Página/12 | Opinión
En los últimos días, la agenda política incluyó entre los temas principales la ampliación de la Corte Suprema de Justicia con un sentido federal y de género. La anacrónica Corte actual es totalmente ajena a la vida y los problemas de la sociedad. Su presidente, Horacio Rosatti, tuvo que autovotarse para lograr tal investidura.
La pérdida irremediable de legitimidad reconoce otros hechos de enorme trascendencia: el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, junto a su par Rosatti, fueron nombrados mediante un decreto del ex presidente Mauricio Macri, violentando la normativa constitucional. Además, fueron firmantes del oscurantista fallo del 2×1 para beneficiar a genocidas, que fuera doblegado por la gran reacción democrática de la sociedad argentina que llenó la Plaza de Mayo en forma espontánea para rechazarlo. Los elementos descalificantes son mayores aún. El estudio jurídico de Rosenkrantz representa a las grandes corporaciones incluyendo al Grupo Clarín, por lo cual, está obligado a excusarse permanentemente en el tratamiento de las causas. Sus recientes declaraciones proclamando la desigualdad como un paradigma inevitable exhiben su pensamiento retrógrado. No hay duda de que la exposición fue deliberada, expresando un núcleo ideológico de la actual derecha que se ha colocado en un lugar de negación de los fundamentos del propio liberalismo, emergente de la Revolución Francesa. El supremo se siente más representado por el ideario medieval cuyo dogma desprecia al Pueblo por “su natural ignorancia”. Niega la condición de ciudadano, es decir, todas y todos gozan de deberes y derechos, e intenta infructuosamente enfrentar el avance del conocimiento, la ciencia, la razón y la expansión de la cultura. Desde ese anacronismo histórico cultural rechaza el ideario de la Revolución Francesa de Libertad, Igualdad y Fraternidad que nuestros fundadores de la Revolución de Mayo hicieron propio. En suma, Rosenkrantz decidió utilizar el notable simbolismo de Evita y su reivindicación de los derechos del pueblo para negar todo principio de igualdad social y cultural. Su “teoría” se propone naturalizar la idea de que la acumulación de fortunas faraónicas resulta “lógica” e inevitable, a pesar de que traen consigo la generación de millones de pobres carentes de todo derecho que, a decir de Francisco, pasan a la categoría de descartables. Esa es la “nueva democracia” de la “nueva derecha”.
Como dice Álvaro García Linera, estamos frente a una derecha sin complejos, que no siente vergüenza por volver a enunciados ultraconservadores sin ningún enmascaramiento, que niega la democracia liberal y con rasgos de decrepitud histórica. Justamente, su conducta actual expresa la decisión de reaccionar ante las luchas por la igualdad disciplinando a los asalariados con legislaciones antio breras, contra la igualdad de las mujeres y toda idea feminista, contra los pueblos originarios y cualquier atisbo de políticas tributarias distribucionistas.
Desde este núcleo conceptual, el poder real define la táctica coyuntural de obstruir las iniciativas gubernamentales o parlamentarias tendientes a transferir riquezas de los sectores corporativos concentrados hacia las grandes mayorías. Esta Corte Suprema está muy cerca de fallar sobre el conflicto de la coparticipación entre la Nación y las provincias contra la pretensión del jefe del gobierno porteño. Estos jueces decidirán sobre otra enorme desigualdad, en este caso de carácter institucional: la distribución de los recursos económicos nacionales que fuera alterada por el ex presidente Macri a favor de la CABA, gobernada por su discípulo Horacio Rodríguez Larreta. El conflicto se produce por la restitución de los derechos de las provincias a recibir los fondos que fueron injustamente transferidos a la ciudad y que el presidente Alberto Fernández corrigió en cumplimiento de las leyes establecidas. De fallar a favor de la metrópolis más rica del país, esta Corte sumará otro acto que expresa su alianza con el establishment empresario y con los sectores políticos de derecha, convalidando una injusticia, contra la Nación y nuestros compatriotas de las provincias. El alcalde extorsiona moralmente a la propia ciudadanía porteña cuando promete que si el fallo se corresponde con su pretensión bajará de inmediato los impuestos. Surge entonces un interrogante obligado: ¿cuál de todos los tributos que ya subió, además del que inventó para gravar los consumos con tarjetas de crédito, serán los que promete bajar? ¿Se referirá al costo de los peajes, de la VTV, del ABL, de ingresos brutos? Todos fueron aumentados, solo que a esos incrementos les cambió el nombre, los denominó “actualizaciones”. También se niega a que la AFIP revalúe los inmuebles porteños que tienen valuaciones fiscales equivalentes al 10 y al 15 por ciento del valor de mercado. En realidad, se trata de preguntas retóricas, porque Larreta al igual que Rosenkrantz piensa que las necesidades sociales no son otra cosa que costos, que los recursos son “escasos”, por lo tanto resulta “imposible” destinar fondos para atender las desigualdades que va generando la economía capitalista. Esta doctrina explica los motivos por los cuales el alcalde porteño no brindó ninguna ayuda económica a la ciudadanía durante la pandemia a pesar de tener un presupuesto cercano al billón de pesos. ¿Cómo explicar los constantes recortes a la educación pública que se evidencian en la falta de escuelas, la insuficiencia crónica de vacantes que expulsa a decenas de miles de niños y niñas por año, las restricciones al mantenimiento edilicio y los bajos salarios docentes? ¿Cómo entender que en una ciudad tan rica como Buenos Aires haya 850 mil pobres y 200 mil indigentes? ¿Cómo fundamentar las enormes diferencias en términos de acceso a la salud, educación, cultura, espacios verdes, empleo, mortalidad infantil, promedio de vida, entre las comunas ricas de la zona norte y las de la zona sur? La respuesta del candidato presidencial está en esa visión neoliberal que comparten él, los libertarios, Macri, Patricia Bullrich y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.