Página/12 | Opinión

El jefe de Gobierno Larreta fiel al estilo político de su mentor, Mauricio Macri, se propone imponer a los empujones y violentando los mecanismos de tratamiento democrático el plan de privatización de tierra pública más grande de la historia. Se trata de la “rezonificación” de las 32 hectáreas de Costa Salguero y Punta Carrasco, y del “convenio urbanístico” con la empresa constructora más grande del país, IRSA, quien se propone desarrollar un barrio de lujo en un terreno de 71 hectáreas de la Costanera Sur. En total, suman más de 100 hectáreas de nuestra ciudad sacrificadas en el altar de los grandes empresarios. La semana pasada, la legislatura porteña se propuso aprobar, en forma exprés, la rezonificación de los terrenos públicos de Costa Salguero y Punta Carrasco, cuya venta a grandes capitalistas de la construcción fue rechazada en dos instancias por la justicia, justamente porque la Legislatura había salteado el mecanismo de “doble lectura”, que implica audiencia pública a la vez que declara taxativamente que la costanera debe ser de uso público. Pero también se ordenó el tratamiento del negocio dorado: el convenio con la empresa de Daniel Elsztain para la realización de un Puerto Madero II, ocupando el humedal de Costanera Sur. Y, ya que están de remate pretenden habilitar las excepciones a las normativas urbanísticas para 11 convenios de mega torres en ocho barrios de nuestra ciudad. Todos los proyectos mencionados con anterioridad fueron rechazados por los ciudadanos y ciudadanas que participaron de las audiencias públicas con récord de asistencia.

El PRO y sus aliados decidieron actuar en forma antidemocrática desoyendo la opinión expresada en las audiencias públicas en el sentido de tener una Ciudad con más espacios verdes, río que disfrutar, cielo que mirar, con identidades barriales y respetando el patrimonio histórico. La Ciudad de Buenos Aires es la segunda capital de América Latina con menos espacios verdes cada mil habitantes. Estamos peor que Bogotá y Montevideo que nos triplica. San Pablo nos duplica, al igual que nuestra ciudad de Rosario. En este sentido, durante las gestiones de Macri y Larreta la zona de calor se incrementó en un 10 por ciento y ha aumentado en un grado la temperatura media.

La constitución porteña prevé que la voz del pueblo sea escuchada como aporte para el debate del legislador, es decir, de quienes son sus representantes públicos. Larreta dio la orden y la Legislatura avanza, sin respetar a la ciudadanía que participó democráticamente de las audiencias. Es este un procedimiento propio de una derecha autoritaria que va dejando a jirones su discurso republicano. La mesa está servida para que, en la próxima sesión, Cambiemos, Juntos, Vamos Juntos, Palomas y Halcones aprueben estos negocios que no servirán para mejorar nuestro medioambiente y para tener una ciudad más limpia en términos ecológicos, sino que acentuará el cambio climático en el peor de los sentidos.

Resulta imprescindible señalar que los medios de comunicación hegemónicos ocultan sistemáticamente la protesta creciente de diversos y amplios sectores de nuestra ciudad favoreciendo así una clara destrucción del sistema democrático. Para el “palomo bueno” porteño, la participación ciudadana es sólo un concepto posible en el terreno del marketing político en el cual la simulación de proximidad, escucha y diálogo con los vecinos no son más que un buen y vistoso envoltorio de un producto vendible en el mercado. En todo caso, con la ley actual de etiquetado recibiría todos los octógonos negros de nocividad antidemocrática. ¿Acaso los editorialistas expertos no registran que Juntos durante la campaña no habló jamás acerca de qué haría en los terrenos de la ribera porteña, o que pasará en los barrios donde el cemento y las edificaciones fuera de toda normativa urbanística destruyan el patrimonio histórico y se apretujen con las casas y departamentos ya existentes? Lo cierto es que, tanto en las trascendentes audiencias públicas, como en las movilizaciones, en los festivales y marchas barriales, en las bicicleteadas y petitorios, el reclamo creciente es que tenemos menos metros cuadrados de verde por habitante de lo que recomienda la OMS y, sin embargo, la derecha del jefe de Gobierno y su bloque legislativo ha decidido hacer oídos sordos al reclamo ciudadano. También desconocen la existencia de una Ley de Comunas, la cual posibilitaría que las juntas comunales y la ciudadanía sean quienes evalúen, aprueben y auditen las obras que cada barrio necesita en función de las prioridades y necesidades que surjan de la propia comunidad.

En suma, Rodríguez Larreta gobierna para los desarrolladores inmobiliarios y sus negocios antes que para los y las ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires. Rechaza la participación, fuerza reglamentos y logra el silencio de los medios hegemónicos, quienes además especulan políticamente tras el proyecto presidencialista del “palomo bueno y moderado de la nueva centro derecha”. Lo cierto es que se proponen armar un diciembre negro y asumir abiertamente su sociedad con las empresas constructoras. Lo alentador es el crecimiento de la participación ciudadana que reacciona en defensa de la calidad de vida colectiva y de una ciudad sustentada cada vez más en un concepto ecológico y socialmente solidario. Este protagonismo social, cultural y político se nutre esencialmente de sectores de la clase media, de nuestros centros culturales, universitarios, jóvenes ambientalistas, etc. Se trata entonces de amalgamar esta legítima lucha con la de los sectores sociales más postergados y empobrecidos de la ciudad, ya que todos convivimos en el mismo espacio social, ecológico y cultural. El destino de unos y otros debe ser común, rechazando prejuicios ideológicos que segmentan y dividen al pueblo de nuestra ciudad.

Esta novedosa rebeldía frente a la sociedad de la derecha con los negociantes marca el camino de los próximos tiempos en pos de una ciudad democrática y humanista.

Nota publicada en Página/12 el 01/12/2021