Emergencia para la Solidaridad Social

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

diputadosA pocos días de haber asumido como presidente, Alberto Fernández mandó al Congreso un proyecto de ley para salir rápidamente al encuentro de la crisis social. Desde su primer artículo se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, lo cual implica delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional. El nombre es “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”. El largo título condensa los principales compromisos abordados durante la campaña y en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.

El problema de la deuda externa es señalado al comienzo del proyecto, para facultar al gobierno a llevar a cabo los actos necesarios para garantizar su sostenibilidad. Los acreedores y en especial el FMI quieren conocer el programa de gobierno y su consistencia. Dicho proyecto de ley encara los problemas más acuciantes de la economía nacional.

Una de las políticas más antipopulares del gobierno saliente fueron los tarifazos de los servicios públicos. Desde los comienzos de su gestión, Macri fue incrementando las tarifas y quitando subsidios, desoyendo la angustia de los usuarios, sin perdonar siquiera a los clubes de barrio. El nuevo gobierno acaba de dar curso a una revisión tarifaria por un máximo de 180 días propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020. Al mismo tiempo, dispuso la administración de los principales entes reguladores de los servicios públicos que no cumplan con su rol de defensa de los usuarios.

Una medida como la tarifaria tiene que ver tanto con la solidaridad social con los consumidores domiciliarios como con la reactivación productiva, ya que las empresas no tendrán que afrontar mayores costos.

Para atender la recuperación de las pymes, el gobierno de Macri dispuso blanqueos y moratorias a los fugadores financieros, pero a las pequeñas y medianas empresas productivas de nuestro país, a los comercios, los acosó quitándoles ventas, subiéndoles costos tarifarios y financieros. Esos pequeños capitales nacionales ahora tendrán la oportunidad de regularizar su situación con el fisco accediendo a facilidades de pagos y condonaciones.

Una parte del sustento del plan saldrá del impuesto a los bienes personales. Se trata de uno de los tributos más equitativos porque gravan la riqueza. El gobierno de Macri buscó reducirlos hasta extinguirlos, desfinanciando al Estado y atentando contra la solidaridad tributaria. Ahora sus alícuotas vuelven a los niveles previos, incrementándose aún más para los activos radicados en el exterior, como una manera de recuperar algo de lo que oportunamente no pagaron y fomentar la repatriación de esos capitales.

A los derechos de exportación - las llamadas retenciones- se les estipula topes porcentuales, muchos de ellos equivalentes a lo que venían tributando con el macrismo. Es parte del acuerdo social que el gobierno intenta llevar a cabo con los sectores con mayor capacidad contributiva. El Presidente ha sido claro: no puede ir a sacar de los que menos tienen. Los sectores exportadores reclaman equilibrio fiscal, pero que a ellos no les toquen los bolsillos. Sin embargo, pagar hay que pagar. El conjunto de la sociedad necesita de esos recursos.

Vuelve otro impuesto que generó cierto resquemor en el pasado: es el que se aplicará a la compra de moneda extranjera y a los pagos con tarjetas de crédito y débito que se hagan en el exterior, incluyendo los pasajes de avión para vuelos internacionales. La alícuota será del 30%. De lo recaudado, el 70% irá para financiar la seguridad social y el 30% restante a obras de infraestructura, vivienda y el turismo local. Pero aquí más que una función recaudatoria se trata de desalentar el gasto de dólares para fines como el atesoramiento o el turismo fuera del país. Es en definitiva una medida de administración de las divisas para afrontar pagos de la deuda externa que se deriven de la renegociación y a la necesidad de más largo plazo en función de una estrategia nacional de desarrollo.

Otra de las grandes injusticias recayó sobre los jubilados y los beneficiarios de la AUH por la aplicación de una fórmula de “actualización” que quedaba atrasada respecto a la inflación. El gobierno actual suspenderá esa modalidad por 180 días, hasta confeccionar una nueva fórmula. Mientras tanto fijará trimestralmente incrementos en la totalidad de los haberes, dando prioridad a los sectores de más bajos ingresos. El presidente ya ha señalado que los jubilados recibirán un aumento de 5000 pesos en diciembre y otros 5000 en enero. La emergencia en salud también viene a atender con mayor detalle las graves falencias en la salud pública.

Son los primeros grandes trazos de un gobierno que se propone cumplir lo prometido en la campaña. Hay tanto por hacer, pero el comienzo de la gestión está marcando el rumbo: sanear, distribuir y reactivar para una sociedad solidaria.

Nota publicada en Minuto Uno el 19/12/2019

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Sin pan no hay democracia ni libertad

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

afcfEl discurso del flamante presidente Alberto Fernández tras la jura que dio inicio a su gobierno, marca un cambio de rumbo notable respecto a la gestión macrista. En lo que respecta a las definiciones económicas, la principal referencia es el cambio de orientación, dejando atrás la economía de la especulación financiera para dar aliento a la producción y el trabajo, “rumbo al desarrollo con justicia social”.

La renegociación de la deuda quedó supeditada al crecimiento. El Presidente se refirió en varios pasajes a este problema crucial, con el espíritu de la frase de Néstor Kirchner cuando enfrentó la renegociación al comenzar su gobierno. “Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer”, dijo Alberto Fernández. Este orden de prioridades quedó plasmado también en la postergación de la revisión del presupuesto nacional hasta no se salde la renegociación de la deuda externa del sector público.

Estos anuncios no solo dan cuenta de un cambio de rumbo, sino también de las formas de ejercer el poder. El presidente catalogó el proceso de endeudamiento con el FMI de poco serio, y ciertamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba viciado de insostenibilidad: 57.000 millones de dólares, sin exigir un uso productivo para poder repagarlo; y para ser devuelto en apenas dos años. En definitiva, algo imposible de cumplir que evidentemente tenía ese fin para abrir lugar a mayores condicionalidades. Bueno, el nuevo Presidente ya puso la condicionalidad: “el país tiene voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”.

Ahora bien, Alberto Fernández también definió prioridades: empezar por los que menos tienen, “los marginados y excluidos de la Patria, afectados por la cultura del descarte”. El nuevo gobierno arranca con una serie de medidas para asistir a los sectores más necesitados. Entre ellas sobresalen el Plan Integral Argentina Contra el Hambre; que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo; el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas, pymes, organizaciones sociales y de la economía popular, la agricultura familiar y el cooperativismo.

Otra necesidad fundamental es la vivienda. El gobierno de Macri se jactaba de la política de los créditos UVA, que alcanzaron solo a un puñado de familias que podían acceder a esa solución de mercado, pero cuando la ecuación financiera se les dio vuelta han sido abandonados a su suerte. El Presidente también anunció la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat desde el cual se desplegará un ambicioso plan de regularización de la construcción de viviendas. En su discurso justificó estas medidas con la frase ”es inadmisible pensar que en pleno siglo XXI millones de argentinos no tengan un techo bajo el cual guarecerse”.

Además cabe destacar la convocatoria a los sectores de la sociedad para que participen de las transformaciones. Así, políticas como el conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia saldrán de un espacio formado por trabajadores, empresarios y “diversas expresiones sociales”.

Lo mismo para las medidas de más largo plazo, no serán prerrogativa exclusivas del Ejecutivo. Por eso Alberto Fernández anunció que enviará al Parlamento “las bases legislativas para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que será el órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”.

Como parte de la reactivación de los motores de la economía, anunció un Plan de Reactivación de Obras Públicas. El gobierno de Macri tras asignar recursos de forma desproporcionada a la Ciudad de Buenos Aires, había llevado a una verdadera parálisis de la obra pública agitando la bandera de la lucha contra la corrupción, cuando en realidad se comprometía con el ajuste del gasto público con el FMI privando a los argentinos de rutas, salud, educación y acceso a servicios públicos.

En suma, a pesar del calor agobiante de la primera jornada, ya comenzó a sentirse el viento de la recuperación de la soberanía y la dignidad para el pueblo. Concluimos con una de las expresiones presidenciales más notables: ”sin pan la vida solo se padece. Sin pan no hay democracia ni libertad”.

Nota publicada en Minuto Uno el 13/12/2019

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La humillación trumpeana y el empresario antiimperialista

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

trumpA días de comenzar un nuevo gobierno en la Argentina, el presidente Donald Trump marcó la cancha. Acostumbrado a gobernar por Twitter y sin respetar a nadie anunció que restituye los aranceles al acero y el aluminio a Brasil y a la Argentina. La excusa fue las devaluaciones de las monedas en estos países. Se trata, en realidad, de un argumento engañoso. En 2018 Argentina devaluó 100% su moneda y Trump, lejos de castigarnos, nos puso en la exclusiva lista de países perdonados, a los cuales mantenía libre de aranceles, mientras sancionaba al resto del mundo con alícuotas de 25% sobre el acero y 10% sobre el aluminio, en una nueva escalada de la disputa comercial con China. ¿Y ahora que se devaluó la mitad que en 2018, nos saca violentamente de la lista? Así, sin aviso, sin negociar, a tal punto que el gobierno argentino, una vez más, no sabía nada.

El impacto en la economía nacional no será menor. Si bien solo el 0,6% del acero y el 2,3% del aluminio que entra a EE.UU. provienen de la Argentina, se trata nada más y nada menos que del 40% del aluminio que exportamos, y del 10% del acero. Estimaciones indican que perderíamos 700 millones de dólares de exportaciones, justo cuando más las necesitamos.

Trump adujo que las devaluaciones perjudican a los agricultores norteamericanos. Por lo tanto, la medida sobre el acero y aluminio no es otra cosa que una represalia que cae sobre sectores que nada tienen que ver. De hecho, las devaluaciones argentinas son el resultado de un descalabro financiero del macrismo, y en tal sentido la mayor responsabilidad la tuvo el endeudamiento vertiginoso con el FMI promovido justamente por el gobierno de Trump.

Solo tras el anuncio, las acciones de Aluar se hundieron 8,5%. Su presidente Javier Madanes Quintanilla se quejó del gobierno de Macri por “el nivel de inoperancia en el manejo de la estrategia de negocios internacionales, que asusta”. Su lectura es mucho más realista que la del canciller Jorge Faurie que se la pasó allanándose pasivamente a los dictados de Estados Unidos. Pero el empresario fue por más: “Antes te mandaban a los marines, después a los aparatos de inteligencia y ahora hacen un modelo de guerra, a veces encubierta, a veces declarada, que incomoda mucho la situación de los países más débiles en términos de materia comercial. Esto lo venimos viendo hace rato. ¿Por qué lo hace? No sólo por la balanza. Hay otros temas que interesan, como la posición geopolítica de los países, en ciertas regiones, con China. Pero abiertamente usan este tipo de políticas para manejar otros intereses”. Así es que nos encontramos con una rareza, un Madanes antiimperialista.

Al gobierno saliente se le terminan de quemar los últimos papeles que tenía para lucir, ser un buen alumno del Fondo y de EE.UU. “Así paga el diablo”, diría el viejo caudillo. Lo cierto es que esta política comercial es parte de una política mayor sobre América Latina, que en países como Bolivia se basa en apoyar el golpe de Estado, y en la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Kirchner intenta condicionar, desde el vestuario, a un gobierno progresista que sugiere una amenaza a la hegemonía norteamericana.

Brasil representa el 13% de las importaciones de acero en EE.UU., pero Bolsonaro “amenazó” que de ser necesario hablará telefónicamente con Trump, ya que tiene el canal “abierto”. Sin embargo, el Brasil de Bolsonaro cae en la volteada a modo de escarmiento.

El fracaso de Macri en la política internacional solo es igualado por el tendal que deja en la economía nacional. Según un relevamiento de Ámbito Financiero, en los últimos 30 días los precios de una canasta de alimentos y productos de higiene y limpieza subieron casi 8%, el doble de lo que estiman los privados. La Universidad de Avellaneda pronostica que la canasta veraniega será un 57,2% más cara que el año pasado, y que en promedio un trabajador destina el 140% de su salario para vacaciones.

Así viene este fin de año y el verano, mientras que para marzo ya está anunciado el aumento en la cuota de los colegios privados bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires, un 20% más que se sumará al 19% que se autorizó en noviembre. Los establecimientos que no reciben apoyo estatal subirán entre un 25 y un 30%. Además, tras que el consumo de carne vacuna per cápita bajó casi 6 kilos en el año (ubicándose en 52 Kg) se anuncia “para el verano” un aumento del 40%.

En contraposición, los salarios de septiembre en el sector privado cayeron 3,1%, en el público 2,2% y en el privado no registrado 4,2%.

Queda clarísimo que los desafíos son enormes. Hará falta más democracia y más pueblo participando, siendo protagonista de su destino.


Nota publicada en Minuto Uno el 05/12/2019

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El poder económico declara: estaremos en el mismo lugar de los últimos 150 años

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

m1A semanas de la asunción del nuevo Gobierno y ante su derrota en las elecciones presidenciales, el poder real (grandes corporaciones empresarias, los medios, y “la embajada”) siente la necesidad de presionar para que continúe la política del gobierno anterior, a pesar del pronunciamiento en los comicios. Así, el FMI, la Sociedad Rural Argentina (SRA), referentes de la banca extranjera y “reputados medios de comunicación doctrinarios” salieron a recomendar la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal como medida rectora del próximo plan económico.

Después del intercambio de declaraciones de la semana pasada entre Alberto Fernández y la titular del FMI, Kristalina Georgieva -que derivó en un llamado telefónico de buenos términos-, el responsable del “Departamento para el Hemisferio Occidental” Alejandro Werner mostró los dientes del Fondo, pidió conocer el “plan completo” para ver si es “en realidad consistente” y se ofreció a “ayudar básicamente a Argentina en el diseño de su nuevo programa”. Como si se tratara de un observador libre de responsabilidades de lo ocurrido advirtió: “la deuda se ha incrementado mucho”.

Ante estas presiones Alberto Fernández fue categórico. Adelantó que no le pedirá al FMI los 11.000 millones de dólares restantes del megacrédito: “¿tengo un problemón y voy a pedir 11.000 millones más? Yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar”, “no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir, esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó uno, dos, tres, y no cumplió ninguno”. Anteriormente, el presidente electo había afirmado públicamente que “habrá un plan a cumplirse, pero sin más ajuste”.

A su vez, distintos delegados y directores de la SRA así como de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe y la Sociedad Rural de Rosario se manifestaron en contra de un eventual incremento de los derechos de exportación. O sea que una vez más, el sector ruralista y el agroexportador exige el congelamiento de la política impositiva. En un reciente comunicado, la SRA declara “la caída de la actividad, la persistente inflación, el déficit fiscal y la falta de créditos no son culpa del gobierno saliente, sino del «gasto público creciente»” y pide que “el esfuerzo no caiga en el sector privado”. Como vemos, reiteran la misma letanía argumental que vienen haciendo hace un siglo, a pesar de que se eliminaron buena parte de sus impuestos, se les posibilitó que puedan dejar fuera del país los dólares de nuestras exportaciones y se hayan beneficiado durante el gobierno de Macri que recibió el dólar a $9,50 y se los deja a $62.

Por su parte, La Nación volvió a hacer público su apoyo a las cámaras del sector a través de José Claudio Escribano, aquél que escribiera un editorial político planteando un pliego de condiciones al presidente Néstor Kirchner al comenzar su mandato. En esta ocasión cerró un discurso en el acto de entrega de los Premios La Nación - Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria diciendo, en relación al sector: “La Nación que lo ha acompañado sin altibajos durante 150 años, estará en el lugar de siempre, a su lado”. Clarísimo: La Nación y la Sociedad Rural declaran y confiesan su pertenencia al poder real, al margen de los gobiernos del sistema democrático.

Pero Alberto Fernández también fue claro en este tema: “en la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo”.

La banca extranjera también mostró sus preferencias. Enrique Cristofani, presidente no ejecutivo del Directorio del Banco Santander, declaró: “la prioridad es asegurar el superávit fiscal primario y bajar la presión impositiva que pagan las empresas (en este caso la banca extranjera) y las personas. Otro que en buen romance se adelanta a reclamar pagar menos impuestos. En esta línea, Alberto Fernández se pronunció claramente reiterando “entre los bancos y jubilados me quedo con los jubilados”, en el afán por definir sus prioridades.

La economía nacional se encuentra estancada, el Indec anunció que el Estimador Mensual de la Actividad Económica de septiembre tuvo una caída de 2,1% respecto a igual período del año anterior. Sectores como el comercio y la industria manufacturera acumulan respectivamente 16 y 17 meses de caída interanual. El único sector que crece es el agropecuario. La vida ya demostró que este modelo es socialmente insostenible y la ciudadanía ya se pronunció en su rechazo mayoritario. El Presidente electo desplegará un proyecto político, social y cultural que está en las antípodas del macrista y para muestra un botón: “Aumentaremos salarios y jubilaciones y no le pediré permiso al FMI”. Podríamos agregar: ni a la Sociedad Rural.

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Primero los argentinos, luego los acreedores

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

fmiLa pérdida de ingresos que vienen sufriendo los trabajadores, los jubilados, las pymes y las clases medias tienen fuentes distintas pero todas emanan del mismo manantial: la “depreflación”, es decir, la caída de la actividad económica y, simultáneamente, el aumento sostenido del nivel de precios. Pero como siempre, no todos pierden. Un crudo ejemplo es el caso de los millones de jubilados que en el 2019 perderán un 13% de sus ingresos. Para explicar esta contradicción hay que ir al terreno político: los que ganan son sectores poderosos ligados al macrismo y las que pierden son las mayorías sociales que han sido condenadas a ver mermados sus ingresos. Como la inversión social en el sistema previsional es la más importante, sus aumentos se basan en una fórmula tramposa que puso el gobierno saliente asegurando que siempre queden retrasados respecto a la inflación del período. Desde que se aplicó la movilidad macrista, los jubilados perdieron hasta un 27% frente al alza de precios. Así es que la mentada movilidad en vez de ser ascendente, degeneró en descendente.

Pero además, la canasta de los jubilados es más cara que la que mide el Indec, pues está poblada de medicamentos, los cuales han hasta quintuplicado sus precios durante el gobierno de Macri. Este fue uno de los primeros temas que Alberto Fernández fijó como prioridad. Dio una definición tajante en la campaña y reiteró recientemente siendo ya presidente electo: “yo me comprometo a que no paguen más medicamentos. En eso me comprometo”.

Como sabemos, la patronal de la gran mayoría de los 7 millones de jubilados es el Estado Nacional. Los pagos a la seguridad social, tanto en jubilaciones como en pensiones y planes sociales siempre están en la mira de los gobiernos ajustadores. Hoy vuelve a estar en la mira del FMI. Su flamante presidenta, Kristalina Georgieva, ya pidió que “el Gobierno debe ver la manera de vivir dentro de los límites presupuestarios que existen y para eso deben continuar trabajando en ver cuáles son los gastos que no son valiosos para el país”, invocando a “la responsabilidad social del gobierno”. Como un gesto del cambio de época, Alberto Fernández le contestó lo mismo que nos viene diciendo a los argentinos: “Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”. Queda claro que para el presidente electo, los jubilados sí son valiosos para el país, ya que son ciudadanas y ciudadanos que deben tener derecho a una jubilación digna.

Ante “analistas” y lobistas que reclaman “seriedad” para atender de manera urgente una renegociación por la deuda externa, Alberto Fernández estipuló prioridades: “no hay nada más urgente que la pobreza y el hambre. Si digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre, ya empiezo a condicionar”, y agregó “No hay que correr detrás de los tiempos de los acreedores, hay que correr detrás de los tiempos de los argentinos”.

Tal es el avance de la pauperización de los hogares argentinos que amerita un trato prioritario del nuevo gobierno. En octubre, una familia tipo -de un matrimonio con dos chicos- necesitó $35.648 para no ser pobres y $14.202 para no ser indigentes. Siempre hablando de la canasta de alimentos y bienes básicos que deja de lado el gasto en vivienda, colegio (en caso que sea privado), prepaga, y demás desembolsos arraigados al nivel de vida de la clase media argentina, donde además se incluye a lo cultural y la recreación como condición para su realización digna y plena.

El orden de prioridades que ha definido el gobierno entrante es el de la “mesa contra el hambre” y “poner en marcha la economía”. En este último punto trascendió una posible moratoria impositiva y de facilidades de pago dirigida a las pymes que están en una situación muy comprometida.

Después vendrá el tema financiero de la deuda externa. No es cierto que toda la deuda sea de tratamiento urgente. Hay deuda con acreedores privados, locales y extranjeros, en pesos y en dólares, y con organismos multilaterales como el FMI, o bien la reactivación del swap con China. A su vez unas vencen ahora, otras dentro de seis meses y otras dentro de un año. Todo indica entonces que el reclamo de priorizar con urgencia el acuerdo con los prestamistas, no es imprescindible. Hay margen para diseñar plazos y políticas disímiles para cada tipo de acreedor. El Poder Ejecutivo lo irá negociando privilegiando las urgencias sociales.

Pero donde no puede haber default es en las graves carencias de nuestros pibes, en la educación de nuestros jóvenes, en el trabajo de nuestras pymes, en las viviendas de nuestras familias, en la salud de nuestros viejos, ni en recuperar nuestras riquezas humanas y naturales para mejorar la vida de todos los ciudadanos de nuestra Patria.

Nota publicada en Minuto Uno el 22/11/2019

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América convulsionada rechaza el proyecto conservador

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

boliviaCon el golpe dictatorial al presidente Evo Morales ya no quedan dudas que América Latina está transitando una secuencia de destituciones y proscripción de sus gobiernos populares inspirada por Estados Unidos y las corporaciones locales, deseosos de volver a implantar la arcaica Doctrina Monroe de “América para los norteamericanos”. Primero fue Lugo en Paraguay, luego Dilma y Lula en Brasil. A ello hay que sumar las persecuciones a Rafael Correa en Ecuador y a Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Y obviamente fenómenos antidemocráticos y violentos como la grotesca autoproclamación del presidente Guaidó en Venezuela, inmediatamente reconocido por EEUU y Brasil, todo lo cual pone en evidencia la presencia de un poder destituyente en nuestro continente. El elemento común es que se tratan de gobiernos democráticos que han ensayado un camino popular alternativo al exigido por los Estados Unidos.

¿Por qué Bolivia? Entre todos los gobiernos populares que se erigieron durante los años 2000 en el continente, la Bolivia de Evo era el caso más paradigmático. Había logrado representación popular indígena (el 67% de su población), constituyendo un Estado Plurinacional, junto con una economía que recuperó sus riquezas naturales y generó mejoras de enorme trascendencia para la vida de la mayoría de su pueblo. Durante su gestión tuvo lugar un crecimiento sostenido del PBI, una tasa de desocupación en torno al 4%, y una inflación de las más bajas de la región. Tal era el virtuosismo de la gestión del binomio Evo-Linera que hasta los neoliberales argentinos lo citaban como ejemplo insospechado, incluyendo que Bolivia conseguía colocar deuda internacional a una tasa bajísima, a pesar de haber sido un país que llevó a cabo la expropiación de la principal empresa de hidrocarburos. Y quizás lo más importante en términos sociales: el gobierno del M.A.S. bajó la pobreza del 35% al 15%. Como sabemos, en la Argentina, Macri concluirá su mandato con un nivel cercano al 40%.

Paradójicamente, esos grandes avances sociales transformaron a Bolivia en un ejemplo inoportuno para América Latina. Posiblemente el triunfo de Alberto Fernández en la Argentina y las manifestaciones multitudinarias contra el Chile de Piñera alarmaron a los halcones de Estados Unidos. Sobre todo después de la emergencia del grupo de Puebla uniendo al norte y sur del continente en un nuevo proyecto latinoamericanista. Ello pudo haber desencadenado la decisión de plasmar el golpe en Bolivia. Aquí resulta inevitable traer de la historia la guerra contra Paraguay, conocida como “la triple alianza”, que quedó en la memoria como la “triple infamia”. El Brasil de Bolsonaro lidera los designios de la potencia imperial de nuestra época: Estados Unidos; seguidos por una Argentina cómplice: Mitre entonces y Macri ahora. Se unen otra vez para sofocar una experiencia ejemplar de desarrollo económico autónomo como hicieron en el siglo XIX con el Paraguay.

La felicitación impúdica de Donald Trump a los militares golpistas y el posterior reconocimiento de Jeanine Áñez -la autoproclamada presidenta de Bolivia-, desnuda el rol activo de la diplomacia trumpiana en el asalto a la democracia del país hermano. Junto a ello, la OEA continúa desempeñando un rol deleznable, primero legitimando el golpe con su veredicto sobre los escrutinios, posteriormente llamándose a silencio, coronando su papel sub-colonial, diciendo que fue un auto golpe de Evo Morales. Resulta evidente que estamos padeciendo las consecuencias de no contar con la UNASUR y CELAC.

Pero hay otra lectura que se debe realizar: la región va perdiendo uno de sus mayores atributos políticos que la diferenciaban del resto del mundo: ser un continente en paz. Dudosamente pueda preverse un impulso al crecimiento en la región con tal inestabilidad política signada por la abolición del Estado de derecho. Pero sobre todo, lo que está en disputa es el proyecto político continental para América Latina y la ambición de las grandes potencias por controlar nuestras riquezas naturales y las posiciones geopolíticas estratégicas ante un eventual recrudecimiento de las tensiones con China y Rusia.

Nos acercamos a un acontecimiento de enorme trascendencia para toda América: el 10 de diciembre en nuestro gran país, asumirá un gobierno popular fuertemente imbuido de un espíritu americanista. En ese crucial momento, nuestro continente será interpelado por el grito de Evo: “las oligarquías no aceptan que un indio y su equipo, puedan cambiar el país”. Sin embargo, allí recibirá la solidaridad de toda la América progresista y democrática.

Nota publicada en Minuto Uno el 15/11/2019

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Junio y Depetri participaron de un encuentro con comerciantes y PyMEs de Lanús

depetri1El miércoles 2 de octubre Juan Carlos Junio —secretario general del Partido Solidario— compartió junto con el candidato a intendente Edgardo Depetri, un encuentro con comerciantes y pequeños y medianos empresarios de Lanús.

La actividad contó además con la participación de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires; Graciela Silvero, referente del PSol Lanús y Julián Moreno, presidente interino de Apyme.

Durante la jornada, Junio destacó la necesidad de ampliar el triunfo que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner tuvo en las PASO para comenzar una nueva etapa en el país. “Necesitamos luchadores para salir de esta catástrofe social. El objetivo es que el pueblo recupere derechos y viva mejor. El 27 de octubre se va a abrir una nueva etapa de recuperación política en América Latina. Los Solidarios vamos a luchar junto con las otras fuerzas políticas con el máximo sentido de amplitud para garantizar ese triunfo”.

“Todos los días se cierra una empresa en Lanús, según estadísticas municipales”, afirmó Depetri. “Los salarios de los trabajadores cayeron en los últimos cuatro años en 18 puntos y las jubilaciones 20 puntos y eso genera un impacto recesivo en nuestros comercios, en nuestras empresas”, continuó. Ante este escenario, el candidato a intendente instó a apoyar al Frente de Todos para frenar la crisis y encontrar una salida productiva, en el país, en la provincia de Buenos Aires y en Lanús.

“Estamos en el último tramo de este recorrido que nos va a permitir volver a ser gobierno en diciembre, no solo a nivel nacional sino también en la provincia”, destacó por su parte Grande. “Tenemos que construir un nuevo modelo de más trabajo, más participación democrática y más distribución del ingreso”, concluyó.

Moreno, por su parte, afirmó que el sector PyME sufre las consecuencias de las políticas de ajuste de Macri y, en este sentido, enfatizó que es un logro para Apyme que su presidente, Eduardo Fernández, encabece la lista decandidatos a diputados y diputadas por la provincia de Córdoba “porque es un PyME real, que va a defender los intereses del sector”. Además, destacó que Apyme brinda su apoyo a la candidatura de Depetri en Lanús, ya que “va a hacer una gestión municipal en pos del desarrollo”.

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Las verdades del Obispo y los artificios del macrismo

Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

obispo

Hace pocos días atrás, el presidente Mauricio Macri visitaba la provincia de Salta en el marco de la misa de la Virgen del Milagro, el momento culminante de la celebración religiosa de esa provincia. Las palabras que el arzobispo Mario Cargnello dirigió al Presidente en la ceremonia quedarán en los anales del oprobio de Mauricio Macri: “Usted dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué puede decir Salta de la pobreza?, le da el rostro a la pobreza (…) por eso Mauricio, hablaste de pobreza, llévate el rostro de los pobres (…) Los pobres no son una molestia, son una oportunidad, son maestros”.

Es evidente que no sólo el contundente resultado adverso de las elecciones primarias tuvieron un efecto sancionatorio para el actual gobierno de Cambiemos, y su proyecto económico social, sino que el Presidente y sus funcionarios deben enfrentarse cotidianamente, frente a frente, al descontento de la ciudadanía por las consecuencias de sus políticas. Aquella parte de la sociedad que se encontraba aún seducida por las falsas promesas de un futuro bienestar, se reduce cada vez más.

La precariedad de las decisiones gubernamentales resulta manifiesta al evaluar su transitoriedad, ya que en el mejor de los casos llegan hasta fin de año. Recordemos que hace tan sólo dos años atrás, en el marco de las elecciones legislativas de 2017, el gobierno tomó decisiones cuya corta permanencia quedó de manifiesto al día siguiente de los comicios. En esa circunstancia, uno de los principales diarios titulaba “Primer anuncio post elecciones: desde hoy aumentan las naftas entre 9,5 y 10%”. Resulta obvio el engaño y la falta de respeto a la sociedad.

Volviendo a estos días, el lunes pasado, el ministro Lacunza presentó en el Congreso de la Nación el Proyecto de Presupuesto 2020. Esta vez, los acontecimientos climáticos (como las tormentas) dejaron de ser los causales de las desavenencias económicas. Ahora, el Ministro optó por asumir una combinación de herencia, inconsistencias o descoordinaciones y algunos factores externos, casuales, fortuitos, como la sequía o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes.

Su discurso no se compadece con la realidad. Las políticas y acciones del gobierno están directamente relacionadas con la ideología y los intereses que representa el macrismo. Bajar el costo laboral, achicar el déficit fiscal primario por la vía del ajuste del gasto público, principalmente el social, reducir la inflación a través del encarecimiento del crédito y la recesión económica, reprimarizar la economía, dolarizar tarifas y tarifazos, entre otras. Muchos de estos aspectos se llevaron a cabo y resultaron “exitosos”, con un altísimo costo social.

Ni siquiera en aquellos aspectos en los que, al menos discursivamente, el gobierno intentó destacarse, resultaron ser ciertos. Uno de los argumentos esgrimido desde el oficialismo acerca de la pobreza, que se incrementó considerablemente durante su gestión, es que la caída de los ingresos en los sectores vulnerables se ve compensada por obras de largo alcance, como la construcción de cloacas y acceso al agua potable. Sin embargo, según los registros de la empresa estatal AySA, desde 2015 el promedio de construcción de cloacas y conexiones de agua en la Capital y el Conurbano bajó un 22,5% al tiempo que la tarifa que abonan los usuarios subió casi un 800%. Además, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, las inversiones en agua potable y alcantarillado descendieron un 20% en lo que va de 2019. Se trata de un flagrante contrasentido.

Para concluir, si bien las recientes medidas tomadas tanto en el mercado cambiario como en la economía real constituyen claramente un intento del gobierno para crear una efímera idea de que algunos aspectos económicos están mejorando, queda claro que no constituyen una salida a la caótica situación generada por ellos mismos.

Se torna imprescindible por lo tanto, la elección de un verdadero cambio de rumbo a partir de diciembre próximo. Un rumbo que involucre la toma de decisiones que lleven a revertir la penosa situación que están viviendo la mayoría de los argentinos y argentinas. Un rumbo destinado a generar una redistribución del ingreso a favor de los trabajadores, mejorando la calidad de vida y el poder de consumo de la población e incentivando la actividad de los sectores productivos más perjudicados en los últimos años.

En este sentido, las próximas elecciones de octubre constituyen un verdadero desafío para la ciudadanía argentina.

Nota publicada en Minuto Uno el 19/09/2019

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“Todo lo que sea cooperativo y solidario este gobierno lo niega”

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Ansol | Entrevista

Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) dialogó con ANSOL acerca de la actualidad de la Economía Social y Solidaria, y el impacto que han tenido las políticas del macrismo en un contexto de crisis económica. Además, realizó un balance acerca de la tarea que viene realizando al frente del CCC.

21 JUN 2019 (Ansol) En diálogo con la Agencia de Noticias ANSOL, Juan Carlos Junio, Secretario General del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, acerca de la actual situación que atraviesa la Economía Social y Solidaria, expresó que: “El sector cooperativo, históricamente estuvo vinculado al mercado interno desde el punto de vista económico, y consecuentemente a los vaivenes del desarrollo social del país que está vinculado a la economía, al sistema productivo. Lo que nosotros vemos es que estos modelos económicos, sociales y culturales, con su modelo monetarista desprecia el sistema productivo en gran parte a las pequeñas y medianas empresas tanto urbanas como rurales y eso genera una situación de deterioro económico inevitable que ya lo vivimos en otras etapas del país. Situación que está acompañada por un rol del sistema financiero que, en vez de ser un sistema financiero de fomento a la actividad productiva a las PYMES, a las organizaciones del carácter civil, se transforma en un sistema de exacción de riquezas vía tasas de interés confiscatorias. Se agrega el tema de los tarifazos que es una novedad porque pocas veces en la historia este tributo formaba parte de un componente tan grave para comercios y para la industria”.

“Para nosotros siempre la situación es que pasa con la mayoría de la sociedad, no con el mercado.Nosotros no soslayamos la importancia que tienen esas grandes corporaciones económicas, pero lo que importa es como está la vida de la sociedad: el aparato productivo, los salarios, las jubilaciones, el nivel de consumo, tenemos un país donde la mitad de los niños pasa hambre. ¿Qué es eso de la euforia de los mercados? Pichetto cuando estaba en Alternativa Federal medía el 1 %. El aumento del dólar esta contenido sobre la base de recursos provenientes del FMI que todos los días se fugan. Eso es pan para hoy y hambre para mañana porque nos vamos a quedar con el pasivo y sin ningún activo. No hay problema con tener una deuda: sí compras un torno, un telar, o un departamento para vivir. Lo que es malo es endeudarse y que la plata desaparezca y que después la deuda la tengan que pagar la sociedad”, reflexionó.

Estigmatización del trabajo y la gestión cooperativa

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las tensiones que experimentaron durante el último tiempo distintas empresas de la Economía Social y Solidaria, como las cooperativas eléctricas a las que se refirió públicamente y en más de una ocasión el Presidente Macri, Junio dijo: “Todo lo que sea cooperativo, asociativo, solidario este gobierno lo niega. No lo veo como una opción de carácter social, y además cree que es negativa, porque están convencidos que lo que mueve a la sociedad es el capital, la sociedad de capitales, entre 2, 4 o 5 personas, y nunca la cooperativa de 1.000 personas, 10.000, o 1 millón como es el caso del Credicoop, acá hay muchas cooperativas grandes y en el mundo también”

En la misma línea marco que en la actualidad: “El cooperativismo sigue jugando un gran papel. Tiene reconocimiento en la sociedad, y prestigio, en los pueblos, en las ciudades, y también en los poderes representativos. Por ejemplo cuando estuvo el tema del impuesto a los capitales, nosotros apelamos a nuestro viejo reflejo y estrategia que es dirigirnos a la sociedad, no solo a nuestro millón de asociados, sino a la inserción que hay desde cada una de nuestras casas cooperativas con la comunidad y eso siempre responde y responde comprometiéndose en defensa nuestra, porque hay un prestigio del sistema cooperativo mas allá de los matices políticos, ideológicos y culturales”.

La cuestión cultural: balance del CCC

“Antes de la creación del CCC las cooperativas más relacionadas con el IMFC siempre tuvimos un componente de cultura. Hace 17 años se funda el centro cultural con la idea de que sufrimos una derrota cultural con las corrientes neoliberales. El triunfo del menemismo es el triunfo de Bernado Neudstand. Eso de ´señora, no importa si el el teléfono se fabrica en la argentina sino que el teléfono anda bien´, por lo tanto cerremos las fábricas e importemos. La idea fue conformar en el centro de la ciudad de Buenos Aires un polo de cultura que tenga esa visión crítica del capitalismo. Que defienda los valores solidarios, y que construya un núcleo de jóvenes tanto de las artes como de las ciencias sociales, y que ese núcleo juegue un papel en esta disputa cultural. Fue concebido para llegar al corazón y al cerebro, como decía Floreal Gorini. Esto creo que se logró. Logramos construir un maravilloso colectivo, con una fuerte composición de jóvenes, que abrazo los valores del cooperativismo y la conciencia de que debía aportar desde su especificidad científica y disciplinaria a esa disputa cultural”, finalizó Juan Carlos Junio en diálogo con ANSOL.

Entrevista publicada en Ansol el 21/06/2019

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Octubre: Cristina vs. Christine

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Minuto Uno | Opinión

Por Juan Carlos Junio

Mientras el presidente Macri y sus ministros nos dicen a diario que el dólar está calmo por las reservas aportadas sustancialmente por el FMI; la economía real sigue en picada con prisa y sin pausa. Los recientes indicadores de la industria y la construcción volvieron a mostrar resultados negativos. En abril, el denominado indicador sintético de la actividad de la construcción del Indec arrojó una caída de 7,5% respecto a igual mes del año anterior.

Pero hubo otras bajas: el Índice de producción industrial manufacturero del Indec muestra una caída del 9%; y en abril el resultado interanual de algunos sectores fue aun peor: los textiles –18%, prendas de vestir y calzado –16%, maquinaria y equipo –24%.

Vemos también otras caídas muy simbólicas: la empresa de la marca de piletas Pelopincho tuvo que echar 38 trabajadores. Desde el verano pasado no pudieron colocar el 50% del stock que les sobró. Ello da cuenta del derrumbe en el nivel de vida de los sectores de la clase media que acceden a este tipo de productos para soportar el calor.

También nos enteramos que la cadena de electrodomésticos Frávega deja su enorme sucursal de Av. Cabildo. Ellos dijeron que “el dueño les pidió el local que alquilaban”, pero la verdad es que a este tipo de establecimientos hace tiempo se los ve desolados. La gente sin crédito no puede comprar electrodomésticos.

Por eso relanzaron el “Ahora 12”, que podría llamarse “Ahora sirve”. Cuando lo presentó el gobierno anterior fue criticado amargamente y decían que “no servía”. Ahora, en campaña electoral aparecen ciertos “analgésicos” con el fin de que algunos sectores de la clase media compren electrodomésticos.

En el mismo sentido van a lanzar un plan de descuentos para estimular la venta de autos. Por solo un mes destinarán $ 1.000 millones a subsidios de $ 20.000 en 0 km chicos y $ 40.000 en unidades medianas. En realidad es una medida más efectista que real, ya que no se ocupa de resolver el parate de las automotrices. El mes pasado, los patentamientos fueron un 53% inferiores a mayo de 2018 y acumulan una caída de 51% en lo que va del año. Al aplicarse solo un mes, se parece más a la lógica de las “promos” comerciales que a una política pública.

Ahora bien, se apuran a dar facilidades para comprar autos y electrodomésticos pero ¿no se les ocurre regular el precio del pan que supera los $100 el kilo? O la salud que en los últimos 12 meses sufrió un aumento de precios del 60%, por encima del 56% de la inflación general y que no se compadece con ningún incremento salarial. Surge una pregunta obligada ¿Por qué no hacen un plan Salud o un plan Pan?

Y como estamos con el pan, debemos registrar que en 2018 el kilo de harina aumentó 170%. En tal sentido, el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Buenos Aires sostiene que los molinos son responsables de este aumento. El representante dijo además que “nosotros siendo país productor pagamos más cara la harina que el precio internacional, y más cara que en EEUU donde la exportamos”.

El otro gran problema es el de la salud: en medio de una feroz inflación se autorizó un nuevo incremento en la medicina prepaga del 17,5%. Se implementará en tres tramos: 5,5% en julio, 6% en agosto y 6% en septiembre. Pero ya nos habían puesto aumentos en febrero y mayo. Si sumamos todo llegamos al 30%. A este ritmo difícil pensar que no haya subas de aquí a fin de año. Por su parte, según el CEPA, en abril los 50 remedios más consumidos por la población se dispararon un 9 %, los diez más demandados subieron sólo en un mes un 16%, y algunos llegaron al 24%.

Si pasamos a la macroeconomía, y nos corremos un poco de la avalancha informativa que nos explica que este veranito del dólar quieto es el mismísimo paraíso; vemos que se ha hipotecado el futuro con el FMI para nada. En el 2001 el Fondo junto a otros organismos nos metió una deuda de 40.000 millones de dólares con el Blindaje, que no sirvió para nada, ni para sostener la convertibilidad, solo financió la fuga de capitales. Ahora nuevamente nos endeudaron por 57.000 millones y reiteraron su aceptación para financiar la fuga.

Así las cosas, Argentina es récord: concentra el 61% de la deuda mundial que otorgó el FMI. El resto está repartido en otros 16 países, como Jamaica, Irak, Angola, Barbados, Sri Lanka, Moldavia, Gabón. Recordemos que cuando uno llega a pedirle al FMI es porque está en una urgencia.

Ahora salió la doctora Lagarde del quirófano, y con el paciente anestesiado, se saca el barbijo y nos dice muy tranquila que le erró al diagnóstico, y que “subestimó la inflación”. La frase textual completa fue: “Es una situación económica increíblemente complicada que creo que muchos jugadores, incluidos nosotros mismos, subestimamos un poco”.

Ahora, la Directora Lagarde, se dispuso a entrar directamente en la campaña electoral, cuando la semana pasada se puso a criticar a Cristina Kirchner. El FMI dejó los discursos técnicos y se puso a opinar e intervenir en la política nacional, revelando sus preferencias políticas en contra de una candidata. En octubre habrá que elegir qué Cristina necesitamos, “Lagarde o Fernández”.

Nota publicada en Minuto Uno el 14/06/2019

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