Proyectos contrapuestos y rol del Estado. Por Juan Carlos Junio
Tiempo Argentino | Visiones políticas
Un modelo que favorece la asignación de recursos a los sectores sociales más necesitados y la visión antagónica de la oposición.
En diversas oportunidades hemos planteado nuestra opinión en torno al significado que suele atribuírsele al concepto de “modelo”, interpretando que además de lo económico abarca el orden de lo social, lo político, lo cultural y lo ambiental, para citar sus ejes centrales. Todo lo cual, debe apuntar a construir una sociedad igualitaria, no sólo en materia de distribución de ingresos y de riqueza, sino también en derechos fundamentales como el acceso a la salud y la educación. En suma, se trata de un proyecto político que abarca al conjunto de las temáticas de la Nación. Sin estas consideraciones, hablar de modelo, e incluso de categorías como desarrollo, puede transformarse en un ejercicio vacío.
A su vez, las definiciones difusas en que se suele incurrir, también constituyen un terreno fértil para las posturas conservadoras, que nuevamente basan sus planteos en un imaginario fin de ciclo, que en buen romance quiere decir el fin del actual proyecto político kirchnerista en un sentido integral. Se trata de una definición abstracta, pero potente para los intereses de quienes desean el retorno a épocas neoliberales. Al respecto, no resultan casuales las frases vertidas en el documento que las grandes corporaciones elaboraron recientemente, en ocasión del ya comentado Foro de Convergencia Empresarial. Allí sostienen que “el respeto a la propiedad privada y la búsqueda del beneficio son objetivos genuinos y válidos del empresario, y constituyen parte fundamental del engranaje que permite el funcionamiento pleno de este motor del desarrollo sostenible, en su aspecto tanto ambiental como social y económico”. Interesa ver que con artificios semánticos cuelan en su discurso la temática del desarrollo económico-social, pero lo supeditan al accionar, la buena voluntad y los intereses de sus propias empresas, ya sean locales o extranjeras.
En este marco, adquiere una relevancia central el eje de la disputa por el “aparato estatal”. Es que con su particular visión del desarrollo, estos empresarios le asignan el rol de “asegurar la educación, la salud y la seguridad e invertir en infraestructura”. En sí misma, la estrategia apunta a garantizar que el Estado se circunscriba al buen ciclo de sus negocios, silenciando la cuestión central de la distribución de la riqueza, como viga maestra de todo proyecto de Nación democrática.
En contraposición a esta visión, en un reciente informe titulado “Pactos para la igualdad. Hacia un futuro sostenible”, la CEPAL plantea “la dificultad para avanzar hacia un modelo de desarrollo que logre gobernar en forma inteligente recursos naturales, que conjugue la expansión del bienestar con mejores servicios públicos para todos y que reduzca de manera sustancial la concentración de la riqueza y la desigual apropiación del crecimiento económico entre los distintos actores”. Para el organismo de Naciones Unidas, estos factores justifican “una mayor injerencia del Estado”. Ejemplos de ella pueden ser la implementación de herramientas para reducir los “altos niveles de informalidad del empleo” de la región y la provisión de un “transporte público eficiente y de calidad”. La CEPAL también hace mención a que la distribución “ya está afectada por la intervención estatal (o por su ausencia)”, dando como ejemplos el establecimiento de salarios mínimos, o las negociaciones colectivas, la regulación de los mercados concentrados, haciendo especial alusión a la “construcción de una estructura tributaria y de gasto público socialmente sostenible para lograr un alto impacto redistributivo”.
Los puntos que plantea la CEPAL en su informe tienen la virtud de abonar la idea de que es preciso contar con un Estado activo y eficiente. A pesar de ello, en nuestro país la derecha inspirada en aquello de que “achicar el Estado es agrandar el país”, al igual que lo hizo en los ‘80, antes de las privatizaciones, sigue apuntando a desprestigiar desde una perspectiva puramente “economicista” las políticas que se vienen tomando desde el Estado. Sin dudas, no hace falta mucha pericia para tomar nota de los resultados de la recuperación estatal de YPF, que rápidamente ha podido incrementar la producción y los niveles de inversión, tras la debacle de la gestión privada. Por su parte, Aerolíneas Argentinas, luego del vaciamiento en la que fue sumida por los capitalistas españoles “que la salvarían” y que derivó en que se retomara su control estatal en 2009, ha renovado su flota, presta un servicio de calidad y, después de 25 años, conecta todas las provincias del país, que ahora cuenta con una aerolínea de bandera. En el plano de los trenes, se acaba de renovar íntegramente el material rodante del ferrocarril San Martín, luego de 50 años, proceso que se completará en los próximos meses en el Mitre y el Sarmiento, brindando un servicio de mayor calidad a nuestros ciudadanos. En la materia, nos queda el desafío de construir una industria ferroviaria nacional, como ya tuvimos antes del vendaval menemista. Lo que resulta indiscutible es el fracaso del sector privado para administrar los ferrocarriles con un sentido de servicio a la comunidad. También se han observado avances importantes en la generación de energía eléctrica, aunque se requiere seguir trabajando en la distribución, ya que las empresas privadas que la administran mostraron grandes falencias en la prestación del servicio. La recuperación de los fondos previsionales, que estaban en manos de empresas cuyo objeto era especular con esos grandes recursos, ha implicado una vuelta al anterior sistema de solidaridad intergeneracional, posibilitando darle un cauce productivo a los recursos que administra el Fondo de Garantía, que antes se destinaban a alimentar la burbuja de las finanzas. Esta reestatización de gran porte favorece a toda la política previsional y social de millones de jubilados.
A futuro, es preciso continuar encarando los amplios y complejos desafíos que presenta este momento histórico. Se trata de favorecer la asignación de recursos a los sectores sociales más necesitados, con miras a generar mayores niveles de igualdad; para ello resulta imprescindible fortalecer un rol activo del Estado, como expresión democrática de la sociedad, en la regulación de la actividad económica, poniendo un freno a la pulsión de las grandes corporaciones por la acumulación y la concentración de la riqueza.
