Juan Carlos Junio – Intervención en la sesión especial de la HCDN en la que se aprobó el memorándum de entendimiento celebrado entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Islámica de Irán

Sr. Junio.- Señor presidente: interpreto que esta temática tan crucial y dolorosa para nuestro pueblo y, particularmente, para los familiares de las víctimas del peor atentado de nuestra historia, no puede subordinarse a la lógica de gobierno y oposición, o de kirchnerismo y antikirchnerismo en sus distintas versiones.

Esa actitud es mediocre y mezquina ante un tema tan sensible. Por lo tanto, se trata de establecer la mejor metodología de análisis que conduzca a definir claramente si esta iniciativa del Memorándum es un avance o no hacia lo que debe ser el objetivo central, que es la búsqueda de justicia para las víctimas del atentado.

Adelanto que estoy convencido de que este es un camino posible y real para avanzar en la causa y en la búsqueda de justicia.

El argumento central de que el régimen iraní no puede ni debe ser interlocutor, ya que ampara al terrorismo internacional, resulta insostenible. Justamente, el expediente judicial contiene severísimas acusaciones contra funcionarios y dirigentes de ese régimen, y la Argentina por esa vía reclama su juzgamiento y condena.
Con esa lógica ningún conflicto se negociaría ni finalizaría hasta la derrota de una de las partes, ya que los conflictos ocurren entre partes enfrentadas. La historia de la humanidad, inclusive en la actualidad, está repleta de negociaciones, aun en medio de conflictos armados.

En nuestro caso no estamos frente a un acuerdo de intercambio de bienes culturales o un acuerdo de amistad, sino de un Memorándum de puntos básicos para intentar avanzar en el esclarecimiento del atentado y la condena a sus instigadores y ejecutores. O se transita un camino de este tipo, o convengamos, aunque no se diga, que se acepta que hay una condena preestablecida, un veredicto, una sentencia sin juicio, una condena de facto en el marco del tablero político del Medio Oriente y, por lo tanto, no se quiere aceptar ni seguir ninguna vía judicial. O sea que en los hechos, tras la bruma de discursos encendidos, no se acepta el derecho internacional.

Cuando se agotan las vías diplomáticas, jurídicas y las negociaciones, la historia de la humanidad demuestra acabadamente que la lógica de los acontecimientos se desplaza hacia guerras o acciones militares de diverso tipo. Así es que los conflictos se agravan inevitablemente y quedan atrapados en una situación de muerte y odio y sin perspectivas de solución. Solo ganan en estas hipótesis las grandes potencias, los grandes jugadores del ajedrez mundial, que siempre, y ahora también, han medrado sobre el debilitamiento de Estados y pueblos más pequeños.

Por lo tanto, avanzar en una negociación entre partes que se reconocen no es una cuestión menor, sino mayor, y negar ese camino, esa perspectiva, responde a una idea reaccionaria y oportunista que tras su pátina descalificatoria e insustancial acepta ciegamente deslizarse hacia un escenario, que en este caso concreto sería la cristalización de la parálisis, de la nada, de la negación en términos legales de la lucha por la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Todo el discurso acusatorio de que estaríamos sosteniendo un régimen teocrático, que nos vamos de Occidente y que nos chavizamos es falso, tan falso como todos los sofismas. No discutimos en este Parlamento el carácter del régimen iraní, que niega la Shoah y todos compartimos que es ésta una visión aberrante. El pueblo judío tiene derecho a tener su hogar, igual que el pueblo palestino tiene el mismo derecho y hasta ahora se le ha negado.
En cuanto a irse de Occidente, este es un antiguo estropajo decadente por sus consecuencias nefastas para nuestros países y sus soberanías económica y política. Nosotros hemos elegido no estar en Occidente. Estamos en América Latina. Recién el diputado del Frente Cívico nos interpelaba porque estaríamos con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba. Sí, efectivamente estamos con esos países y los otros países de nuestra América. (Aplausos.)

No pretendemos que Irán cambie su visión. Sí pretendemos, porque es la responsabilidad del gobierno y el Parlamento, avanzar en el esclarecimiento. La cuestión para nosotros es el atentado, no el carácter del gobierno iraní.
Todo indica que hay otros que invierten las prioridades, privilegiando otros objetivos de carácter geopolítico y no el avanzar en términos concretos en la causa. De lo que se trata, entonces, es de avanzar en la acusación judicial contra los imputados, y ciertamente los imputados no son ni dinamarqueses ni suecos ni noruegos; son iraníes y, por lo tanto, debemos actuar en el marco de esa realidad si queremos avanzar hacia la justicia.

Estaríamos así destrabando un proceso estancado hace casi veinte años. Y no es que actualmente estemos frente a un grado de impulso decidido hacia el juzgamiento y condena de los culpables que se vería interrumpido; por el contrario, hay parálisis y la convicción subyacente inconfesable es que finalmente no habrá justicia, ya que por la historia y la situación actual no surgen perspectivas concretas.

Para finalizar, está claro entonces que será muy valioso avanzar en la indagatoria, ya que es un paso jurídico excluyente. Se podrá ser escéptico acerca del verdadero aporte al conocimiento de la verdad resultante de la indagatoria, pero ese es un paso obligado. Hacerlo implica avanzar concretamente en la causa.

Ciertamente, el gobierno da un riesgoso paso audaz. Por eso, esta determinación debe ser valorada, al contrario de tantos gobiernos pusilánimes o directamente subordinados a líneas que llevaron a vías muertas, u otros gobiernos, como el de Macri, que pusieron al frente de la fuerza de seguridad a personas siniestras, como el Fino Palacios. (Aplausos.)

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