Página/12 | Opinión
Resulta oportuno reiterar aquella versión corregida del axioma de Lavoisier: “Nada se pierde. Todo se transfiere”. Como consigna en este diario Raúl Dellatorre (5/07), la pérdida del sector trabajo resulta cuantificable: en los 30 meses del “milagro mileísta” fue de $93.5 billones, equivalente a 62 mil millones de dólares. A esos ingresos perdidos por los trabajadores y clases medias vía salarios, se deben agregar los recursos sustraídos a la seguridad social, las obras sociales y los sindicatos. Surge entonces el obligado interrogante: ¿dónde fue a parar esa riqueza? ¿Acaso se esfumó? ¿Existe algún oscuro lugar en que se deposita y se pierde? Nada de eso. Lo que sí existe, tras las brumas que los medios hegemónicos fabrican en su práctica diaria de ocultismos informativos; es que se la llevan las corporaciones empresarias y sus propietarios capitalistas súper millonarios. Es sabido que una buena parte se fugó a guaridas en Delaware, o a islotes caribeños administrados por bucaneros que en vez de la pata de palo y el parche en el ojo, visten ropas lujosas, disfrazados de serios y eficientes banqueros. Allí habría que buscar a los que “se esconden en las cuevas de la corrupción para volverse ricos”, como acusó el arzobispo porteño García Cuerva. Las inmoralidades del patético personaje recientemente expulsado, no debieran ocultar que los “verdaderos” son los grandes corruptores que vienen chupando de la teta del Estado desde los tiempos que siguieron a las Guerras de la Independencia: oligarquías nativas, banqueros londinenses y neoyorquinos, capitanes de la industria, grandes proveedores del Estado durante el macrismo, compradores de bienes públicos a precios de saldo como en la actualidad; todos operando desde las sombras, usando lobistas que se ocupan del trabajo sucio y el transporte de valijas. Queda claro de dónde se alimenta el arcón de la riqueza sustraída de las fuerzas productivas de nuestro país, que denominan Formación de Activos Externos (FAE), estimada en 450 mil millones de dólares. El Arzobispo no anduvo con vueltas; identificó a las víctimas del despojo: los pobres, jubilados, personas con discapacidad, adolescentes víctimas del negocio narco; todos “heridos del camino de la vida”. Finalmente reivindicó “el diálogo, la justicia social, la honestidad innegociable, el sueño colectivo”, convocando a responder a las esperanzas del pueblo, ajeno a las discusiones internas alejadas de la realidad de los dirigentes. El Presidente debió escuchar impávido la alocución arzobispal.
De quienes recibe un apoyo manifiesto es de las señoras jefas del FMI, quienes decidieron que ya es tiempo de apoyar abiertamente el plan económico ideado junto a su Ministro, orgánico del J.P. Morgan. Ahora sí Kristalina visitará al presidente del país que más le debe al Fondo gracias a su afán endeudador junto al de Macri. La Directora declaró que su viaje responde a que el plan argentino es un ejemplo de la confianza de los mercados, o sea del propio Fondo y de los prestamistas privados, todos decididos al apoyo, ya que tienen que cobrar sus deudas a este país quebrado. Con ese propósito aspiran a lo de siempre: que se acentúe el ajuste contra el pueblo y se venda el patrimonio público y las riquezas naturales. Ahora queda clara otra incógnita: de dónde le vino al Presidente la repentina decisión de reformar la Carta Orgánica del BCRA. Se trata de una de las exigencias de las amables señoras, ya planteadas en el Staff Report de mayo. No se trata de una cuestión retórica, exigen que desaparezca del dogma la noción de “promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, al que ponderan como una herejía. Solo se debe continuar promoviendo “la estabilidad monetaria y financiera”, prohibiendo los conceptos sociales, que serán considerados delitos penales. Pero hay más: exigen que también los opositores validen que “no se puede perder el equilibrio fiscal”. La orden velada es clara: nada de reformismos populares progresistas. Para afirmar la inmutabilidad del modelo resulta imperioso que la justicia lo legitime. Así es que las señorías del poder judicial continúan barranca abajo transgrediendo su misión de aplicar las leyes de la nación, afirmando “Las fuerzas morales” de la sociedad, como reclamaba José Ingenieros.
Siguen remachando la proscripción y el odio a Cristina, “liberaron” de culpa a M. Macri en la causa del espionaje al ARA San Juan y ahora coronaron su impudicia, exculpando a los Jefes de la Armada. Los 44 marinos muertos y sus familiares fueron condenados a sufrir el dolor de la impunidad. Ya que están cumpliendo con los mandatos del poder político, en este caso de Los Hermanos, el juez Martínez De Giorgi separó a los querellantes de la estafa $Libra. Los jueces intercambian fallos de trascendencia pública por un juzgado para sus cónyuges, o la continuidad en el cargo por otro lustro una vez cumplidos los 75 años. ¿Cuál debiera ser la calificación moral de estas conductas?
La otra foto ampliamente difundida fue la de los gobernadores. ¿Cómo es posible que se sumen al voto de leyes contra el pueblo y el interés colectivo como nación? ¿Cómo se compadece el argumento del federalismo, o el “yo defiendo a mi provincia”, con votar la ley de reforma laboral contra los trabajadores y sindicatos; la ley contra nuestros glaciares exigida por las mineras planetarias, o el súper RIGI que le da todo a las corporaciones perdiendo ingresos básicos, generando daño ecológico y pérdida de soberanía territorial? Ahora van por la “inviolabilidad de la propiedad privada” que posibilita la venta de nuestros territorios ricos en minerales, agua, petróleo y alimentos a los monopolios extranjeros. Del lado político del sector popular todo indica que se debe avanzar, sin más pérdida de tiempo en disputas de poder; saliendo al encuentro de las nuevas expectativas colectivas de justicia social e igualdad de derechos; partiendo de comprender la disconformidad de quienes se sienten humillados y postergados. En suma, las fuerzas políticas, sociales y culturales están compelidas a defender a la Patria de la brutal agresión neocolonial de este gobierno trumpista, para lo cual se impone volver a interpelar a la base social democrática generando nuevas esperanzas en un futuro solidario y comunitario, distribuyendo riquezas para mejorar la vida de las mayorías del pueblo. No se logrará este gran propósito de la hora sin que se generen contradicciones. Pero ese es siempre el dilema de lo popular y progresista.