La tragedia ocurrida en la estación Once, su dramático saldo en pérdida de vidas y en centenares de heridos, no sólo instala la necesidad de una profunda investigación para determinar las causas y las responsabilidades que correspondan por lo ocurrido, sino que también nos exige refundar las políticas ferroviarias en la Argentina para que episodios como este no ocurran nunca más.

El transporte es un servicio público y como tal requiere que el Estado recupere el rol de gestión cedido al cabo de la ola de privatizaciones y concesiones iniciada en la década de los 90. Y aun más, es necesario revertir un proceso de desguace iniciado mucho antes, en la década de los 60, cuando se comenzó a promover en forma decidida al transporte automotor en detrimento del ferroviario.

En el marco actual, no se pueden prolongar las concesiones a empresas que no hacen las inversiones necesarias a costa de la seguridad de los usuarios. Estas compañías privilegian la maximización de sus ganancias y sostienen tasas de rentabilidad a costa de los subsidios que reciben. El Estado que representa a la sociedad, está administrado por un gobierno democrático elegido por el pueblo, se impone entonces su participación en la gestión del transporte público.

Aspiramos a un modelo donde quien administre los ferrocarriles tenga puesta la mira en prestar un servicio eficiente y seguro a la comunidad y no en la maximización de las ganancias empresarias.

Este cambio de sentido de las políticas en materia de transportes posibilitará superar la contradicción insalvable entre las tasas de ganancia que demanda el sector privado, y el interés público, cuyo sentido es la prestación del servicio. El mismo concepto es aplicable al crucial tema de las inversiones; ya que el nivel que requieren no puede estar sustentado en la lógica del capital lucrativo.

Estas razones de fondo explican el hecho cierto de que los ferrocarriles en la mayoría de los países del mundo, incluyendo a los más grandes, son públicos.

Una transformación de esa naturaleza requiere de una activa participación ciudadana. En nuestra propuesta cooperativa para construir un país con más democracia y equidad distributiva-cuya primera versión presentamos en 2002, con actualizaciones en 2005 y 2008-, planteamos un modelo de empresa pública aplicable al caso de los ferrocarriles. Allí sostenemos que “la gestión de las empresas de propiedad pública deberá ser tripartita, formada por representantes del Estado, de los trabajadores de la empresa y de organizaciones sociales representativas de los sectores involucrados en la actividad. Por ejemplo, organizaciones de usuarios, consumidores, productores y proveedores”. La tragedia de Once debe constituir un punto de partida para discutir a fondo una nueva política ferroviaria y transformar un sistema de transporte que desde hace varias décadas dejó de estar al servicio del pueblo.

Artículo publicado en la revista Acción N ° 1.904. Año XLV.