Tiempo Argentino | La pelea contra los fondos buitre
Quien quiera tener claro qué es un verdadero default, sólo tiene que ver las imágenes de nuestro propio caso, pero las de 2001.
Hace más de una semana los mercados financieros globales, a través de las calificadoras de riesgo y sus escribanos acreditados, «resolvieron» que la deuda de nuestro país pasaba al terreno del «default selectivo», a pesar que a fines de junio el gobierno nacional depositó los fondos en el Banco de Nueva York, afirmando su compromiso con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Así lo señaló apenas vencido el plazo de pago, la agencia Standard and Poor’s, seguida por Fitch y por la Asociación de Swaps y Derivados (ISDA, por sus iniciales en inglés), entidad organizadora del mercado de seguros de default contratados entre privados.
El accionar de las calificadoras de riesgo está cuestionado en todo el mundo, teniendo en cuenta que sus calificaciones y sus habituales juicios de valor benefician a los emisores de deuda que los contratan. Así es que resulta habitual que pasen por alto la generación de riesgos excesivos, como ocurrió antes del estallido de las hipotecas en los EE UU y de los países europeos. Bajan sus calificaciones cuando la crisis explota, pero no antes que es cuando debieran hacerlo. Este tipo de engendros también pudo verse ahora en el mencionado ISDA, ya que en la mesa de votación para ver si se activaban los seguros de default participó el fondo buitre Elliot, que había adquirido seguros de impago. O sea que los buitres están a ambos lados del mostrador. La responsabilidad abarca a la propia justicia estadounidense, que le cedió su potestad a los buitres para decidir sobre la cautelar que posibilitaría que la Argentina les pague a cientos de miles de bonistas. Esta concesión le proporcionó a los buitres información privilegiada crucial para sus negocios usurarios.
Ya hemos dicho en varias oportunidades, de consuno con otros opinantes, que default es lisa y llanamente cuando hay cesación de pagos, y claramente éste no sido el camino transitado por Argentina en las actuales circunstancias. El caso más típico de default y de una situación de quiebra verdadera fue la Argentina del año 2001. Por entonces en el país reinaban la desocupación y el hambre. El Estado no tenía caja para pagar los sueldos a los empleados públicos, los médicos, ni a las fuerzas de seguridad; los bancos estaban en crisis de liquidez y la gente, golpeando sus puertas. En nuestro país, millones de ciudadanos sin destino se volcaban a las calles, reclamando por todo tipo de necesidades. Esta dramática realidad fue la consecuencia de la decisión concreta de las autoridades de aquel entonces, dispuestas a seguir bajo la égida cínica de los mercados financieros internacionales, a los que se les atribuía una clara generosidad para ayudarnos. En términos causales, puede decirse que en primera instancia se trató de un típico default social, que derivó luego en la imposibilidad fáctica de pagarles a los acreedores externos. En suma, quien quiera tener claro qué es un verdadero default, sólo tiene que volver a las imágenes de nuestro propio caso, que a la sazón dio la vuelta al mundo. La batalla por el poder sigue manifestándose también en la lucha de ideas.
Un caso extremo y paradigmático es el ocurrido recientemente en Brasil. En el país hermano, el Banco Santander envió una carta a sus principales clientes. En la misma, esa entidad bancaria sostiene que la menor popularidad de Dilma Rousseff «contribuyó» a la suba del mercado accionario y que «si la presidenta se estabiliza o vuelve a subir en las encuestas, un escenario de reversión puede surgir». O sea, una intervención burda y directa de los financistas españoles contra la presidenta de una nación para favorecer a los candidatos conservadores. El ataque a Dilma también fue perpetrado por la Unión de Bancos Suizos, que mencionó que «la especulación sobre la posibilidad de cambios en la política económica tras la elección de octubre ha conducido la subida» del precio de las acciones. Las recomendaciones de política quedaron para el banco de inversión Goldman Sachs, que no tuvo reparos en afirmar que un nuevo mandato de Rousseff deberá venir acompañado de «cambios importantes en el equipo económico, de un ajuste fiscal moderado, y restringir parte del activismo de los bancos públicos, incluido el BANDES».
Se trata de ejemplos de intervención política directa del gran capital financiero transnacional, que no ahorra cartuchos para atacar como una falange militar a los países que transitan por un sendero autónomo de sus dictados e intereses.
Con el mismo sentido actúan los grandes lobbies (formalizados y legalizados en el sistema político norteamericano), los organismos internacionales de crédito -en los que Estados Unidos tiene el poder de veto-, los «paraísos fiscales» que ya se ganaron el mejor nombre de «guaridas fiscales» y por supuesto la prensa hegemónica global. Todos ellos configuran un esquema de poder universal, con el fin de sostener el funcionamiento de la arquitectura financiera global, a pesar de que asistimos a la peor crisis financiera desde 1930.
La reciente reunión de los BRICS (creación del Fondo de Reservas y del Banco de Desarrollo) representa una bocanada de aire fresco para comenzar a delinear un nuevo sistema de relaciones internacionales con objetivos que estén alejados de los intereses y valores que impulsa el neoliberalismo global. De hecho, en la reunión entre los BRICS y la UNASUR, llevada a cabo en Brasilia, Dilma se comprometió a que los cinco países del bloque llevarán al G-20 el debate sobre la reestructuración de deudas soberanas.
En paralelo a estas grandes tensiones que genera el establishment financiero internacional, somos conscientes de que nuestros principales desafíos transcurren fronteras adentro. Conociendo el paño, no son pocos quienes se harán eco de la opinión de buitres y calificadoras y tratarán de honrar la máxima de «a río revuelto, ganancia de pescadores», apelando a medrar con el miedo, la desazón y el caos, proyectando recesiones abruptas acompañadas de inflaciones desbocadas y tormentas «verdes» del dólar ilegal. Los mismos cultores del «realismo mágico» económico, para quienes la opción más adecuada siempre es someterse a los mandatos de los poderes financieros y pagar de inmediato y al contado las deudas que reclaman los usureros.
El gobierno mostró una clara determinación política para afrontar esta compleja situación. La reciente presentación ante la Corte de La Haya denunciando al gobierno de los EE UU es un nuevo y contundente ejemplo. El apoyo creciente de la mayor parte de nuestra población a la postura adoptada frente a los fondos buitre constituye un punto de partida esencial para afirmarnos en este camino.