Revista Acción | Opinión
Con el impulso que le dio el triunfo electoral del mes de octubre, el Gobierno se propone sostener una ofensiva en la aplicación de su modelo económico y social de país, y llevar al Congreso Nacional una serie de proyectos de reformas estructurales, que serán la próxima batalla estratégica. Antes de ello, procurará aprobar por primera vez en su gestión una Ley de Presupuesto que consolidará el ajuste fiscal que viene implementando desde el 10 de diciembre de 2023.
Acerca de las leyes troncales consideramos que no se trata de reformas, ya que esa es una idea ligada al progreso social, político y cultural de las mayorías. En este caso, la reforma laboral, según lo que se difundió hasta el momento, generaría básicamente una pérdida de derechos del sector del trabajo a favor de lo demandado por las grandes corporaciones, tendientes a eficientizar su producción y su gestión en función de potenciar sus tasas de ganancias.
En esta materia se libra una disputa de carácter cultural, porque el Gobierno y las corporaciones empresarias, en sintonía con los medios hegemónicos, articulan argumentos tendientes a contactar con necesidades reales de una parte de la sociedad, que sufre por la desocupación, el trabajo precario y principalmente por el miedo a perder el trabajo. En tal sentido, presentan las denominadas reformas como la solución frente a estos problemas.
En realidad, el desempleo creciente está ligado al ideario económico del Gobierno que implica una fuerte recesión, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, caída de la actividad industrial y cierre de pymes como consecuencia de la indiscriminada apertura importadora. En suma, se expresa la esencia de un modelo que se viene reiterando en el país desde Martínez de Hoz y la dictadura, pasando por Menem, Macri y ahora Milei.
Esta ofensiva del Gobierno, sin embargo, se ha encontrado con una contradicción objetiva y de discurso como consecuencia de la mentada llegada, primero, de 40.000 millones de dólares, luego de 20.000, por parte de bancos estadounidenses auspiciados por el propio Gobierno de Donald Trump, que ahora, según se dice, no llegarían. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, negó que se hubiera estado negociando tal préstamo, cuando durante semanas dejaban trascender los avances que supuestamente se producían en las tratativas. O sea que no tendremos 40.000 ni 20.000 millones, vendrían 5.000, en caso de que esta vez sí se confirmen los trascendidos que el propio oficialismo pone en circulación. Esa situación deja al Gobierno en una posición comprometida, ya que debe afrontar en pocas semanas un vencimiento de deuda de 5.000 millones, pero además desnuda la labilidad del discurso acerca del fuerte apoyo financiero de Estados Unidos, desplegado desde la campaña electoral y que seguramente influyó en una parte del electorado.
Volver al siglo XIX
Por el otro lado, como contraste con esa ofensiva del Gobierno, nos encontramos con una agudización del proceso de deterioro de los ingresos, que se expresa en el consabido «no llego a fin de mes» o «no puedo pagar la tarjeta», y el lógico incremento de la morosidad en el sistema financiero. En estos días, además, se concretaron importantes aumentos en el precio de la carne y de los alimentos en general, agravando el cuadro descripto.
En el marco de la ofensiva mencionada, resulta oportuno mencionar el proyecto de la denominada Ley de Libertad Educativa, cuyo borrador el Ejecutivo llevó al denominado Consejo de Mayo. La iniciativa implicaría la derogación de la Ley de Educación Nacional, la implementación de «formas alternativas de enseñanza», en las que el alumnado podría no concurrir a las escuelas y colegios y la admisión de la enseñanza religiosa y confesional en las escuelas públicas. Si esto avanza, estaríamos ante un proyecto pre-Ley 1.420. Para el diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, se trata «de un proyecto de reforma terraplanista que destrozaría el sistema educativo nacional».
En definitiva, se viene una fuerte disputa en el plano parlamentario, con un fuerte eco para la vida de la sociedad, ya que se tratarían temas tan sensibles como la reforma laboral y la tributaria, a la vez que se mantienen latentes las dificultades crecientes en la vida cotidiana.
En ese contexto, han vuelto a las primeras planas, desde los propios tribunales, las situaciones de corrupción que involucran a miembros del Gobierno nacional, llegando a la cúspide del Poder Ejecutivo, en el caso de la criptomoneda $Libra y, fundamentalmente, las implicancias de las coimas y la corrupción en la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), con varias autoridades comprometidas, entre ellos, el caso extraordinario de una funcionaria en cuyo domicilio se hallaron 700.000 dólares en efectivo.
Por fuera de la agenda que pretende imponer el oficialismo, se siguen generando iniciativas importantes, como el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, tradicional cita feminista que, en este caso en Corrientes y como es tradición, tuvo presencia multitudinaria de participantes de todo el país reclamando por las reivindicaciones específicas y en defensa de derechos conquistados. Una masiva marcha de cierre, con más de 20 cuadras colmadas en la avenida costanera de la capital provincial, marca que una parte de la sociedad está dispuesta a defender los avances sociales y culturales logrados a través de nuestra historia.