La palabra presidencial: el valor y la potencia de la verdad frente a la inmoralidad de la derecha
Minuto Uno | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Todavía resuenan las palabras que pronunció el Presidente de la Nación en la apertura de las sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Si hay un eje que atravesó su exposición fue la apelación a la verdad, sobre todo después del gobierno saliente que, desde los discursos fundacionales del ex mandatario Mauricio Macri utilizó el engaño al electorado como sistema, prometiendo todo tipo quimeras que jamás cumpliría. Aquello de “pobreza cero” o “en mi gobierno ningún argentino pagará impuesto a las ganancias” ya son un símbolo de la utilización de la mentira al pueblo como un instrumento “normal” de la política. Alberto Fernández dejó en claro que está parado en la vereda opuesta de esa interpretación de Maquiavelo. Para avanzar hacia una democracia plena y verdadera se necesita la palabra franca del Príncipe como razón fundamental para construir voluntades duraderas. Una expresión auténtica del jefe de Estado sobre la situación resulta fundamental para interpelar a las grandes mayorías de la sociedad y lograr ampliar esfuerzos y apoyos colectivos.
Ante la crisis social y económica que vivimos, la prioridad es levantar el nivel de actividad del Estado recesivo y reducir la dinámica inflacionaria que horada los ingresos de los trabajadores, incorporando la premisa de hacerlo a través del consenso con los principales actores económicos.
Todo indica que se avanza decididamente en esa línea. El presidente Alberto Fernández ha estabilizado el valor del dólar, frenado la suba de las tarifas de los servicios públicos, bajado la tasa de política monetaria al 38% y consecuentemente de los créditos a pymes y personas, consensuando con los sindicatos elevar los ingresos de los que ganan menos y, a su vez, controlando su incidencia en la inercia inflacionaria. Sin embargo, una vez más, los grandes núcleos empresarios continúan subiendo los precios. Esto ha sido denunciado por el presidente al decir “Argentina no resiste más el abuso de quienes ‘preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus ‘excesos preventivos’”. Y a tal efecto adelantó: “estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de posición dominante”. En esta primera cuestión, la experiencia histórica es irrevocable: las grandes empresas no escuchan invocaciones. Actúan en función de su objeto esencial: potenciar su tasa de ganancias.
El otro pilar del discurso que cimienta la gestión en esta etapa es “comenzar por los últimos para después llegar a todos”. Ello se debe a una decisión moral y política. No es posible ni deseable comenzar por otro sector que no sea el de los más vulnerables, millones de niñas, niños y adolescentes que están pendientes de comer o no comer cada día. A su vez, el equipo económico contempla que esos sectores tienen mayor predisposición a consumir, de forma tal que ayudarían a dinamizar la demanda y la producción del resto de la economía. Esa es la rueda que se está intentando mover para levantar el país. No la rueda de las finanzas y la especulación, ni las abusivas remarcaciones de precios.
Al respecto, los precios de los alimentos continúan mostrando subas por encima del nivel general. En un adelanto del índice de inflación de supermercados elaborado por el CESO se advierte que el incremento de los precios de la última semana de febrero contra el mismo período del mes anterior tuvo un incremento del 3,1%, mientras que los alimentos frescos subieron 4,6% y los secos 3,9%. Allí habrá que buscar a los formadores de precios a lo largo de una gruesa cadena donde al comienzo está la “Mesa de Enlace” y al final los supermercados. El gobierno actuará por los dos frentes. A lo supermercados les aplicará la ley de Góndolas, y al primer eslabón le subirá 3 puntos porcentuales las retenciones a la soja (un 10% más).
Cabe aclarar que ese incremento del 3% significa cerca de 500 millones de dólares y se usarán para compensar al resto del sector agropecuario, en especial a los pequeños productores, cooperativas, economías regionales y para productores alejados de los puertos que tienen alto costo de fletes. Es decir, ese esfuerzo extra reingresa al sector agropecuario. Se trata de un excelente ejemplo de política redistributiva, intrasectorial, que a la postre tiene impacto positivo sobre el resto de la población al contribuir a la baja del costo de los alimentos.
La verdad no ofende, defiende.
