Página/12 | Opinión

Quienes nos definimos como ciudadanos y ciudadanas imbuidos de un sentido humanista, solidario y progresista, tenemos la convicción de que las sociedades deben sustentarse bajo la inspiración de un principio social de justicia distributiva y derechos culturales y humanos para todo el pueblo, sin exclusiones de ningún tipo. Desde esta convicción, sentimos una fuerte indignación frente a las recientes declaraciones del jefe de Gobierno porteño. El efímero “palomo”, atributo éste inventado en el afán por crear un sector “abuenado” en el espectro neo conservador, decidió utilizar su desmesurado dispositivo mediático para culpar de todos los males de la tierra a los millones de pobres que protestan y reclaman condiciones de vida básicas para sus familias. El alcalde porteño reclama represión a quienes considera “descartables” porque perturban el tránsito, pero además dice estar preocupado porque “los chicos estén en la escuela”; cuando, tanto él como su jefe Mauricio Macri desprecian, abandonan y expulsan a la ciudadanía porteña más humilde de la zona sur y otros ámbitos de nuestra ciudad. Ni que hablar de sus agresiones y las de su socia, ahora declinante, María E. Vidal, a la docencia, particularmente a sindicatos de maestros y profesores. Si tanto quisiera que los niños y niñas estén en la escuela no debería dejar a decenas de miles afuera todos los años por falta de vacantes y de escuelas.

En esta oportunidad, Rodríguez Larreta se exhibió tal cual es, expresando su verdadera ideología: exigió vehementemente que se quiten los planes a aquellos trabajadores que piden un poco más de ingresos para que sus hijos puedan alimentarse. Aunque cuesta asumirlo, de eso se trata: hay millones de niñas y niños que no acceden al alimento diario. Para evitar que se los denomine “hambrientos” en los últimos años se inventó la expresión “indigentes”, obviamente mucho más lavada.

Sólo faltaba para completar la diatriba clasista, la propuesta del ministro larretista D´Alessandro quien propuso “identificarlos con las cámaras de video”. Eso sí, el hombre intentó cubrirse aclarando que tal instrumento se aplicaría sólo en caso de desmanes. En estos días se conoció otro elemento sorprendente de la promocionada exitosa gestión porteña: la CABA es la jurisdicción que generó menos empleo, y no existen iniciativas concretas que coadyuven a enfrentar este grave problema social que afecta a decenas de miles de trabajadores/as, especialmente a la juventud de nuestra ciudad. Lo que se evidencia es la construcción de una narrativa de la derecha que expresan Macri, Bullrich y Larreta, quienes se lanzaron a una carrera insensata y desprovista del más elemental sentido democrático, compitiendo para ver quién impacta más en ciertos núcleos de la sociedad proclives a ser penetrados por el viejo odio de clase: a los negros, a los peronistas, a los zurdos, junto al prejuicio de que todos ellos son asimilables a “chorros”. Pero además ese discurso racista persigue otro fin, también arcaico: desplazar de la mirada social al verdadero culpable de los padecimientos del pueblo: los sectores económicos cada vez más ricos, súper millonarios, incluyendo a los empresarios que en plena crisis no paran de remarcar los precios de los alimentos. De allí que parece una misión imposible pensar que acordando con Funes de Rioja pueden mejorar las cosas para la gran mayoría del pueblo.

Para ser coherente, Rodríguez Larreta también se manifestó enfáticamente rechazando la medida de la AFIP sobre el tributo a los bienes personales, que es considerado el impuesto típicamente progresivo, ya que grava directamente a los grupos más pudientes. El jefe de Gobierno se molesta cuando un impuesto se dispone a gravar a quienes se encuentran en la pirámide de la riqueza, y cuando no lo recauda la Ciudad, sino la Nación, y consecuentemente se distribuye entre las provincias, todas con menos presupuesto y capacidad recaudatoria que la CABA.

Pero, además, Larreta pretende que tal impuesto, que tendrá un piso muy alto de 960 mil dólares para los inmuebles, sea de 3,8 millones de dólares. O sea que, en términos cuantitativos, casi nadie tribute.

La argumentación de Larreta oculta que la medida de la AFIP ya se hizo a nivel nacional en el año 2013 tomando el método de evaluación que el propio macrismo aplicaba desde el 2012 a todas las propiedades de la ciudad, que posteriormente en el 2018 el Macri presidente decidió dejar de aplicarlo. Se intenta confundir a la ciudadanía con un falsete diciendo que la medida afectará a todos los propietarios y que los inmuebles de la Ciudad verán incrementada su valuación en un 505%. En realidad, se igualarán a los inmuebles porteños con los del resto del país y se utilizará la misma valuación que la ciudad, gravando sobre el valor fiscal, o sea, lejos del valor real de compra y venta en el mercado.

En suma, la derecha continúa levantando el sacrosanto principio trumpiano de no votar nuevos impuestos a los ricos y millonarios. Se trataría de la aplicación de un ignoto versículo bíblico para los potentados del capitalismo: “los ricos no pagarán impuestos por los siglos de los siglos”.

Lo cierto es que el pueblo de nuestra ciudad continúa sometido a una prédica que descalifica cualquier acción del Estado que se proponga intervenir a favor de los sectores más humildes, e inclusive de cientos de miles de ciudadanos que forman parte o se sienten integrados a la clase media. El apotegma anti impuesto forma parte de esa estrategia para diezmar al Estado e imposibilitarlo de actuar en la otra cuestión vital del momento: la necesidad de que accione regulando, controlando y, eventualmente, sancionando a los monopolios formadores de precios. La experiencia histórica y la actual ha demostrado que estas corporaciones ultra concentradas, particularmente las de la alimentación, no alteran su conducta abusiva y antisocial porque se las convoque a hacerlo, mucho menos por razones morales o humanitarias. Solo un Estado activo puede defender a los consumidores que son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

Nota publicada en Página/12 el 19/04/2022