El discurso de Milei, tan exitoso durante la campaña electoral, se va desplazando hacia una zona de pérdida de credibilidad ante la flagrante contradicción entre relato y realidad. El ajuste es tan brutal y doloroso, que el Presidente ya no dice que lo pagará la casta, mutó hacia la variación discursiva: “tiene que hacerse con el esfuerzo de todos y todas”, con excepción de los “héroes”, que para Milei, vienen a ser los grandes empresarios supermillonarios. La cruda realidad demuestra que las corporaciones y sus dueños son la verdadera casta, y que nuevamente gozan de los beneficios del DNU 70/23, que les posibilita remarcar discrecionalmente los precios de los alimentos, las prepagas, los medicamentos, etc. También resultan una vez más favorecidos por la devaluación de 118 por ciento; de la rebaja generalizada en términos reales de los salarios y de las consecuencias sociales del ajuste. No se pretende “racionalizar” al Estado, sino liquidar su patrimonio privatizándolo, y conculcar todo tipo de derechos sociales, culturales y laborales. Ahora va quedando claro quién sufrirá las consecuencias del ajuste, desnudando la estafa infligida al electorado. Con el argumento artificioso de castigar a “la casta”, se mutila a guadañazos la estructura del Estado, cortando la obra pública, reduciendo jubilaciones; estableciendo tarifas insoportables para familias y Pymes. Para seguir aceptando un deterioro social tan hiriente, habría que pensar que todavía se sostiene en una parte de la sociedad una expectativa esperanzada, o el enojo con los gobiernos anteriores.
Sin embargo, el Presidente no trepida en pontificar para los tiempos su programa de reformas estructurales, “el más grande la historia de la humanidad”. Milei siente que en sus dos años de panelista televisivo y los tres meses de gobierno ya superó a Pericles, Cicerón, Carlomagno, Napoleón, Lincoln, Fidel; ni que hablar a sus enemigos preferidos: Marx, Roosevelt y Keynes. Lo cierto es que, luego de estos delirios, dejó en claro algo mucho más real: “para nosotros el eje central de la discusión es la batalla cultural, de allí que hay que llevarla al límite. En el fondo se discuten valores morales y culturales”. Así es que entre descalificaciones a la “casta” política, al nido de ratas del parlamento y que en la escuela pública las maestras y profesores lavan el cerebro; existe una convicción originada desde el centro del poder económico y político. Se debe librar una gran disputa cultural por ganar el cerebro y el corazón de los pueblos. Esa sí es la cuestión, como diría el gran Shakespeare.
La mutilación del Estado en aras de reducir el déficit fiscal es un clásico de los gobiernos neoliberales. En esas ocasiones el discurso se presentaba con un sesgo tecnocrático. Ahora la narrativa no expresa el argumento vinculado a parámetros de eficiencia, sino a la necesidad de demolerlo. Este punto de la disputa cultural y de sentido se ha vuelto crucial para seguir desplegando el ataque a todo lo público.
La historia de los planes y shocks de ajuste demuestra que la recesión genera una inevitable caída de la recaudación, lo cual resulta un limitante insalvable. En cambio, las oligarquías y las corporaciones locales y extranjeras siempre incrementan hasta el infinito sus fortunas, que luego giran al exterior “para protegerlas”. Luego de estas reiteradas experiencias históricas, la sociedad argentina debiera rechazar la retórica de los “ñoquis”, los “vagos” o la “grasa militante”, con la que se justifican siempre las decenas de miles de despidos en el sector público. Lo que en el fondo se está jugando no es una “imprescindible modernización” del funcionamiento estatal, sino colocar al Estado en un lugar subsidiario, para que sea el mercado, con su mano invisible, la que solucione los males sociales.
Existe una diferencia sustancial en el objetivo estratégico de este gobierno en relación a sus anteriores versiones neoliberales: no se propone restringir el poder sindical, mucho menos democratizarlo. Su objetivo es liquidarlo lisa y llanamente, soslayando cualquier matiz ideológico, político o histórico, expulsando a los seres humanos, trabajadores y profesionales, imprescindibles para llevar a la práctica las políticas públicas que necesita una sociedad para desarrollarse. Se impide deliberadamente la aplicación de políticas para garantizar derechos, educar, sanar, transportar, regular precios, garantizar jubilaciones y pensiones, promover la cultura, la información, el crédito, la ciencia y la tecnología, para distribuir la riqueza y el ingreso que socialmente se genera.
Estas semanas se exhibieron angustiosas imágenes de personas siendo despedidas, con las que solo corazones helados invadidos por odios y prejuicios pueden ser indiferentes o alegrarse. En suma, para que no haya política pública, no debe haber trabajadores estatales.
Liquidar al Estado, como proponen Milei y las corporaciones que están jugadas por sostenerlo, es llevar a la Argentina hacia el caos y al conflicto social. Es el dengue invadiendo sin ninguna política sanitaria para mitigarlo, mientras aumenta el padecimiento de miles de seres humanos. El récord de contagios y muertes por la enfermedad, la falta de repelentes y espirales, plan de vacunación, guardias hospitalarias estalladas, son la evidencia material del fracaso del mercado como instancia para resolver los problemas sociales. Se derrumba una vez más el sofisma de que con el libre juego de la oferta y la demanda las sociedades se equilibran.
De sostenerse el actual derrotero político marcado por la ultraderecha, crecerá la posibilidad de tener que afrontar una situación caótica como viene ocurriendo cada vez que se retira el Estado como regulador de la pulsión incontrolable de las corporaciones empresarias por potenciar sus ganancias.
Mientras tanto, el gobierno ultraderechista le rinde pleitesía a la ideología thatcheriana, a Estados Unidos y a la generala Richadson, intentando imponer nuevamente las relaciones carnales con los EE.UU., abandonando toda perspectiva americanista y de multilateralismo. El desmadre ideológico incluye lo nacional y lo internacional.
Algunos analistas dedicados a interpretar los acontecimientos políticos, llegaron a la conclusión que el gobierno de Milei “aprendió” de las dos derrotas parlamentarias. De allí que ya no denosta al “nido de ratas” ni a “la casta corrupta de los políticos”, y abandonó también su pulsión por “mear” a los gobernadores. Así es que su ministro político, Guillermo Francos, negocia con los amigables, a la vez que ejerce implacablemente su política de ajuste a todo lo que se mueva o trabaje en la sociedad, particularmente a las provincias. Con su látigo incruento de reducción de todo tipo de partidas presupuestarias, se propone lograr que algunos decidan negociar el tratamiento del nuevo y machucado proyecto ómnibus, que en esencia es un poco menos de lo mismo, aunque ahora con algún maquillaje.
Ya sabemos que de ese menjunje no puede resultar otra cosa que un adefesio con el propósito de siempre: aplicar el ajuste doloroso con la misma esencia violenta contra la vida de los sectores más humildes, las clases medias, las universidades y la educación pública, y lo más grave en términos sociales, el ajuste despiadado a jubilaciones y pensiones por discapacidad. Mientras el Ministro despliega su “gira negociadora”, el presidente utiliza el poder del DNU, a pesar de la herida a su legitimidad que le clavó al Senado. Gobierna por decreto trampeando al Parlamento y a la ciudadanía, aplicando un verdadero atraco a los jubilados, como señaló el gobernador Kicillof. Así las cosas, el doble juego es tan evidente que da vergüenza ajena la conducta política de aquellos que “aprecian el cambio de actitud”. Quién puede ser tan ingenuo para “interpretar” que esta ultra derecha se está abuenando e ingresa en una suerte de fase pacífica. La táctica es manifiesta: mostrar que “distribuye” algo por pedido de la burocracia asustada del FMI, que advierte el peligro de que este súper ajuste se desmadre por la inevitable reacción social.
En estos días Milei anuló las transferencias a las cajas jubilatorias de varias provincias (aunque al otro día el Ministro dedicado a prometer aclaró que no era “tan así”), eliminó por decreto el fondo de incentivo docente y, ya que estaba con el envión, descartó los artículos de la ley de presupuesto 2023 incluyendo el de los fondos de compensación al transporte público. Se trata de nuevas medidas muy tangibles contra las provincias, los empleados estatales, la docencia y educación pública. Todo con el argumento que se ataca “el derroche provincial”, otra creación del ministerio de propaganda en las sombras, al igual que la novedosa consigna Goebbeliana de que la educación pública “lava el cerebro de la gente”.
Esta ultra derecha política ahora apoyada desembozadamente por el establishment empresario local, no tiene ninguna vocación de salirse de su estrategia ultra liberal thatcheriana, que se sustenta en el apotegma de que el pueblo, las entidades sociales, sindicales y religiosas son culpables, por lo tanto, deben ser sancionadas desarticulando y destruyendo sus organizaciones, y principalmente los derechos laborales, sociales y culturales conquistados en el siglo XX y los 40 años de democracia. Los agravios, insultos y avasallamientos verbales del Presidente no deben ser ponderados solamente como delirios. Son inescindibles de una ideología alimentada de odios y resentimientos clasistas contra las mayorías trabajadoras, las ideas e identidades políticas históricas peronistas, radicales, socialistas, comunistas, cristianas progresistas, incluyendo al liberalismo clásico. Desde Marx a Keynes y desde Yrigoyen a Perón y Alfonsín, todos culpables de la decadencia de 100 años.
Resulta inevitable que esta concepción de la política nacional, tenga su correspondencia con la internacional. La postura de agresión a los presidentes y países progresistas de nuestro continente se sustenta en el odio ideológico, pero debe ser entendida también como la expresión más cipaya a la política de Estados Unidos contra la emergencia de gobiernos populares democráticos, que no se subordinan a los intereses políticos y económicos del imperialismo. Milei no se propone ser el articulador de un nucleamiento de los países y partidos de la derecha continental. Su tarea estratégica para el continente es la de erosionar, dividir e impedir la construcción de lazos que generen un poder autónomo del Departamento de Estado. Su otro propósito manifiesto, en línea con los halcones tanto trumpistas como demócratas, es atacar a la República Popular China, ofreciéndose como un ariete en la disputa global de la época que enfrenta a la gran potencia capitalista con el eje de China - Rusia y complementariamente con los Brics.
Por su ideología y personalidad, el Presidente pretende colocar a la Argentina en un lugar de relaciones mucho más carnales que las menemistas. Esta conducta abiertamente extranjerizante incluye “un respeto fraternal” con el Canciller inglés. No es de extrañar entonces el expresivo e insólito apoyo de Amcham por parte del presidente, Facundo Minujín, quien en sociedad con el Embajador aspira a repetir el rol del fracasado Spruille Braden. Lo más notable es que el establishment local (UIA -Rocca - AEA) junto al extranjero se transformó en notorios propagandistas del insondable Pacto de Mayo.
Milei actúa como un grotesco virrey, solo que ni siquiera representa a una monarquía borbónica con su poder, tradición y simbolismo de varios siglos. Su ficción virreinal no es otra cosa que la representación de fondos financieros sin rostro, con asiento en guaridas fiscales y a una burguesía local depredadora que en gran parte se enriqueció mamando de la teta del estado, desplegando un accionar anti nacional y corruptor.
Las calles de 8 de Marzo y particularmente las del 24 en todas las plazas del país nos alientan y demuestran la vitalidad del pueblo democrático dispuesto a ser protagonista para que la Patria no se venda. La dinámica de las luchas políticas, sindicales y populares será decisiva para construir la fuerza que enfrente con vocación de triunfo a una ultra derecha que se propone transformarnos en una neo colonia como parte de su plan de exterminio social.
Desde su asunción, el gobierno nacional sostiene obcecadamente una política de shock aplicando su descarnado “ajuste doloroso“. El principal argumento justificatorio es el ya remanido de “la herencia recibida de la gestión despilfarradora”. Vivir en estado de shock forma parte de su táctica política. El sistema de choque y agresividad como una constante, implica recorte del gasto social y desregulación total, incluyendo a todos los precios. El shock es inflación desbocada, baja de salarios y los más de 4 millones de nuevos pobres en solo tres meses. Pero también es cultural y emocional. La avanzada ideológica contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se fue articulando como políticas de estado, expresándose en un discurso oficial. El shock no es solo impacto, es colisión y destrucción del tejido social y cultural. Esa línea implica en la práctica la destrucción de la matriz productiva, industrial y científica, y la eliminación de cientos de miles de empleos. Todo esto se sustenta además en la mutilación del “Estado culpable”, siguiendo la línea fundada por Martínez de Hoz en 1976. Esta estrategia se complementa con la sumisión de la Argentina a la división internacional del trabajo en la actual fase capitalista, especialmente la subordinación pasiva a las políticas de Estados Unidos e Israel, su connotación anti China y el distanciamiento de las políticas de unión política y comercial con América Latina.
El paro y movilización del 24 de enero, los cacerolazos, las luchas gremiales, la masiva marcha del 8M en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y la reciente convocatoria del 24 de marzo en todas las plazas de las ciudades argentinas y especialmente en Plaza de Mayo, expresan la reacción de la sociedad democrática frente al propósito de desestabilización permanente del shock libertario. Como siempre, el pueblo en las calles refuerza los pactos democráticos de la sociedad, trascendiendo las identidades partidarias y religiosas; constituyéndose en un gran muro político y cultural frente al intento de reivindicar y negar las desapariciones, torturas, el robo de niños seguido del asesinato de sus madres, los vuelos de la muerte, las violaciones y castraciones, las censuras, en suma: el terrorismo de Estado, ahora reivindicado por el Presidente y la vicepresidenta.
En los últimos días se observan revelaciones de otro tipo. Siempre se conjeturó que el DNU y la Ley Ómnibus se escribían en los bufetes jurídicos de las corporaciones empresarias. Recientemente se conoció el rastro digital que dejó Kusa Liban Ángel, del “afamado” estudio Bruchou & Funes de Rioja, en el documento de Word que circula intentando revivir el capítulo fiscal de la derrotada Ley Ómnibus. El establishment impúdicamente, sin ninguna mediación, decidió ocupar directamente espacios de un gobierno políticamente débil, sin cuadros políticos ni profesionales para la función pública, desnudando una conducta improvisada e irresponsable. Consecuentemente, las entidades representativas del empresariado se lanzaron al apoyo público irrestricto al gobierno de Milei. “Tenemos muchas esperanzas en el nuevo Presidente”, afirmó Paolo Rocca, el CEO del Grupo Techint, en Houston, frente a los popes de la industria petrolera, enfatizando que el punto nodal es su programa económico que “suena a lo que Argentina necesita”. Aunque se haga el chancho rengo, cuando menciona “su programa” y lo que “Argentina necesita”, en realidad habla del propio programa del establishment, no el del país. ¿Cómo interpretar que ejecutivos del grupo empresario Techint, con sede en Luxemburgo, se sumaron al Gobierno, asumiendo directamente la conducción de YPF, principal empresa del país, y de la crucial Secretaria de Trabajo? Lo mismo el “JP Morgan boy”, Luis Caputo, quien nuevamente ocupa el Ministerio de Economía, a pesar de su fracaso anterior.
Otra novedad es la decisión de las grandes empresas norteamericanas, lanzadas a intervenir en el debate político, con el agravante que instruyen al Gobierno y a la opinión pública sobre lo que se debe hacer. El presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Facundo Minujín, se derritió en elogios al presidente argentino, dejando claro que comparte “los objetivos y la dirección de las medidas anunciadas”, como “la eliminación de las trabas regulatorias y la libertad a las empresas para decidir su plan de negocios”. El líder empresario levantó el insondable “Pacto de Mayo”, calificándolo de “histórico e inédito”, instando a la oposición política a respaldarlo. AmCham y el señor Minujín se asumen como un grotesco y tardío Spruille Braden, aquel fracasado embajador norteamericano. Así es que pasaron del lobbismo subrepticio y corrupto, a hacerse cargo del gobierno.
Es notable el respaldo del establishment, ahora aluvional, al plan mileísta, impulsado por la tentación de aprovechar la oportunidad de saqueo de nuestras riquezas. Los capitalistas locales como los norteamericanos no reparan en explicitar sus intenciones. La Argentina es un país riquísimo en recursos naturales que actualmente son críticos: minerales, alimentos, energía, fuentes de agua; con grandes vías comerciales como el Paraná. La presencia del cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano en la hidrovía, la visita del jefe de la CIA exigiendo el distanciamiento de la República Popular China y la desconexión con nuestros hermanos y aliados del continente, cuyo ejemplo más irracional es el enfriamiento de los lazos políticos y comerciales con Brasil, pero también con los otros gobiernos democráticos de signo progresista: Honduras, Colombia, Cuba, Venezuela y Chile, son muestra de ello. Se trata de la subordinación irrestricta al lugar que nos asigna la embajada en el marco de su conflicto global, tanto en el plano comercial como militar.
En el momento actual, afrontamos una crucial encrucijada, ya que la contradicción entre las potencias es flagrante: o se está del lado de los vendepatrias, como diría Evita, y los reivindicadores del terrorismo de Estado y su plan económico corporativo, o se está del lado del pueblo, de la democracia, afrontando el reto de la construcción política unitaria para derrotar a la ultraderecha y abrir paso a una nueva perspectiva popular.
La semana pasada fue nuevamente fatídica para el gobierno nacional. Sufrió su segunda derrota en el Parlamento, al que el Presidente decidió desconocer y repudiar explícitamente parándose afuera y dándole la espalda. Los legisladores resistieron las presiones y se rebelaron como en la novela satírica de George Orwell “Rebelión en la granja”. Su argumento de que el 56 por ciento de votos obtenidos en el balotaje lo legitiman para avasallar al sistema democrático, incluyendo a diputados y senadores, a quienes califica como “el nido de ratas”, resulta cada vez más ineficaz. Milei ya mostró su pertinacia despreciativa a la política, la militancia y la propia democracia participativa. Sus insultos, tuits y likes a publicaciones de odio son una práctica sistemática propia de su personalidad, su modo de hacer política y su comunicación.
La democracia argentina cumple y celebra sus 40 años con un Presidente que no cree en ella. No tiene estructura política, parlamentaria ni cuadros formados para desempeñarse eficientemente en la acción gubernamental. Milei es consciente de que es un fenómeno extraño a la política argentina, que oportunamente captó la atención de la opinión pública con el apoyo de los grandes medios, aprovechando el descontento generalizado con los gobiernos anteriores, prometiendo ajustar “a la política”. En este punto crucial, también medró con la prédica de los editorialistas de derecha contra los “políticos sucios y corruptos” articulando un discurso neo thatcheriano con el envoltorio del anarco capitalismo. Se presenta como un cruzado abriéndose paso con un discurso místico, un perro muerto que le habla, las fuerzas del cielo y una biblioteca de economía vieja y sectaria. Aferrado a su fe, no registra sus derrotas ni distingue la legitimidad electoral de la legitimidad del ejercicio concreto del poder. Su rechazo al parlamento es ideológico, lo expresa con un rasgo de odio, negando que los y las diputadas y senadores también sustentan su representación en el voto popular.
Los legisladores se deben a sus votantes y a sus identidades políticas, por lo tanto, tienen que respetar el contrato electoral con la ciudadanía. En el caso de la ley ómnibus y el mega DNU, los legisladores se opusieron a conculcar derechos adquiridos de todo tipo y a favorecer a las corporaciones, particularmente a las extranjeras, hundiendo en la pobreza a los sectores humildes y medios. El presidente debería buscar a los desestabilizadores en su propio gobierno, entre ellos, a la vicepresidenta Victoria Villaruel, reconocida defensora de la última dictadura cívico militar, que pretende disfrazarse de demócrata respetuosa de las instituciones.
En este escenario de creciente debilidad política, el gobierno intenta resucitar la ley ómnibus y reflotar su artificiosa invención, el Pacto de Mayo; del cual la opinión pública no tiene la menor idea, ya que sus preocupaciones pasan por el deterioro de su calidad de vida. El plan extorsivo de liberar fondos a cambio de la aprobación de la ley quedó tambaleando ante la posibilidad real de que también caiga el DNU. Ante este cuadro de deterioro político producto de las sucesivas derrotas parlamentarias cabe preguntarse: ¿qué pensará la fila de funcionarios del FMI que están preocupados por la sustentabilidad del plan de ajuste doloroso?; ante lo cual le recomiendan amorosamente que no haga caer “tan desproporcionadamente” el ajuste sobre los más vulnerables.
Mientras tanto, en su guerra santa contra el gobernador Kicillof, el presidente convoca a “la rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires, enervado por la suba de impuestos rurales como forma de compensar la retención de fondos que aplicó arbitrariamente el gobierno nacional. El gravamen afecta a 2138 campos sobre 300 mil y la valuación de cada uno de ellos es de más de US$3 millones. La narrativa libertaria llamando al incumplimiento de la ley se desarma por sus propios actos: llama a la rebelión argumentando que son “impuestos expropiatorios”, mientras se intenta reinstalar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que involucraría la rebaja del sueldo a más de un millón de personas. Se trata de una contradicción flagrante, imposible de ser votada en el parlamento.
El establishment afirma su apoyo al gobierno, lo elogia y estimula aunque se pregunta hasta dónde podrán sostenerse las políticas de Milei. Dos derrotas parlamentarias, un paro nacional, movilizaciones masivas y cacerolazos se sucedieron en solo tres meses de gestión. En medio de los elogios las corporaciones empresarias locales están más concentradas en aprovechar la oportunidad para saquear todo lo que pueda en el menor tiempo posible. El botín es grande y tentador: nueva era de remate de empresas públicas, de tierras fecundas y fenomenales márgenes de ganancias producto de la liberación de precios. Los excesos son de tal magnitud que los propios medios que los representan emiten señales de alarma. En estos días denuncian que Coca Cola aumentó sus precios un 603,5 por ciento en un año. Su competidor, Pepsico no se quedó atrás, también remarcó un 607,3 por ciento. Y en el rubro alimentos, la harina, arroz, leche y el aceite tuvieron alzas de más del 100 por ciento en tres meses. La conducta remarcadora de las grandes empresas no es una novedad de época. Nunca el mercado se autorregula solo, esa es una tarea exclusiva del Estado nacional en defensa de los consumidores, que son los ciudadanos. Todo indica que la inflación de marzo irá en alza nuevamente. Serán muchos más los millones de pobres y hambrientos en el país. El gobierno ya no tendrá ningún “numerazo que festejar”.
Ante este escenario de desastre social, de incertidumbre y de pérdida de soberanía como nación, resulta imperiosa la unión patriótica de las fuerzas democráticas en un acuerdo programático del cual surja un frente político y social amplio que tenga como meta principal evitar el hambre y el saqueo de nuestras empresas y recursos naturales. El próximo 24 de marzo, cuando la ciudadanía, los estudiantes, los sindicatos, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, los movimientos sociales y las fuerzas políticas acudan al llamado de los organismos de derechos humanos para recordar y homenajear a los y las 30 mil y repudiar a la dictadura genocida videlista, será una oportunidad para amalgamar en las calles la unión de la gran mayoría de la sociedad democrática.
“El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado (…) Proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean”, se jactaba presuntuosamente el actual Presidente cuando logró el primer lugar en las elecciones primarias. Sin embargo, lo que Javier Milei no imaginaba era que el Fondo manifestaría públicamente su preocupación por la sostenibilidad política del programa, considerando el nivel de agresión del mismo a la sociedad. La existencia de 27 millones de pobres y 7 millones de adultos y niños/as que pasan hambre, ya representa en sí misma una crisis social que, a medida que la recesión, la caída del salario y las jubilaciones se sigan profundizando, abrirá las puertas a un creciente y más dramático conflicto social. Luego de la mega devaluación de enero, la desregulación de la economía, el fin de la obra pública y la “libertad de precios”, la pobreza aumentó en dos meses casi diez puntos; luego de los aumentos tarifarios de transporte, luz, agua, gas y prepaga, ¿cuántos millones más serán?
El desborde de los formadores de precios es tal que desde los burócratas del fondo al menemista Domingo Cavallo les sugieren moderación a las grandes corporaciones culpables de las remarcaciones. Algo así como pedirles a los tiburones, cuando huelen sangre, que se transformen en vegetarianos. La historia demuestra que estas invocaciones morales nunca han tenido respuesta, ya que lo suyo es exclusivamente la potenciación de sus ganancias. Los tiburones seguirán siendo tiburones.
Sin embargo, este cuadro trágico en términos humanos no es lo que preocupa al Fondo más allá de que Gita Gopinath, su número dos, sugiera que el ajuste no caiga “desproporcionadamente” sobre las familias y los jubilados. La vocera del FMI, Julie Kozack, a la par que advertía sobre los excesos del programa mileista, apoyaba explícitamente su filosofía y puesta en práctica señalando enfáticamente: “La consolidación fiscal fuerte, el freno a la emisión monetaria, y la política cambiaria están dando resultados; y ¡la inflación está empezando a bajar!”. Tras la brumas de sus preocupaciones por las posibles reacciones sociales, la funcionaria apoya el corazón de las políticas de Milei y su hermana. Resulta imprescindible reiterarlo: el apoyo del Fondo Monetario está amalgamado con las corporaciones locales y extranjeras, que se pronunciaron con todas sus fuerzas a favor del pacto propuesto por el Presidente. Sin embargo, los burócratas del Fondo son conscientes de la debilidad política estructural de un gobierno que va perdiendo legitimidad. Tienen claro que el programa de Milei es el “segundo tiempo de Macri”, su confiable y auténtico representante, al que otorgaron el histórico “acuerdo” por 45 mil millones de dólares para que su gobierno pueda finalizar en tiempo y competir electoralmente. La historia es conocida: Macri fue derrotado pero nos dejó la lápida de la deuda, aunque los dólares se fugaron. Habría que preguntarles a los dirigentes de AEA, UIA y Amcham en qué guaridas están esas riquezas nacionales.
Milei acepta obligado la indicación fondomonetarista de la búsqueda de consensos políticos más amplios, aunque su convicción, su ideología y su soberbia triunfalista le impiden transitar el camino de una negociación política racional. Su llamado al diálogo es extorsivo, pretende ganar los votos en el Parlamento a cambio de ceder algunos fondos que previamente despojó de forma arbitraria a las propias provincias. Pero existe otro elemento simbólico y político insoslayable: el Presidente no deja de insultar a gobernadores y diputados. Sería sorprendente que luego de decirles a unos que son un nido de ratas, y a otros que los va a mear, se allanen indignamente a sus extorsiones. Ellos también tienen la legitimidad del voto ciudadano y la obligación de defender los intereses de sus provincias, pero son parte de un colectivo nacional tanto en términos históricos como económicos y culturales, todo lo cual incluye el valor de la dignidad que deviene de la historia patria.
Las declaraciones de los funcionarios del FMI sugieren cautela al Presidente, lo cierto es que comparten el mismo propósito político: aplicar un plan sustentado en la ideas de la admirada Margaret Thatcher. Las corporaciones del establishment local y extranjero están decididas a acompañarlo en la aprobación de la “nueva” Ley Ómnibus y el no rechazo al mega DNU como condiciones excluyentes del pomposamente denominado Pacto de Mayo. Apoyan la extorsión: fondos por plenos poderes, privatizaciones de empresas públicas, liquidación de la educación y las universidades públicas y continuidad del ajuste salarial. Su compromiso y entusiasmo es tal que concluyen con un remedo poético: “el pacto nos llena de esperanzas”, “los 10 puntos coinciden con nuestra propuesta”, “rogamos a todos los sectores políticos dejar las diferencias”. Sin ningún sentido poético, el Presidente continúa machacando que sostendrá el ajuste y gobernará por decreto.
El más grande contrasentido es el simbólico, a partir del intento grotesco de apropiarse de la conmemoración patria. El 25 de Mayo de 1810 triunfó una revolución de independencia nacional, anticolonialista y americanista que derrotó al imperio colonial luego de 300 años, que incluyó el genocidio de nuestros pueblos originarios. Aquel 25 de Mayo los patriotas Mariano Moreno, Manuel Belgrano, J. J. Castelli, José Paso, Alberti y otros, decidieron junto al pueblo tomar la historia en sus manos rompiendo con la dominación extranjera y sus representantes locales. Luego San Martín y Bolívar libraron las guerras de independencia hasta el triunfo final en Ayacucho, aunque la unidad continental soñada por ellos no se pudo lograr. Nunca un grupo que se somete a las corporaciones internacionales, unidas a una burguesía local depredadora puede invocar al 25 de Mayo. “El pacto” sería contra el pueblo y contra la soberanía nacional, desde un gobierno que celebra su sumisión al Reino Unido y niega la disputa por la soberanía de nuestras Malvinas. Sería una suerte de nuevo pacto Roca-Runciman, ahora con un Presidente que celebra a los grandes empresarios como sus “verdaderos héroes”, a Trump como su ídolo y al canciller británico Cameron como su fraternal amigo. Nuevamente la historia se repetiría como farsa, contra la Nación y el Pueblo.
La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso tiene como propósito constitucional que el presidente realice un informe del estado de la Nación y, fundamentalmente una perspectiva para el año parlamentario que comienza. Sin embargo, asistimos a una impúdica escenificación teatral televisiva de apoyo absoluto a Milei, a su discurso provocador y amenazante a los parlamentarios, tanto a los opositores de UxP como a los de los bloques que no se le subordinaron y votaron en contra de la ley “para el olvido”, inflingiendo una dura derrota al proyecto destructor del Estado.
El Presidente y su círculo áulico se propone arrastrar a empujones y extorsiones a la oposición “dialoguista”, negando el choque que se va generando por la reacción social, más aún si tenemos en cuenta que, según el propio Milei, en abril y mayo, “tocaremos fondo”. Es decir que para esos meses serán muchos más los pobres y hambrientos (que ahora llaman indigentes) que engrosen oprobiosamente las estadísticas, sean de la UCA o del INDEC. Serán muchas más las pymes y comercios que cierren y despidan personal, continuará el deterioro salarial de las jubilaciones y cualquier ingreso fijo, arrasados por la inflación post devaluación récord del 128 por ciento.
La propuesta del Presidente solo tiene 10 títulos, muy parecidos al fracasado Consenso de Washington de principios de los ‘90. Los gobernadores, dependiendo del signo político y su relación con la Casa Rosada, van tomando distintas posturas: los aliados o “amigables” estarían de acuerdo bajo la inspiración manifiesta del PRO y Mauricio Macri, los “dialoguistas” saludan el convite pero aclaran que tiene que haber consenso y no imposición; y quienes fueron votados para llevar adelante políticas opuestas a las de Milei, fueron contundentes: el pacto es una extorsión para legitimar el plan económico antipopular explicitado brutalmente en la ley ómnibus; si no se acepta a libro cerrado habrá enfrentamiento: “si buscan conflicto, conflicto tendrán”, se despachó el Presidente. Milei intenta que esta movida transforme la derrota política de la ley ómnibus en triunfo sobre la base del chantaje, utilizando los fondos públicos pertenecientes a la Nación y a las provincias contra las provincias “culpables”. La convocatoria a Córdoba se propone fracturar los movimientos de unidad que mostraron los gobernadores, especialmente los patagónicos. Quienes no trepidaron en salir a festejar eufóricos el índice de títulos neoliberales que componen “los 10 puntos del nuevo orden argentino” fueron las corporaciones. La AmCham (Cámara argentino-norteamericana), calificó de “hito” al pacto, que también gozó de un fuerte respaldo de UIA, AEA, IDEA, Adeba, ABA, CAC, Cicyp y Camarco; todo lo cual no deja dudas sobre el sentido político del mismo y, especialmente, sobre quienes saben que serán los ganadores. El apoyo orgánico y político del establishment es notable; a estos engolados señores no los perturba que el presidente diga que el parlamento es un nido de ratas o que están todos ensobrados. Cuando huelen a saqueo rápido de los bienes públicos, y la posibilidad de que se arrasen con los derechos laborales y sociales, sus discursos republicanos pasan al arcón de los recuerdos. Concluyen “amorosamente”: “el pacto nos llena de esperanza”, “los 10 puntos coinciden con nuestras propuestas”, confesando que el plan mileista es el de ellos. No trepidan en convocar a la grandeza patriótica: “rogamos a todos los sectores políticos a dejar diferencias”. Algo así como: todos con Milei y el nuevo orden. La jugada del presidente busca además gambetear la crisis social en ciernes, con una iniciativa que va más allá de la concreción del pacto. Su principal tesoro, el Mega DNU, sigue vigente, como espada de Damocles que pesa sobre la sociedad, aunque la dinámica política va llevando también a que el Senado liquide ese engendro anticonstitucional.
Con lo dicho y anunciado durante el discurso inaugural, Milei continúa con su desvalorización de todo valor democrático, y con su ciega ofensiva, para consolidar el plan de las grandes corporaciones locales y extranjeras. Ahora lo hace usando una extorsión abierta y primitiva para imponer “los diez principios del nuevo orden económico argentino”, que no son otra cosa que una vulgar remasterización del “fin de la historia”. Un fukuyismo a la violeta, que deshistoriza y esconde que la verdadera decadencia de la argentina tiene origen en ideas y políticas que hoy se revisten de modernas, pero que son las viejas y fracasadas de las oligarquías, ahora neoliberalizadas. Milei se propone una refundación luego de la fase “decadente” del capitalismo argentino, ocultando a los verdaderos culpables: la dictadura cívico militar, el menemismo corrupto y el macrismo.
Por último, sobre el show en el parlamento: el sesgo violento y descalificante contra sus enemigos, con el paquete de aplaudidores, cánticos y gritos excitados para transmitir una épica en el que el dispositivo televisivo anuló a la oposición. Se eliminaron los rostros del disenso, los de la indignación, especialmente cuando insultó la memoria de nuestro pueblo con aquello de los “30 mil de verdad”. También se ocultó lo que sucedió afuera, en las calles, con las cacerolas, la movilización apostada en las vallas para repudiar el ajuste y a su mentor. El anuncio del cierre Télam está ligado a una actitud autoritaria y ajustadora anti estado y contra las y los trabajadores, utilizando la máscara del déficit cero.
Toda la teatralización será coronada por el Pacto de Mayo al que el pueblo no fue invitado pero sí aquellos que Milei señala como la “Casta”. Si en poco más de 75 días la pobreza pasó del 44,7 por ciento al 57 por ciento y la indigencia trepó al 23,8 por ciento ¿cuáles serán los guarismos por entonces? El presidente apuesta a que el pueblo empobrecido y abrumado mirará lo que se cocine de aquí a mayo o con la ñata contra el vidrio. Todo indica que se trata de un pronóstico voluntarista. Lo que habrá será un crecimiento de la protesta en las calles. Antes de mayo, viene marzo: el 8M y el 24M sin dudas serán grandes demostraciones de fuerza de una sociedad que rechaza el ajuste, el odio, la misoginia y el desprecio por los derechos humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia que encarna el actual gobierno.
Existe un clásico enunciado en la ciencia política que fundamenta la correspondencia entre la política exterior e interior de los gobiernos. Los paradigmas ideológicos provenientes del marxismo siempre han sostenido esta visión, ponderando que el cuadro de situación y las relaciones de fuerzas del tablero internacional, condicionan y determinan las políticas interiores. Juan Perón también se afirmaba en esa idea como viga maestra del análisis político. En tal sentido afirmaba: “la verdadera política es la política internacional”. En el caso de la Presidencia de Milei, el relacionamiento entre su visión internacional y la política interior se aplica en un sentido extremo, despreciando el saber diplomático y la ponderación de las contradicciones inevitables, producto del juego de alianzas entre los países. El Presidente ha decidido aplicar una política de absoluta subordinación a Estados Unidos complementariamente a Gran Bretaña y al gobierno israelí de Netanyahu.
Se trata de un retorno a las relaciones carnales menemistas, que como entonces, implica un alineamiento en el juego geopolítico de las potencias, incluyendo situaciones de guerra, asumiendo irresponsablemente riesgos para nuestro país. Si repasamos las políticas económicas internas, también están inspiradas en el acatamiento irrestricto a los intereses de las grandes potencias, particularmente a su afán manifiesto por apropiarse de nuestros recursos naturales.
En relación a las burguesías locales, han decidido volcar su apoyo al libertarismo, atraídos por su plan de vender 40 empresas públicas. Ellos serían los beneficiarios de la subasta que en los 90s se hizo a precio vil, sustentado en un sistema de corrupción generalizada (Menem - Dromi). En esta etapa tienen otra motivación muy trascendente: el gobierno mileista se lanzó a la liquidación de los derechos laborales, sociales y culturales construidos por nuestro pueblo a lo largo del siglo XX y en los 40 años de democracia. Así es que se va generando una alianza estratégica entre los intereses de EE.UU. y el Reino Unido y el gran empresariado local: UIA, Amcham, CAC, SRA, AEA. En los hechos se afirma esa línea estratégica más allá de las naturales contradicciones que siempre existen al interior de las fracciones del poder económico y la obvia preocupación por el desprecio del Presidente al sistema democrático.
El viraje del posicionamiento internacional de Milei, implica una ruptura de las anteriores políticas americanistas y multilaterales, el alejamiento de Brasil, nuestro principal aliado político y comercial, y de otros países del continente como Bolivia, Colombia y México, a lo que hay que sumar la prejuiciosa y demencial confrontación con China “porque no negocio con comunistas”, y el rechazo a ingresar a los BRICS. La causa principal de la precipitada decisión de retirarse de los BRICS fue mostrar que nuestro alineamiento con EE.UU. es absoluto e incondicional. Lo más indignante y paradigmático de la política exterior del gobierno, es la subordinación a Gran Bretaña. La cancillería eludió repudiar la visita del ministro de Asuntos Exteriores, David Cameron, a nuestras Islas Malvinas. La ministra Mondino soslaya la posición colonialista del Reino Unido, rechazada por la comunidad internacional en Naciones Unidas. Mondino y Cameron declararon la existencia de un “desacuerdo”, relativizando que existe una disputa de soberanía, para concluir amigablemente en la necesidad de avanzar “en la cooperación mutua”. A esa política pro inglesa, el Presidente la calificó en Davos como una nueva etapa en nuestras relaciones, “por lo tanto estamos felices de recibirlos en nuestro país”. Esas formas amigables y fraternales con la potencia colonial demuestra la decisión política de renunciar a nuestro reclamo soberano sobre las Islas Malvinas.
En la misma clave debe ubicarse el reciente hecho oprobioso de la aparición en el balcón histórico de la Casa Rosada del secretario de Estado de los EE.UU, Anthony Blinken. Resulta muy difícil encontrar en la historia argentina una actitud más colonialista. En correspondencia con la política internacional, Milei acentúo el ataque a las provincias y al parlamento, lo cual va generando un enfrentamiento institucional y un clima de ruptura comprometiendo la unidad nacional. Por otra parte, obnubilado por su afán de llevar a cabo el ajuste del financista Caputo, y su aspiración a ser “El Trump de Las Pampas”, no trepida en atacar a todos los sectores sociales, trabajadores, Pymes, clases medias, la cultura, etc. Para ese plan extremista de ultra derecha necesita destruir a las organizaciones sindicales (no importa su origen ni perspectiva política), se propone también subordinar a las organizaciones sociales que representan a millones de pobres y hambrientos.
Paradójicamente la dupla Milei - Caputo anda de festejo. Salieron a celebrar el éxito del superávit fiscal del mes de enero esperando que sus votantes los acompañen. Tal reacción no ocurrió. En realidad, era imposible porque la mayoría del pueblo tiene otras urgencias cotidianas como alimentarse, la educación de sus hijos, transportarse al trabajo o a los centros de estudios, inclusive sectores de clase media tratando de no caer de su nivel de vida. Pero hay otras causas más tangibles: el “triunfo del superávit” se logró sobre la base de reducir en un 50% programas como el Potenciar Trabajo y las becas Progresar, también achicó el “gasto” en jubilaciones y pensiones, redujo drásticamente las inversiones en obras públicas, siguió con un recorte del 16% en los aportes a las universidades y redujo un 15% los sueldos de los trabajadores del Estado. A pesar de todo esto, imaginó celebraciones populares, exaltando su sacrificio en aras del tótem del “ajuste doloroso inspirado en las fuerzas del cielo”.
El dilema que debemos enfrentar radica en si la anterior descripción un tanto literaria, no se corresponde con los elementos que realmente impulsan a Milei. Volviendo a la relación con lo internacional, la número dos del FMI, además de apoyar el plan, ya que esta vez va de verdad a fondo en la reducción del gasto público advirtió sobre la necesidad de “generar apoyo social y político”. Gita Gopinath apoya, pero no come vidrio, y por ahora no pone ni un dólar.
Transcurridos solo 75 días del gobierno de Milei, la ciudadanía se enfrenta a una situación dramática, para resolver sus necesidades básicas cotidianas y por la incertidumbre ante lo que se viene anunciando vinculado al “ajuste doloroso” en marcha. Rebaja de sueldos a los maestros vía no pago del FONID, porque “no existe” al decir del vocero presidencial, cesantías en diversos organismos públicos, quita de fondos a los comedores que dan de comer a cuatro millones de personas, liquidación del fondo fiduciario que asigna recursos para fines determinados como: infraestructura de transporte, programas Procrear y Progresar, infraestructura hídrica, coberturas de salud, políticas contra incendios, defensa de humedales, etc. A todas estas temáticas, el Presidente las aglutina en la frase vulgar y falsa de “es plata para la caja de la política”.
Como revancha de su derrota parlamentaria, Milei ordenó clausurar la negociación para la actualización del salario mínimo, vital y móvil, condenando a millones de trabajadores/as y a beneficiarios de ayudas sociales, a la guadaña de la licuación inflacionaria de sus ya modestísimos ingresos. Se trata de una de las tantas crueldades que tiene un efecto inmediato en la vida de los 27 millones de pobres. Este número patético surge de la estadística del Observatorio de la UCA.
La preocupación se potencia por la velocidad del deterioro social: en el tercer trimestre del 2023, la pobreza ya era altísima con un guarismo del 44,7 por ciento, pero en enero se elevó al 57 por ciento. A ese dato se le debe sumar el otro componente lacerante, la indigencia, que trepó al 23,8 por ciento. Es necesario aclarar que el término indigencia es engañoso, ya que oculta la esencia del dato estadístico: se trata de adultos y niños/as que no pueden adquirir su alimento cotidiano. En suma, convivimos en un país sumido en la indignidad de la pobreza, con 7 millones de personas que pasan hambre.
Estos datos no se deben registrar en términos estadísticos y aritméticos, sino como expresión de una sociedad inhumana e insolidaria, que concentra la riqueza en los dueños de las corporaciones cada vez más supermillonarios. En estos días de penurias para las grandes mayorías sus organizaciones (AEA, CAME, UIA, SRA, CAC, AmCham) apoyaron decididamente el plan de ajuste del Presidente, cebados por la tentación del saqueo inminente de los bienes públicos que se pondrían en subasta. Ya subidos a la aventura mileista no trepidan en acompañar el plan de destrucción de las organizaciones sindicales, más allá del origen y la perspectiva política de cada una de ellas, precedido por el discurso “anticasta, políticos corruptos y la mugre del parlamento”.
Todo indica que ese propósito tiene un destino abismal. No podrá superar la lucha defensista de las conquistas sociales, culturales y democráticas de nuestro pueblo. El presidente Milei desde su convicción de enviado por los cielos a corregir y sancionar los extravíos de gobiernos, partidos políticos y gobernadores, festejó por haber logrado el superávit fiscal de enero, aunque conviva con el 45 por ciento de inflación en sus dos primeros meses. La exultante celebración tiene implícita la idea de que el costo social y político es inevitable para llegar a ¡la meta soñada de ser como Irlanda, eso sí, dentro de 45 años! Quizás imagina que el pueblo dejará de lado sus penurias del día a día, y acompañará la celebración manifestándose en las calles al grito de “viva el superávit”.
Complementariamente, el Presidente especula con que “le conviene” polemizar con la artista popular Lali Espósito. Lo único cierto es que el mundo artístico, la cultura y la ciencia viene militando contra su propósito de destruir y colonizar a los organismos y a los propios trabajadores de la cultura. Emergen cada vez más disconformidades demostrativas en el contrato electoral con la parte de la sociedad que confió en el discurso de Milei. El Presidente y su hermana ante las derrotas que los debilitan y aíslan a sus potenciales aliados, se proponen redoblar la apuesta al todo o nada, reafirmando la senda autoritaria inaugurada con el mega DNU, aún vigente y sin tratamiento parlamentario. En tal sentido refuerza furiosamente su ataque a los gobernadores a los que coloca ante la ciudadanía como “culpables de traición”. La realidad es que esta estrategia desenfrenada a quienes daña es a los pueblos de nuestras provincias. En suma, la enorme mayoría de la sociedad, en sus diversos estratos sociales, está inmersa en una grave crisis inducida deliberadamente. Milei resulta ser el partero de su propia crisis.
Este cuadro social no excluye el daño que viene generando a la clase media a partir de los incrementos abruptos en combustibles, tarifas de gas, luz y agua, colegios privados, prepagas, alquileres y todo lo relacionado con turismo, recreación y cultura. Los tiempos del plan del Presidente, ahora sustentado en el apoyo de las corporaciones empresarias; no se corresponden con la inevitable reacción social, de allí que imagina como alternativa salvadora la aventura de la dolarización, que llevaría al país a un abismo económico y político.
El reciente pronunciamiento de Cristina generó un fuerte impacto político especialmente en el ancho mundo del campo popular, que viene siendo partícipe y protagonista del proceso iniciado con el advenimiento de Néstor Kirchner y luego con los dos períodos de la presidencia de la propia Cristina Fernández. El documento manifiesta su propósito asignando la prioridad a la clave histórica, a la que se le une indisolublemente la económica y política. Se trata “de comprender la verdadera naturaleza de nuestro problema como país”, y a continuación refuta la teoría del déficit fiscal como principal causa de inflación, ratificando su enfoque sobre la escasez de dólares y el endeudamiento compulsivo en dicha moneda como lo determinante. Resulta imprescindible la lectura y comprensión integral del documento, ya que su correcta ponderación política aporta a dilucidar las causas de la derrota electoral y orienta sobre el presente y futuro en términos de táctica política y alianzas, adelantando conceptos fundamentales para la elaboración de un programa popular y progresista ante la emergencia política y social que vivimos las y los argentinos, que compromete la propia vigencia de nuestra democracia.
La ruidosa caída del “proyecto de ley ómnibus” en el Parlamento, luego de cacerolazos en todo el país, de un paro con una gran movilización nacional, de la participación crítica de más de 200 organizaciones de la sociedad civil durante su tratamiento en comisiones; todo lo cual fue inficionado por la represión a las manifestaciones populares desplegadas fuera del recinto, representó una fuerte derrota para el gobierno nacional. El fracaso impactó en el corazón de su estrategia, tanto económica como política, ya que lesiona su temerario plan de desguace y venta del patrimonio público, junto a un cruel y violento arrasamiento de los derechos sociales y culturales logrados desde los inicios del siglo XX y los 40 años de nuestra democracia.
Desde el minuto uno el Congreso todo, incluyendo a amigables y a enemigos; estaba acusado de casta corrupta que se “merecía” un repudio simbólico ostensible. De allí que el Presidente electo decidió darle la espalda al Congreso en la asamblea legislativa. Surge entonces un interrogante obligado ¿cómo ponderará al Parlamento, luego que le infligiera una grave derrota política? Y consecuentemente, ¿cómo se propone actuar con esa… “mugre de la política”? Si bien sus enemigos privilegiados de “la casta” son los kirchneristas a los que hay que eliminar, ahora también ingresaron al purgatorio una buena parte de los radicales, algunos díscolos del bloque que lidera Pichetto, e inclusive muchos gobernadores tanto propios como extraños.
Mientras tanto el poder real está lanzado impúdicamente al saqueo aluvional que le ofrece la ultra derecha, de allí que decidió apoyarlo explícitamente subiéndose en masa al avión rumbo al vaticano. Desde Roma, Milei actualizó su doctrina señalando: “no estoy dispuesto a hacer política de manera mugrosa, corrupta y perversa”. El final lastimoso de la ley podría inducir a pensar que su origen e invención se generó en algún laboratorio arltiano, como aquel de los “7 locos”. Aunque está comprobado que en realidad salió de los estudios jurídicos y contables de las corporaciones. Fueron vanos los intentos de Pichetto y algunos otros, quienes desde su pragmatismo, siempre están dispuestos a salvarle la ropa al macrismo ahora integrado al mileismo.
Otro punto insoslayable del análisis es la unidad lograda por el bloque de Unión por la Patria, el más grande la Cámara, a pesar de la defección del jaldismo tucumano, que a la postre le resultó inservible. A pesar de la frustración, el Presidente se sostiene en su propósito desde su pertinacia y a pesar de que insulta y desprecia a sus pretendidos aliados amigables y dialoguistas; pondera que estuvo muy cerca de lograrlo ya que 149 legisladores / as votaron en general su engendro antidemocrático, afanosos por “defender la gobernabilidad”.
Como es sabido, los principales interesados por conservar el statu quo son siempre sus verdaderos dueños: el poder económico. Así es que la gobernabilidad quedó expuesta, de allí que los editorialistas de la prensa adicta, ahora integrados a la aventura de la ultra derecha populista, “sugieren” que amplíe su dañada base de sustentación asociándose con sus congéneres ideológicos del macrismo, a pesar de que la imagen de su líder ante la sociedad sigue por el piso. Los teóricos de ese círculo rojo, ya bastante ennegrecido; reelaboran nuevas tácticas para favorecer una gestión que más rápido de lo establecido por los manuales comienza a crujir y a exhibir agrietamientos muy peligrosos para ellos.
Se llega a esta situación por dos notorias causas concurrentes: el proyecto político económico del triunfador en las elecciones ataca en términos económicos sociales y culturales a la gran mayoría de la sociedad, agravando la vida de los núcleos más humildes, de los trabajadores y las clases medias. Su fanatismo pro mercado deriva inevitablemente en una agresión a la esencia de los valores y el sistema democrático y a todo lo que lo expresa y materializa; tanto en la organización institucional como en las relacionales políticas, parlamentarias, los sectores sindicales, sociales, el mundo de la cultura, etc. En este sentido, el aislamiento del Presidente es muy rápido e incluye a sus ministros, algunos de ellos ignotos e inoperantes, y otros gastados por anteriores fracasos. Resulta ya demasiado vulgar y tendenciosa la voluntad de ocultar al otro gran determinante: el crecimiento de la oposición social y cultural. Su punto culminante fue el paro y acto en todas las ciudades del país el 24 de enero. La movilización de millones de hombres y mujeres del pueblo a solo 45 días del nuevo gobierno demostró la enorme capacidad de respuesta de la ciudadanía, cuando siente y percibe que sus derechos sociales y políticos son avasallados. La amplia unidad sustentada en las organizaciones sindicales (la CGT y la CTA), junto a los movimientos sociales; catalizó la notable reacción de la cultura, del mundo de la ciencia y la tecnología, de los movimientos barriales, los feminismos, etc.
Todo indica que la reacción popular irá creciendo en la medida que el plan económico de Milei, Caputo, Sturzenegger y Macri, sustentado en su viga maestra ideológica de la “inevitabilidad del ajuste doloroso”, vaya exhibiendo sus graves consecuencias para la vida del pueblo y la nación. El Presidente ya reafirmó que lo cumplirá, sea como sea: “si no me aprueban la ley en el parlamento lo haré por decreto”. Esa posibilidad existe en términos reales por la vigencia del DNU, de forma tal que ya derrotada la ley del oprobio, se avecina la lucha frontal contra el decreto por recuperar la vigencia de los valores democráticos. Resulta necesario ponderar que la crisis del gobierno, no necesariamente se corresponde con la percepción del electorado, que depositó sus expectativas en el “cambio contra la casta”. No existe tal conexión ni automaticidad entre un fenómeno y otro, que algunos esperan ansiosamente. Lo que sí se palpa en la vida cotidiana es el deterioro de la imagen de invencibilidad, lo insustancial de la verborragia agresiva, cada vez más contrastante con la sensación del día a día que se vive por el brutal ajuste de salarios y jubilaciones y los aumentos irrefrenables de los precios cuyos culpables son los de siempre: las corporaciones empresarias, a pesar de que Milei las considera “grandes héroes”.
En estos días turbulentos, se generó un acontecimiento político tan paradójico como significativo: en el Parlamento el gobierno del presidente Milei sufría una fuerte derrota, mientras la dirigencia empresaria apoyaba de manera vehemente al gobierno y su “plan” económico. Las Cámaras que las representan políticamente, reiteraban su compromiso con el mileismo. Como siempre expresaban su “preocupación” por lo acaecido en Diputados, reclamando la necesidad imperiosa de avanzar en las reformas. AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) no trepidó en exigir que los líderes políticos promuevan “la transformación profunda” que Argentina necesita. Una vez más confunden deliberadamente su afán por potenciar las ganancias, con las necesidades del país.
Mientras tanto, una selectísima representación del establishment empresario, encabezada por Paolo Rocca, conformó una calificada comitiva para acompañar y apoyar al presidente en su gira papal simbolizando su apoyo irrestricto a Milei y a su proyecto político.
El deseo de participar del reparto de los bienes y empresas del Estado que comenzarían a subastarse, resulta más fuerte que sus discursos democratistas sobre transparencias, reglas de juego, corrupciones de los políticos y el Estado elefantiásico. Lo primero es ganar plata fácil. No se sienten representados por aquellas palabras de San Ambrosio que solía mentar M. Moreno: “es mejor conservar la vida de los mortales que la de los metales”.
El proyecto de ley “ómnibus” venía en caída libre a pesar del “espíritu de colaboración” planteado por la “oposición dialoguista” (otro eufemismo que diluía una posición política que se proponía acompañar a Milei en su cruzada por terminar con la casta y, particularmente, con el kirchnerismo). El derrumbe de la ley consumó un acontecimiento quizás único en la larga historia del Congreso.
Más allá de la torpeza pública del Presidente; de sus “delfines”, más parecidos a deportistas amateurs queriendo competir en las olimpiadas; y de los editorialistas de los medios “serios” que desplegaron todo tipo de piruetas interpretativas para salvarle la ropa; lo de fondo es que en una situación crucial se logró que una parte de los parlamentarios y de las fuerzas políticas que representan, fueran asumiendo una actitud digna, que exprese idearios e identidades que abrevaron en sus partidos y militancias y trayectorias políticas. Por su parte, el bloque de UxP sostuvo con firmeza y unidad su posicionamiento.
La presión del gobierno fue brutal, sustentada en una conducta tan soberbia como irrefrenable, que día tras día, mostraba su sentido antidemocrático, y su decisión de someterse al ya extraviado deseo de las corporaciones, tanto multinacionales como locales; por repartirse las riquezas naturales y empresas públicas, que inesperadamente el gobierno les ofrecía para satisfacer su libido, en pos de ser cada vez más supermillonarios y exhibirse en un lugar más notable en ranking de la farándula de los ricos del mundo.
Cierto es que, tras la derrota, era necesario culpabilizar, ya no a la casta en general, sino a una particular. Así fue que quedaron señalados los gobernadores como la “casta que destruye al país, contra el pueblo”, sin siquiera ponderar a propios y extraños. Tanto es así que hasta los del PRO se sintieron acusados, con el riesgo de integrar la lista negra de los que sufrirán la vindicta libertaria. El presidente manifiestamente enervado, ratificó su idea del Mesías redentor, enviado de los cielos a salvarnos del mal. Todos los que no se le sometan serán condenados al purgatorio para su purificación.
Es sabido que la soberbia obnubila. Desde allí se podría entender la aspiración de que los gobernadores no defiendan a sus provincias e incumplan con su responsabilidad de gestionar para sostener la vida de sus ciudadanos, ya agredida por la inflación galopante y el congelamiento extorsivo de las partidas presupuestarias. Como todos preveían, a muchos legisladores les resultaba imposible allanarse a las arbitrariedades y el reaccionarismo de la ley, de allí que durante el tratamiento en particular, se fue generando una situación caótica, mientras el bloque unido de LLA y el PRO, iba sufriendo una derrota tras otra.
El derrumbe involucraba desde las facultades, que en realidad dejaban de ser extraordinarias, para mutar a dictatoriales; las privatizaciones inspiradas en las de Menem-Dromi, hasta la normativa represiva de la ministra estrella Bullrich. La motosierra se llevaba puesta todo tipo de leyes, entre ellas los fondos de integración socio-urbano, con sus graves implicancias sociales, las normas que regulan y protegen nuestros recursos naturales, la protección de bosques nativos y al subsidio a las zonas frías. La ceguera devenida del pecado capital de la soberbia, los condujo a pensar lo inconcebible en términos políticos: que los legisladores de las provincias beneficiadas por el subsidio al consumo de las zonas frías, votarían por su eliminación.
El gobierno se sostiene en la intervención de los medios públicos, aspira a aplicar la retrógrada “esencialidad” a los docentes, intentando liquidar el derecho de huelga, y ni que hablar del congelamiento y los recortes de todo lo relacionado con educación y cultura.
En el camino quedaba vaciado de autoridad el ministro Francos, la tardía aparición telefónica del funcionario Luis Caputo, quien siempre mostró su desprecio por el parlamento, ya que solo cree en el toro de Wall Street. Y en todo este cuadro patético, el presidente de la cámara, Menem, gesticulaba y balbuceaba como turco en la neblina.
En suma, aquella escena televisiva del Presidente utilizando la palabra “afuera” para mostrar todo lo que se eliminaría del Estado y los derechos, mutó, de esa prepotencia mediática a la impotencia política.
Lo cierto es que primero en las calles y plazas del 24 de enero, y luego en el Parlamento, va creciendo el enfrentamiento entre el proyecto de las corporaciones locales y extranjeras, liderado por el presidente electo, y la oposición política, social y cultural. El escenario está cada vez más abierto y vertiginoso.
El discurso de Milei, tan exitoso durante la campaña electoral, se va desplazando hacia una zona de pérdida de credibilidad ante la flagrante contradicción entre relato y realidad. El ajuste es tan brutal y doloroso, que el Presidente ya no dice que lo pagará la casta, mutó hacia la variación discursiva: “tiene que hacerse con el esfuerzo de todos y todas”, con excepción de los “héroes”, que para Milei, vienen a ser los grandes empresarios supermillonarios. La cruda realidad demuestra que las corporaciones y sus dueños son la verdadera casta, y que nuevamente gozan de los beneficios del DNU 70/23, que les posibilita remarcar discrecionalmente los precios de los alimentos, las prepagas, los medicamentos, etc. También resultan una vez más favorecidos por la devaluación de 118 por ciento; de la rebaja generalizada en términos reales de los salarios y de las consecuencias sociales del ajuste. No se pretende “racionalizar” al Estado, sino liquidar su patrimonio privatizándolo, y conculcar todo tipo de derechos sociales, culturales y laborales. Ahora va quedando claro quién sufrirá las consecuencias del ajuste, desnudando la estafa infligida al electorado. Con el argumento artificioso de castigar a “la casta”, se mutila a guadañazos la estructura del Estado, cortando la obra pública, reduciendo jubilaciones; estableciendo tarifas insoportables para familias y Pymes. Para seguir aceptando un deterioro social tan hiriente, habría que pensar que todavía se sostiene en una parte de la sociedad una expectativa esperanzada, o el enojo con los gobiernos anteriores.
Algunos analistas dedicados a interpretar los acontecimientos políticos, llegaron a la conclusión que el gobierno de Milei “aprendió” de las dos derrotas parlamentarias. De allí que ya no denosta al “nido de ratas” ni a “la casta corrupta de los políticos”, y abandonó también su pulsión por “mear” a los gobernadores. Así es que su ministro político, Guillermo Francos, negocia con los amigables, a la vez que ejerce implacablemente su política de ajuste a todo lo que se mueva o trabaje en la sociedad, particularmente a las provincias. Con su látigo incruento de reducción de todo tipo de partidas presupuestarias, se propone lograr que algunos decidan negociar el tratamiento del nuevo y machucado proyecto ómnibus, que en esencia es un poco menos de lo mismo, aunque ahora con algún maquillaje.
Desde su asunción, el gobierno nacional sostiene obcecadamente una política de shock aplicando su descarnado “ajuste doloroso“. El principal argumento justificatorio es el ya remanido de “la herencia recibida de la gestión despilfarradora”. Vivir en estado de shock forma parte de su táctica política. El sistema de choque y agresividad como una constante, implica recorte del gasto social y desregulación total, incluyendo a todos los precios. El shock es inflación desbocada, baja de salarios y los más de 4 millones de nuevos pobres en solo tres meses. Pero también es cultural y emocional. La avanzada ideológica contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se fue articulando como políticas de estado, expresándose en un discurso oficial. El shock no es solo impacto, es colisión y destrucción del tejido social y cultural. Esa línea implica en la práctica la destrucción de la matriz productiva, industrial y científica, y la eliminación de cientos de miles de empleos. Todo esto se sustenta además en la mutilación del “Estado culpable”, siguiendo la línea fundada por Martínez de Hoz en 1976. Esta estrategia se complementa con la sumisión de la Argentina a la división internacional del trabajo en la actual fase capitalista, especialmente la subordinación pasiva a las políticas de Estados Unidos e Israel, su connotación anti China y el distanciamiento de las políticas de unión política y comercial con América Latina.
La semana pasada fue nuevamente fatídica para el gobierno nacional. Sufrió su segunda derrota en el Parlamento, al que el Presidente decidió desconocer y repudiar explícitamente parándose afuera y dándole la espalda. Los legisladores resistieron las presiones y se rebelaron como en la novela satírica de George Orwell “Rebelión en la granja”. Su argumento de que el 56 por ciento de votos obtenidos en el balotaje lo legitiman para avasallar al sistema democrático, incluyendo a diputados y senadores, a quienes califica como “el nido de ratas”, resulta cada vez más ineficaz. Milei ya mostró su pertinacia despreciativa a la política, la militancia y la propia democracia participativa. Sus insultos, tuits y likes a publicaciones de odio son una práctica sistemática propia de su personalidad, su modo de hacer política y su comunicación.
“El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado (…) Proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean”, se jactaba presuntuosamente el actual Presidente cuando logró el primer lugar en las elecciones primarias. Sin embargo, lo que Javier Milei no imaginaba era que el Fondo manifestaría públicamente su preocupación por la sostenibilidad política del programa, considerando el nivel de agresión del mismo a la sociedad. La existencia de 27 millones de pobres y 7 millones de adultos y niños/as que pasan hambre, ya representa en sí misma una crisis social que, a medida que la recesión, la caída del salario y las jubilaciones se sigan profundizando, abrirá las puertas a un creciente y más dramático conflicto social. Luego de la mega devaluación de enero, la desregulación de la economía, el fin de la obra pública y la “libertad de precios”, la pobreza aumentó en dos meses casi diez puntos; luego de los aumentos tarifarios de transporte, luz, agua, gas y prepaga, ¿cuántos millones más serán?
La apertura de las sesiones ordinarias del Congreso tiene como propósito constitucional que el presidente realice un informe del estado de la Nación y, fundamentalmente una perspectiva para el año parlamentario que comienza. Sin embargo, asistimos a una impúdica escenificación teatral televisiva de apoyo absoluto a Milei, a su discurso provocador y amenazante a los parlamentarios, tanto a los opositores de UxP como a los de los bloques que no se le subordinaron y votaron en contra de la ley “para el olvido”, inflingiendo una dura derrota al proyecto destructor del Estado.
Existe un clásico enunciado en la ciencia política que fundamenta la correspondencia entre la política exterior e interior de los gobiernos. Los paradigmas ideológicos provenientes del marxismo siempre han sostenido esta visión, ponderando que el cuadro de situación y las relaciones de fuerzas del tablero internacional, condicionan y determinan las políticas interiores. Juan Perón también se afirmaba en esa idea como viga maestra del análisis político. En tal sentido afirmaba: “la verdadera política es la política internacional”. En el caso de la Presidencia de Milei, el relacionamiento entre su visión internacional y la política interior se aplica en un sentido extremo, despreciando el saber diplomático y la ponderación de las contradicciones inevitables, producto del juego de alianzas entre los países. El Presidente ha decidido aplicar una política de absoluta subordinación a Estados Unidos complementariamente a Gran Bretaña y al gobierno israelí de Netanyahu.
Transcurridos solo 75 días del gobierno de Milei, la ciudadanía se enfrenta a una situación dramática, para resolver sus necesidades básicas cotidianas y por la incertidumbre ante lo que se viene anunciando vinculado al “ajuste doloroso” en marcha. Rebaja de sueldos a los maestros vía no pago del FONID, porque “no existe” al decir del vocero presidencial, cesantías en diversos organismos públicos, quita de fondos a los comedores que dan de comer a cuatro millones de personas, liquidación del fondo fiduciario que asigna recursos para fines determinados como: infraestructura de transporte, programas Procrear y Progresar, infraestructura hídrica, coberturas de salud, políticas contra incendios, defensa de humedales, etc. A todas estas temáticas, el Presidente las aglutina en la frase vulgar y falsa de “es plata para la caja de la política”.
La ruidosa caída del “proyecto de ley ómnibus” en el Parlamento, luego de cacerolazos en todo el país, de un paro con una gran movilización nacional, de la participación crítica de más de 200 organizaciones de la sociedad civil durante su tratamiento en comisiones; todo lo cual fue inficionado por la represión a las manifestaciones populares desplegadas fuera del recinto, representó una fuerte derrota para el gobierno nacional. El fracaso impactó en el corazón de su estrategia, tanto económica como política, ya que lesiona su temerario plan de desguace y venta del patrimonio público, junto a un cruel y violento arrasamiento de los derechos sociales y culturales logrados desde los inicios del siglo XX y los 40 años de nuestra democracia.
En estos días turbulentos, se generó un acontecimiento político tan paradójico como significativo: en el Parlamento el gobierno del presidente Milei sufría una fuerte derrota, mientras la dirigencia empresaria apoyaba de manera vehemente al gobierno y su “plan” económico. Las Cámaras que las representan políticamente, reiteraban su compromiso con el mileismo. Como siempre expresaban su “preocupación” por lo acaecido en Diputados, reclamando la necesidad imperiosa de avanzar en las reformas. AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) no trepidó en exigir que los líderes políticos promuevan “la transformación profunda” que Argentina necesita. Una vez más confunden deliberadamente su afán por potenciar las ganancias, con las necesidades del país.
