Página/12 | Opinión

Confirmados los resultados electorales, en la sede de Juntos había caras largas y sabor a victoria pírrica, a pesar de que los guarismos a nivel nacional le daban una ventaja del 8,5 por ciento. La clara recuperación del Frente de Todos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, fue muy significativa a tal punto que la derecha no pudo verbalizar un mensaje triunfalista hacia adentro de su propia fuerza.

En el campamento de la derecha porteña, todos unidos, Palomas y Halcones, fueron aceptando que no lograron recuperar los dos tercios de la legislatura que detentaron de 2017 a 2019. Se proponían gobernar discrecionalmente, violentando el debate, y la construcción de consensos propios de una auténtica democracia participativa.

Sin embargo, debemos asumir en plenitud que hubo un avance de la ultra derecha que tiene como principal figura al aprendiz de fascista Javier Milei. El espacio de derecha que ocupaba Juntos con exclusividad ahora será compartido con este núcleo que se define como anarco capitalista y, entre otras ideas propias de un estadio de barbarie, niega el cambio climático aludiendo que se trata de “una mentira del socialismo, impulsado por el marxismo cultural”. Este vociferante teatrista fabricado por los grandes medios es una amenaza real a la vida política en democracia que no habría que subestimar. En realidad, debe ser enfrentado apelando a la cultura democrática de la gran mayoría de la sociedad.

Nuestra Ciudad tiene la particularidad de ser una de las más ricas de Latinoamérica. En términos de ingresos per cápita, cuenta con el presupuesto más alto del país (más de $900 mil millones) pero registra también la afrenta de que 710 mil de sus ciudadanos son pobres, sumados a los otros 260 mil tipificados como vulnerables y del sector medio frágil, según datos oficiales, además de unos 9.500 habitantes en situación de calle, de acuerdo al último Censo Popular.

No obstante, hay un fenómeno interesante que emerge en paralelo y cada vez con más fuerza: la creciente participación ciudadana como reacción a la imparable edificación, demolición patrimonial y cementización que lleva adelante el macrilarretismo. Esta política choca de lleno con la clara demanda ecológica de mayores espacios verdes, y de viviendas accesibles tanto para los sectores medios como populares que habitan nuestra ciudad.

La expansión del protagonismo de la ciudadanía, va desnudando la asociación de los negociantes inmobiliarios con el gobierno del Pro y sus legisladores. Este fenómeno novedoso presenta varias dimensiones que van adquiriendo modalidades originales. Desde espontáneas juntas vecinales con el fin de oponerse a las torres, agrupaciones barriales ya muy arraigadas, instituciones de la sociedad civil de la comuna, observatorios y grupos de profesionales vinculados a las universidades, pasando por las organizaciones político partidarias. Son núcleos emergentes de una ciudadanía que se organiza más allá de sus inclinaciones electorales para enfrentar el avance especulativo del meganegocio inmobiliario que se viene promoviendo desde la era Macri, fabricando artificiosamente modificaciones a la normativa urbana, que nos llevan cada vez más hacia una ciudad invivible. Esta participación activa se manifiesta a través de distintas iniciativas callejeras como las bicicleteadas en defensa del río, movilizaciones frente a la Legislatura contra la destrucción del patrimonio histórico e identidades barriales, festivales en las plazas y petitorios contra la construcción de torres en Villa Ortúzar, Palermo, Núñez, Parque Chacabuco, Parque Chas, Saavedra, Parque Patricios y Caballito. A las masivas audiencias públicas en rechazo a estas políticas hay que sumarle las que se realizarán por los recientemente aprobados 11 “convenios urbanísticos” para construir super torres en ocho barrios porteños. Además, la militancia del FdT logró juntar más de 50 mil firmas para que la Legislatura trate un proyecto de creación de un parque público en la ribera porteña para el disfrute de todas y todos, en lugar de un nuevo y elitista Puerto Madero. Esta dinámica social y cultural aportó a que surja una dimensión jurídica: el larretismo, pese a su férreo manejo del sistema judicial porteño desde el Tribunal Superior, no pudo evitar que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad declare recientemente la inconstitucionalidad de la venta de las 32 hectáreas de la Costanera Norte justamente por no haber escuchado, como manda la constitución, a la opinión ciudadana. El fallo en sus fundamentos declara taxativamente que la costanera debe ser pública.

Este novedoso fenómeno político, social y cultural de participación democrática, reclama ser escuchado y ya se proyecta como un protagonista trascendente en la vida de la ciudad conteniendo un sesgo crítico y reivindicativo frente al oficialismo porteño. Todo indica que tiene una tendencia a crecer y adquirir densidad política.

El modelo que lleva adelante Rodríguez Larreta representa lo opuesto a una ciudad solidaria y convivencial. Fragmenta con un sentido clasista, cristalizando claras desigualdades en la asignación de recursos para la educación, la cultura y el transporte, según la extracción social de cada barrio, y ya es inocultable la agresión al medio ambiente. En materia económica, aumenta todos los años el ABL, el subte, los peajes, la VTV, y otros impuestos como el gravamen a las tarjetas de crédito, por encima del índice inflacionario, estructurando un modelo tributario regresivo, tendiente a la expulsión de los que se caen de modelo.

El reciente asesinato del joven Lucas González, que conmovió a nuestra opinión publica democrática, vuelve a poner en evidencia el predominio de una ideología de violencia policial con la consecuente pérdida de la vida de 121 personas en cinco años. El jefe de Gobierno Rodríguez Larreta es el máximo responsable político por lo tanto debe dar la cara y asumir esa situación. Una vez más, resulta imperioso que haya justicia verdadera.

Nota publicada en Página/12 el 26/11/2021