de un vulgar y patético engaño privatizador, bien sazonado con palabras modernas de Estados capitalistas “modernísimos”. Completaría el menjunje anti-estado vender lo poco que queda de tierra pública en un distrito tan rico como desigual. El ataque a todo lo que sea público, si bien es una antigua moda impuesta universalmente en los tiempos de Margaret Thatcher, hoy se exacerba sustentado en la propaganda pertinaz de los editorialistas de los medios del gran empresariado que cumplen con el mandato de propagandizar esa línea anti-estado. El choque entre el discurso y los resultados de ese proyecto para la vida de los pueblos no altera su determinación por sostenerlo, ya que surge de las entrañas de sus intereses económicos y de su afán de dominio político. Todo indica que el ideario del Consenso de Washington, antes con democracias restringidas o dictaduras, intenta ahora retornar incorporando atributos de autoritarismo y odio.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya lanzado a su campaña electoral, partió de gira con el fin de visitar a empresarios, financistas y alcaldes de otras ciudades del mundo. Con ese mismo propósito publicitario planea organizar en octubre la “Cumbre Mundial de Alcaldes C40”. Su inspirador y jefe político, el expresidente Mauricio Macri, continúa ejerciendo su principal vocación: vacacionar por el ancho mundo. En esta oportunidad no lo hará ejerciendo el extraño “trabajo” en la Fundación FIFA, sino “representando” a la Argentina en un torneo de Bridge en Italia, que su versión actual se debe al multimillonario norteamericano Harold Vanderbilt.
Los últimos acontecimientos de la política nacional superaron todas las expectativas locales y las temáticas específicas recientes de cualquier otra índole. Resulta lógico e inevitable que así haya ocurrido, ya que la cuestión del endeudamiento con el FMI contraído por Mauricio Macri y el gobierno de Juntos por el Cambio es determinante para el presente y lo será para el futuro de la nación y la vida de la ciudadanía.
En la reciente asamblea legislativa ocurrió un hecho extraordinario desde la recuperación democrática: un grupo de parlamentarios de la oposición abandonó el recinto durante la alocución del Presidente de la Nación. Esa planeada y ensayada puesta en escena expresa una clara conducta antidemocrática y un desprecio a la opinión pública, ya que parte del supuesto de que esas actitudes beneficiarán electoralmente a sus protagonistas.
El reciente lanzamiento de la campaña presidencial del jefe de Gobierno porteño se sustenta, como siempre, en una combinación de marketing (con su imagen sonriente como principal objetivo), junto a una acción política de clara impronta conservadora en su propio distrito. Sus acciones concretas favorecen a grandes grupos empresarios de la construcción y proveedores del Estado, instrumenta políticas tributarias regresivas que afectan a amplias franjas de asalariados y clases medias y desprecia la demanda ciudadana tendiente a mejorar el medio ambiente. En la actual coyuntura, Larreta decidió utilizar a la educación como su ariete principal.
