Las corporaciones se sacan la máscara. Por Juan Carlos Junio
Algunos lobbies del poder económico infructuosamente intentan presentarse con un velo de asepsia ideológica.En los últimos días, algunos acontecimientos y declaraciones públicas en defensa del ya perimido modelo económico neoliberal reinstalaron conceptos ideológicos desde los cuales se sustenta la creación de entidades empresarias de carácter político. Si bien los opinantes y los lobbies del poder económico intentan infructuosamente presentarse con un velo de asepsia ideológica, inevitablemente quedan atrapados en situaciones conflictivas propias de toda sociedad donde existen hegemonías económicas y diferenciaciones culturales. Por eso, resulta apropiado ponderar esos acontecimientos de estos días, a propósito de las nociones de conflicto y de consenso.
Por ejemplo, Mauricio Macri, principal referente del PRO, se declara depositario de la “nueva política”, uno de cuyos rasgos distintivos sería el diálogo. Sin embargo, es el Jefe de Gobierno que más leyes ha vetado, incluso algunas votadas por su propia bancada en la Legislatura. Su declaración radial de que había que “tirar a (Néstor) Kirchner” por la ventana de un tren o su manifiesta admiración por Osvaldo Cacciatore, intendente porteño durante la dictadura genocida, permiten entrever que su política no tiene nada de nuevo ni de dialoguista. Además, expresa una línea que es atizada por los EE UU en toda América Latina. Según esos conceptos, quienes no hacen las cosas como ellos dicen, son autoritarios y antidemocráticos, por lo tanto ilegítimos y pasibles de ser impugnados.
En los ‘90 se aplicaron las políticas fundadas en el Consenso de Washington y producto de esta cirugía sin anestesia, Argentina pasó de una pobreza de algo más del 3% en 1975 al 53% en 2001, cuando el modelo estalló sin remedio. Privatizaciones, “flexibilización laboral” y “equilibrio fiscal” fueron las recetas que aplicaron sin dudar la dictadura cívico militar y, con matices, los gobiernos constitucionales que la sucedieron. Para 2002, la cifra de niños y jóvenes por debajo de la línea de pobreza era del 74 por ciento. Estas políticas se manifestaron también en el incremento brutal del desempleo, que llegó al 24 por ciento.
A lo largo de este siglo XXI, la llegada de los gobiernos populares en América Latina expresó la voluntad política de superar el legado trágico del neoliberal-conservadurismo. Esta perspectiva política de transformación progresista se revela en Argentina en distintos indicadores sobre cobertura social, nivel de empleo, reducción de la desigualdad social y recuperación del salario como tendencia general del período 2003-2014. Cierto es que hay aspectos estructurales que deben modificarse, fundamentalmente los relacionados con la monopolización y la extranjerización de resortes vitales de nuestra economía, o sea que la superación del carácter concentrado de la producción es un tema que sigue pendiente. Tal estructura es la que permite entender buena parte de los procesos inflacionarios inducidos por las empresas formadoras de precios.
La rutilante presentación pública del “Foro de Convergencia Empresarial” expresa a un núcleo poderoso de resistencia orgánica al proyecto político iniciado en 2003. Resulta oportuno señalar que la expansión del mercado interno ha generado durante estos años, tanto para las empresas locales como para las trasnacionales, un nivel elevadísimo de sus tasas de ganancia. Todo indica que los “convergentes” no están satisfechos con lo obtenido hasta ahora, quieren seguir ganando más allá de los límites razonables y desean que se constituya otro régimen político, que se allane incondicionalmente a sus intereses y concepciones ideológicas.
La Mesa de Enlace, hegemonizada por la Sociedad Rural; AEA (Asociación Empresaria Argentina), que aglutina a las grandes corporaciones; Idea; la cámara de Comercio de EE UU y otras expresiones del poder económico concentrado generaron un pronunciamiento que, según reza el copete de la cobertura de La Nación, “Insta a luchar contra la inflación, y respetar la Justicia y la libertad de prensa.” Hay en el discurso, en “Quiénes somos. Qué necesitamos”, una serie de elementos que reproducen como un mantra la tradicional programática de las grandes corporaciones empresarias que vuelve a la carga con sus viejas ideas: el “respeto a la propiedad privada” y “bajar la inflación”, producto para ellos de las condiciones macroeconómicas que obstaculizan el libre juego de la oferta y la demanda. En tal sentido, es impugnado el programa Precios Cuidados y se propone a cambio “garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas”. Esos mercados resultan una verdadera estafa ideológica cuando se revisa la estructura económica y su configuración oligopólica, donde pocas empresas concentran en cada rama de la economía una gran capacidad de definir los precios.
En suma, como en otros momentos de la historia reaparecen los grupos económicos, “atendidos por sus propios dueños”. El hecho no resulta novedoso ya que desde los orígenes de la constitución del Estado Nacional los sectores económicamente poderosos se han representado a sí mismos como la expresión pura de la Patria, asumiendo de facto una legitimidad que el pueblo jamás les otorgó. La Sociedad Rural, entidad señera en materia de identidad oligárquica e impulsora de esta convergencia, expresa claramente ese paradigma antidemocrático. Desde esas pretensiones hegemonistas, La Nación titula: “Inédita propuesta empresarial para consensuar políticas de Estado.” La propuesta no tiene nada de inédita. Expresa el mismo programa de todas las épocas para asegurar las ganancias de un empresariado concentrado, extranjerizado y muy lejano del ideal fundacional del capitalismo de audaces emprendedores productivos. Tampoco apunta a consensuar políticas de Estado. Se trata de una exigencia de capitulación para volver al régimen neoliberal-conservador, uno de cuyos núcleos ideológicos centrales es la negación del rol del Estado y la preeminencia de los mercados. Como contrapartida, van surgiendo nucleamientos de trabajadores, pymes y empresas familiares, movimientos estudiantiles, campesinos y entidades cooperativas y de la economía social, que se disponen a defender y construir un proyecto colectivo con la máxima participación del pueblo. Se caen las máscaras cuando la lucha político-cultural se agudiza y las mayorías populares se afirman en su lucha por consolidar una democracia cada vez más igualitaria.
