Con unos pocos días de diferencia, Horacio Rodríguez Larreta realizó varias presentaciones como candidato presidencial. Tanto en su aparición más reciente, en la que formuló los logros de su administración; como en su discurso de apertura de sesiones legislativas, se abrió paso enfáticamente con un eslogan propagandístico que seguramente no hará historia y muchos menos recibirá el gran premio a la originalidad: ¡Yo lo que prometo, lo cumplo!
Para completar su fraseo marketinero, también proclamó su “culto del método”, que vendría a ser un originalísimo mecanismo de planeamiento donde “todo está planeado y todo es medible”. Una mezcla imposible de la “medida de todas las cosas” (Protágoras) y de “El discurso del método” (R. Descartes).
La causa verdadera de estos afanes tan estrafalarios como infructuosos es el ansia por recuperar terreno en su campaña presidencial luego de que su video de lanzamiento haya pasado con pena y sin gloria, a pesar de que algunos analistas en su afán de ser “realistas” se apresuraron a ponderarlo como muy moderno y eficaz. La película diminuta debió enfrentarse a diversos e inesperados obstáculos externos, aunque el principal fue su propia naturaleza, tan vacía de sentido como cargada de envanecimiento y autocomplacencia. También sufrió la hostil competencia interna: María Eugenia Vidal y Mauricio Macri inaugurando oficinas, y con Patricia Bullrich descalificándolo por “tibio”; por lo tanto exige que “se abstenga”. La Argentina, como colectivo nacional y sus habitantes chocaríamos si llegáramos a encandilarnos con la luz del faro larretista, cuyo haz, en realidad contiene las políticas con las que ya nos estrellamos en los ’90 y durante la gestión de Macri, que el pueblo sancionó en el 2019 dando el triunfo al Frente de Todos.
Nuevamente Larreta osciló entre el fraseo de ultraderecha para la tribuna antipopulista y odiadora, sazonada con una pócima más “amplia” antigrieta, con destino a la otra gente moderada. El candidato continuó desplegando consignas totalmente desligadas de la realidad y de su propio accionar político. Como en su spot de campaña, el jefe de gobierno porteño volvió a intentar colocarse en el lugar de la antigrieta, de la antipolarización, tratando de argumentar que si los problemas del país no se han resuelto es por “décadas de peleas generadas por políticos”. Se trata de una frase arquetípica de vaciamiento ideológico y subestimación a la conciencia de la sociedad. Entre sofismas, frases envasadas por expertos y venta de buzones, aparece una pretensión insostenible para un político fabricado por Macri: “Yo seré el fin de la grieta”. Lo cierto es que Macri, Bullrich, Vidal y Gabriela Michetti no fueron ni son parte de ningún partido neutralista, sino de una fuerza conservadora subordinada a intereses económicos tanto locales como internacionales del mundo trumpista: la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), el Foro de Convergencia Empresaria, la AEA y la UIA. Consecuentemente, su ideología y propaganda se ha caracterizado por un antiperonismo y antiizquierdismo cerril, que descalifica y persigue a los opositores en asociación con la cabeza del poder judicial y los grandes medios. Todos ellos son los verdaderos inventores de la grieta como calificación política para atacar a Cristina Kirchner, haciéndola culpable de la ahora olvidada “crispación social” con la que machacaron durante años. Otra perla de su discurso es un elemento utilizado desde siempre por las usinas ideológicas del poder: la deshistorización. Solo que esta vez sorprende el período de tiempo que quiere negar: “Nos animamos a transformar la ciudad y ahora nos vamos a animar a transformar el país”. Olvida que es continuador del gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que gestionó el país durante 2015–2019, generó un enorme despojo al salario, las jubilaciones, el sistema público de educación, salud y transporte y endeudó al país con el FMI y los bonistas en cifras que batieron récords mundiales.
Nuevamente, Larreta colocó a la educación como la estrella de su gestión a pesar de que en dicha materia, en la ciudad más rica del país, su impronta principal es la del ajuste permanente. Resulta inexplicable que haga de lo peor de su gestión una de sus banderas electorales intentando transformar el fracaso en virtud. “La educación es intocable”, afirmó en el spot, “la educación es prioridad”, arremetió en su discurso en la Legislatura. ¡Muy sorprendente! Si algo sufrió recortes sistemáticos durante los 16 años de gestión PRO en la CABA fue precisamente la educación pública. Paradójicamente, en una reciente visita a Washington presentó ante la cumbre del poder sus ideas principales, entre las cuales anunció una “reforma educativa”. Como siempre su explicación fue muy escueta, pero lo dicho alcanza y sobra: “poner a la educación en línea con el sistema productivo, inclusive contemplando las necesidades específicas de cada sector empresario”. En criollo, se trataría de una contrarreforma con el propósito de terminar definitivamente con la educación pública, sus organizaciones sindicales, disciplinando para ese objetivo a maestras y profesores, avanzando más aún hacia la privatización. Seguramente este intento fracasará como todos los anteriores que atacaron a la enseñanza pública, ya que la reserva cultural que deviene de la ley 1420, de la enseñanza laica, obligatoria y gratuita como la universidad del peronismo, ha demostrado una gran fortaleza. Entre sus olvidos más recientes está el de los 850 mil pobres de la ciudad, incluyendo a las 254 mil personas en situación de vulnerabilidad alimenticia (8,3 por ciento de la población) ante la cual recientemente el bloque legislativo del Frente de Todos porteño presentó un proyecto de ley para enfrentar el flagelo de la indigencia garantizando un piso mínimo de ingresos para quienes se encuentren en situaciones de vulnerabilidad extrema.
Todo está por verse, y si bien no se deben subestimar esas operaciones con sus “Yo lo que prometo lo cumplo”, resulta poco recomendable mirar desde abajo a estos políticos cuya materia son las campañas publicitarias y las ficciones cinematográficas, todas bien regadas por los editorialistas de los grandes conglomerados mediáticos.
En los últimos meses, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viene partiendo en dos su tiempo de gestión. Destina días enteros al sinfín de actividades que ocupan su agenda electoral desplegando acciones publicitarias tras su afán presidencialista. Visita las provincias, lejos de las obligaciones de su gestión en la CABA, al alegre ritmo que las vacaciones con sus carnavales, valles, sierras, ríos, mares y playas, le imprimen a nuestros veranos. La otra parte de su tiempo la ocupa en tensas reuniones cargadas de desconfianzas y enconos por cargos y lugares en las listas de la interna del PRO, y con sus aliados menores de la UCR, quienes se allanaron a las políticas derechistas del macrismo.
En este “estado de campaña” y con su ministro de Seguridad y Justicia licenciado por la tanda de chats que desnudaron sus corrupciones, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una suerte de abandono de la gestión pública. Los problemas que surgieron en estos meses veraniegos mostraron nuevamente la violencia y el desprecio que el gobierno porteño tiene con una parte de los “queridos vecinos”, a quienes considera de segunda categoría por su nivel económico-social, e incluso por su localización geográfica. Los últimos episodios que denotan el menosprecio larretista se cristalizaron en la suspensión de más de 20 cirugías diarias en hospitales públicos por falta de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y el drama de las familias que vivían en precariedad habitacional en el sector 4 de la traza de la autopista en Villa Urquiza, victimas de un gran incendio y que aún esperan algún tipo solución para volver a tener un techo. Otra de las muestras que desnudan el odio de clase contra las 850 mil mujeres, hombres y niñas y niños que viven en situación de pobreza en nuestra ciudad fue el operativo policial mediante el cual se reprimió cruelmente a los vecinos de Lugano que reclamaban la restitución de un servicio esencial como la luz. Sumado al episodio tan grave como grotesco de la agresión a sillazos de la policía porteña a un hombre en situación de calle en Belgrano. Cuando el rey queda al desnudo, al decir de H. C. Andersen, se cae el mito del buen gestor que Larreta vende a la opinión pública, sustentado en un enorme gasto público en marketing y publicidad oficial, distribuido con un sentido clasista y de negocios. Los recortes sistemáticos en educación y salud pública, y la cruel reducción planificada de espacios verdes a favor del negocio inmobiliario van consolidando una ciudad cada vez más desigual socialmente, y sobredeterminada geográficamente entre un Norte rico, un Sur empobrecido, y un tercer andarivel medio, en el que grandes núcleos viven acosados por carencias económicas y de vivienda.
Es imposible ocultar que el gobierno porteño aumentó significativamente su presupuesto. A pesar de que la cantidad de habitantes no ha tenido un gran crecimiento (si consideramos el censo de 1947) no se ha resuelto buena parte de la problemática habitacional y siguen faltando vacantes escolares para decenas de miles de niños y niñas todos los años porque no se construyen escuelas. Tampoco se registran avances en un sentido ecológico para un vivir más sano y convivencial, por nombrar algunos temas que se agravaron en estos 15 años de gestión PRO. La raíz es una concepción ideológica insolidaria que conlleva a la desidia en la gestión gubernamental, incluyendo un componente coercitivo y represivo, que se potencia hacia los sectores humildes. Se trata de un rasgo constitutivo de la fuerza de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ya imposible de ocultar.
Sin embargo, resulta necesario presentar algunos interrogantes crudamente: ¿Larreta reprime por un reflejo que expresa su ideología, o porque además piensa que le “conviene” hacerlo, de cara a un electorado que compartiría ese rasgo de odio de clase? Lo central es que la derecha de Macri–Larreta impulsa esos sentimientos de discriminación en la sociedad que incluyen construcciones simbólicas violentas y expulsivas hacia las minorías. O peor aún, se gobierna profundizando un sentido común que legitima desigualdades y genera chivos expiatorios sociales atacando la idea de lo público, un valor común verdaderamente democrático. Uno de sus propósitos ideológico-culturales es que, tantos sectores populares como medios de la ciudad, no aprecien lo público como un valor para mejorar la vida ante el fracaso evidente de la gestión privada en esferas importantes del devenir social. Para ese sentido común en permanente creación se impulsa el ideario del individualismo desde el poder y los medios, a la vez que se niega y desfinancia lo público. Desentrañando las causas de fondo se comprenden las razones de los recortes deliberados en los presupuestos de salud y educación pública. Su ideología y su propuesta son negadoras del laicismo emergente del liberalismo sarmientino, de las posteriores tradiciones progresistas y del peronismo del siglo XX, hasta el advenimiento de la dictadura de la década del ‘70. Las recientes manifestaciones en Madrid de cientos de miles de personas exigiendo a la intendenta derechista Díaz Ayuso que no se destruya el sistema de salud pública muestran el camino para nuestra ciudadanía porteña.
En suma, es sabido que la lucha política es una lucha de culturas, de visiones del mundo, hasta de lecturas de la vida cotidiana. Así es que no se trata de “lamentos ni de falsas emociones”, al decir de Lorca, sino de apelar a “los grandes pensamientos”, o sea a las reservas solidarias y democráticas de la mayoría del pueblo porteño. Lo nuestro tiene que ser lo que deviene de las tradiciones políticas nacionales: interpelar y convocar a la participación ciudadana al espacio público con todas las iniciativas imaginables, tanto en barrios como en centros culturales, Pymes o universidades y esencialmente rechazar la resignación a la que siempre convocan ciertos bienpensantes “realistas”, y eternos militantes del nosepuedismo. Lo nuestro sigue siendo la comprensión de que la política es siempre conflicto y se debe luchar con una perspectiva de triunfo colectivo.
En los últimos meses, la sociedad porteña asiste al despliegue de un accionar político propagandístico, mediante el cual, en la medida que crece la campaña presidencial del jefe de gobierno de CABA, con sus ya constitutivas peleas internistas, se vacía de toda información sobre el acontecer de la vida cotidiana del pueblo de la ciudad, incluyendo el silenciamiento de eventos trascendentes. Según los grandes medios de comunicación asociados a Larreta en términos políticos y de negocios, en nuestra ciudad no pasa nada. No existe ningún hecho o suceso que merezca ser informado, mucho menos críticamente. El ejemplo más grave y flagrante de esa conducta inmoral, es la exclusión de la agenda mediática de la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se oculta ese hecho aplicando un relativismo comunicacional que incluye la impúdica conducta de la jueza Capuchetti, quien ejerce su poder no para impartir justicia sino para instituir impunidad a favor de los verdaderos inspiradores ideológicos y políticos, y de los financistas que posibilitaron la materialización del atentado. Si existe una actitud clara y determinante de negación de la verdad es el silencio frente al grito de la verdad. El intento de magnicidio a Cristina es el acontecimiento más grave desde la recuperación democrática y se debe inscribir entre los de mayor trascendencia de nuestra historia, evento potenciado por la actitud oprobiosa del Poder Judicial, amalgamado con los “editorialistas notables” y los políticos de Juntos por el Cambio, a quienes ya no les quedan reservas ideológicas democráticas y menos aún coraje cívico para colocarse del lado de la justicia verdadera y la defensa de la vida.
Los pliegues de este oscuro poder que ha crecido al amparo de una inmunidad autogenerada tienen una debilidad intrínseca. Su kriptonita es la luz pública que alumbra y exhibe ante el pueblo sus contubernios, conspiraciones y prevaricatos. En realidad estos señores no inventan nada, son el instrumento de una estrategia internacional que aplican también en nuestro país. Cristina fue portadora del rayo de luz, al denunciar la esencia mafiosa y la constitución de un poder paralelo que destruye la vida democrática. El consecuente juicio a los supremos en el Parlamento será el escenario en el que los representantes del pueblo desnudarán ante la opinión pública la connivencia y latrocinios de jueces, políticos y medios hegemónicos.
Así las cosas, el jefe de gobierno porteño en pleno plan de campaña se presenta muy serio y compungido como adalid de la democracia, impugnando las causales por las que en el Congreso de la Nación se están tratando 14 pedidos de juicio político contra los cortesanos. Rodríguez Larreta acusa al gobierno nacional, desde el clásico mantra de “ataque a la justicia”, afirmando que los diputados atentan contra la Constitución Nacional. Para Larreta, la Constitución es un artículo que se compra y vende en el mercado y se usa según convenga. Es indubitable que el juicio político es el instrumento fijado por la Constitución Nacional. Los dichos de Larreta siguen siendo falsos a pesar de que los editorialistas asociados a su proyecto lo presentan como si fuera la voz de los fundadores del derecho grecorromano.
La realidad es que está obligado a defender a los supremos ya que ellos forman parte de su dispositivo de poder. Siguiendo el libreto de práctica argumenta que el juicio a la Corte que promueve el Ejecutivo es por “el contenido de sus sentencias”, cuando la acusación del Gobierno es específica por el mal desempeño en el que incurrieron los supremos, justamente por sus sentencias contrarias al derecho, por su intromisión en la atribuciones de los otros dos poderes de la República, todo lo cual se agravó al conocerse los chats en los que Silvio Robles (operador del presidente de la Corte) y el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’ Alessandro acordaban y escribían el contenido de tales sentencias. El resto de los pedidos de juicio político están relacionados con el célebre y oprobioso 2×1 para favorecer a los criminales de lesa humanidad, la paralización de la comisión de interpoderes (fundamental para que avancen los juicios a los represores). Sus señorías también son acusados de corrupciones para enriquecerse, que suelen denominarse “conflictos de intereses”, ya que han favorecido con sus fallos a sus clientes cuando fungían en sus bufetes de abogados. En este punto también se los impugna por anomalías en la administración de la obra social del Poder Judicial.
Si Larreta se pronuncia contra el “desprecio a la democracia” no debe eludir las constantes recusaciones que hace el Gobierno de la Ciudad contra los jueces que dictan sentencias a favor de los derechos de la ciudadanía porteña, frenando decisiones arbitrarias que desconocen la opinión ciudadana que surge de las audiencias públicas. Ejemplo de ello son el proyecto de megatorres en la costanera porteña, la exigencia de comida sana y suficiente en las viandas escolares o la orden de la Justicia porteña para que no queden fuera del sistema educativo público de 25 a 55 mil niños y niñas por año. El jefe de gobierno ahora candidato presidencial agita una bandera democrática de cotillón ya que guarda silencio sobre los 850 mil pobres de nuestra ciudad, a la sazón la más rica del país.
También oculta su responsabilidad en la promoción de la especulación inmobiliaria como política troncal, a partir de la cual se agravó el problema habitacional y ecológico, de una urbe invadida por edificios, cemento, menos cielo y verde y mucho más ruido.
Eso sí, el fallo de la Corte a favor del PRO porteño por los fondos coparticipables, que en nada beneficiaron al pueblo de la CABA, recibió el apoyo unánime de las organizaciones que nuclean a grandes empresas y de la AMCHAM (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), las mismas que ahora se pronuncian para defender enfáticamente a la Corte Suprema. Se nota que entre esos tipos y Larreta no solo hay algo personal, hay también una notoria alianza política y económica.
Ya transcurrió el primer mes de un año electoral que será determinante para el futuro de los 46 millones de ciudadanos/as argentinos, y para el destino de la región, teniendo en cuenta que los frentes populares progresistas han logrado triunfos muy trascendentes, pero deben enfrentar el acoso antidemocrático de los poderes económicos, mediáticos y políticos.
El triunfo de Lula, líder del país más importante del continente, es un elemento político determinante. De allí que el desenlace de la contienda en nuestro país será decisivo para la consolidación de un gran polo americanista que se proponga un proyecto común de desarrollo soberano, autónomo de Estados Unidos y de cualquier otra potencia. Una vez más, dos proyectos antagónicos de sociedad contendrán a las principales opciones electorales.
La derecha, con sus variantes de ultraderecha —que incluyen fanatismos racistas y xenófobos— goza de la ventaja de su vinculación con los poderes fácticos, léase los medios de comunicación hegemónicos, el poder concentrado de la economía local e internacional y sus instrumentos: el Poder Judicial, con la Corte Suprema incluida.
Sin embargo, la alianza Juntos por el Cambio ingresó en una zona de incertidumbre, a partir del despertar de algunos radicales, quienes imaginan que deben dejar de ser furgón de cola de los conservadores del PRO. Surge la incógnita de si la propuesta de la derecha política sigue siendo una opción que concite el apoyo de mayorías.
La experiencia indica que, a pesar de la pertinacia de los medios, no se logra tan fácilmente borrar de la memoria colectiva que JxC es la fuerza que generó un fuerte deterioro en los niveles de vida de asalariados y clases medias, y es responsable del grave endeudamiento externo que condiciona nuestro presente y futuro.
En este escenario de fuertes condicionamientos externos e internos, con una inflación que no ha podido ser dominada, y pese a que el gobierno nacional viene resolviendo varios de los problemas macroeconómicos heredados —especialmente algunos indicadores sociales, como la ocupación y la actividad económica—, la fuerza política integrada por halcones “extremos” y halcones “moderados” sostiene su estrategia de polarizar a la sociedad, utilizando el recurso del odio y la obturación de las instituciones de la democracia.
Es interesante recordar que Larreta fue gestor durante la época de vaciamiento del PAMI; luego fue vicejefe del gobierno porteño de su padre político Mauricio Macri, para más tarde sucederlo en la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. El gestor, devenido en el principal administrador, no trepidó en profundizar el modelo de exclusión a los sectores humildes hasta “lograr” que tengamos en nuestra ciudad 830 mil pobres; sostener obstinadamente la venta del espacio público para la especulación inmobiliaria privada, complementado con desinversión educativa, sanitaria y habitacional. El traje de paloma cada vez lo guarda más en el ropero, al ritmo de la ultraderechización, corrido por Patricia Bullrich, Javier Milei y cualquier otro que aparezca. Su “feroz contendiente”, Patricia, fue ministra de Seguridad de Macri, responsable de represiones, de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, del asesinato del joven militante mapuche Rafael Nahuel y del contrabando de armas a Bolivia en apoyo a los golpistas contra el gobierno democrático de Evo Morales. Varios años antes, como ministra de Fernando de la Rúa, instrumentó una de las medidas más antipopulares de las que se tenga memoria: en plena crisis social le recortó a millones de jubilados un 13 por ciento de sus ingresos.
Lo que no existe en esos duelos es alguna referencia al programa económico y social que debieran ofrecer a la ciudadanía. Sus diferencias sólo son de estilo: sus concepciones ideológicas y sus planes para un eventual gobierno son iguales. Ambos se subordinan e igualan a la línea de su jefe común, Macri.
Sin embargo, hay un ámbito donde deben formular su programa: los foros, congresos y ágapes que organiza el establishment o la embajada norteamericana. En esos espacios dicen la verdad y presentan sus propuestas, que luego los medios difunden con el mejor envoltorio posible, para que los “queridos vecinos” de Larreta no se espanten.
Esta vez se presentan en forma diferente. En 2015 el candidato Macri prometía de todo, siguiendo la inspiración de Carlos Menem, consciente de que no cumpliría. Ahora exponen sus ideas sin pudor, particularmente cuando están frente a sus mandantes del poder económico-mediático.
En su reciente visita al Departamento de Estado, Larreta explicó sin eufemismos su ideario: “estabilización rápida de la economía”, o sea ajuste del gasto social y las clásicas medidas recesivas. “Mejor ambiente de negocios”, o sea, rebaja de impuestos a las grandes empresas y a los ricos y recortes salariales a los trabajadores. “Reforma educativa que acompañe la adaptación sector por sector”, o sea, educación según los planes empresarios, sin vueltas. El laicismo irá al arcón de los recuerdos, con los sindicatos y las/os docentes adentro. “Reforma laboral por sector”, o sea, adaptada a las necesidades de cada actividad empresarial. “Reforma previsional”, o sea, retorno a las AFJP. En democracia y derechos humanos: “profundizar la lucha contra el terrorismo y el crimen”, o sea, una suerte de neobolsonarismo. Se trata de una teoría vetusta y retrógrada, a contramano de los gobiernos populares y progresistas que emergen en nuestro continente.
Antes de retirarse del encuentro washingtoniano, se juntó con el dueño de la aerocomercial Flybondi, o sea, vía libre a los privados, y privatización o cierre de Aerolíneas Argentinas.
Poco después estallaron los escándalos de contubernios y espionaje con jueces y medios de comunicación. Fue tan inmoral y escandaloso que debió licenciar a su ministro “de Justicia y Seguridad” Marcelo D’Alessandro, aunque no pudo evitar decir “yo confío en Marcelo”.
El marketing y la propaganda de los editorialistas de los medios asociados a su plan de retorno al gobierno intentan ocultar su verdadero programa ante la opinión pública. Eso sí, la verdad de Macri, Larreta, Bullrich y Milei la conocen acabadamente en los foros empresarios, en Washington y en la Embajada.
Por estas horas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa haciendo campaña electoral en modo “vacaciones” en la Costa Atlántica y otros destinos turísticos del país, surfeando olas, comiendo churros o fotografiándose imitando la icónica imagen de los Beatles cruzando la calle. Rodríguez hace de cuenta que todo está bien en nuestra ciudad y ya en trance electoral actúa como si nada pasara en términos políticos en nuestro país y la región.
El sonriente Jefe de Gobierno porteño tuvo que soportar, en una playa de Mar del Plata, que turistas vernáculos le reprochen agriamente que se lleva la plata de los bonaerenses para su ciudad, dado el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables nacionales, que Macri en su momento otorgó por decreto a su discípulo del PRO. Pero Larreta pretende más con esta caravana veraniega. Su objetivo es atraer votantes indecisos, para lo cual se presenta con la impostura de “tipo común que anda por la calle”, con una pátina de argentinidad, cercanía y federalismo, de la que en realidad carece absolutamente. Tal pretensión tras ese modo de campaña televisiva, y siempre con un fondo verde de la naturaleza, tiene por fin que no se hable del tema ominoso que lo perturba. Que no se comente, ni le pregunten sobre los chats que mostraron a su ahora “licenciado” ministro de “Seguridad y Justicia”, Marcelo D´Alessandro, conspirando con el tal Silvio Robles, mano derecha del Presidente de la Corte Suprema, para que lo instruya acerca de la redacción de la presentación jurídica sobre los fondos coparticipables; ni que tampoco se hable de las tramoyas corruptas con empresarios del servicio de grúas de la ciudad. Larreta se propone ocultar la imprevista apertura de su caja de Pandora que le explotó en la cara, y que pone en evidencia un modo corrupto de gestionar, intrínseco de su fuerza política de derechas; y del contubernio que mantiene con el Poder Judicial.
El sonriente Alcalde busca desesperadamente salirse de esa escena política, y continuar su proselitismo veraniego, lo cual está resultando ser un propósito imposible, ya que la crisis del Gobierno Nacional con los “supremos” y la derecha parlamentaria y mediática emergió como consecuencia del arbitrario beneficio a sus demandas. El conflicto derivó en el fallo de la Corte a favor de la pretensión del PRO, potenciado por la toma de la presidencia y paralización del Consejo de la Magistratura por parte de su supremo presidente Horacio Rosatti. Este accionar político antidemocrático es el verdadero causante del proceso constitucional de juicio político iniciado por el Presidente de la Nación contra los cuatro jueces supremos, dada su parcialidad e intromisión en los otros poderes del Estado. Esta connivencia espuria e ilegal quedó expuesta a la luz pública por la filtración del los chats del ministro larretista. Allí se exponen impúdicamente los tejes y manejes de una vulgar y mafiosa estrategia de intromisión en las decisiones de la Corte.
El Jefe de Gobierno trata de negar la gravedad de los hechos y de paso sugiere que el pedido de juicio político a la Corte es un ataque a la democracia del “incorregible peronismo”. Sin embargo, los hechos son inamovibles. Se vuelven a poner de manifiesto con el chateo ahora expuesto: en realidad la vulneración de la democracia la tejen en los sótanos del PRO, en el Poder Judicial y con los editorialistas de los grandes medios, que ofician de ministerio de propaganda.
Este crecimiento de la tensión política en nuestro país es coincidente con lo que ocurre en la región. De una derecha cada vez más violenta y cargada de odio, como instrumento para confrontar con la vida y las instituciones democráticas. Los acontecimientos golpistas en Brasil, la masacre al pueblo peruano en Juliaca y otras ciudades del país hermano, el atentado contra la vicepresidenta colombiana, son un ejemplo incontrastable.
En la actual coyuntura política de nuestro país, la disputa también se presenta con la cabeza del Poder Judicial y con una extensa troupe de jueces y fiscales abocados a la guerra judicial que opera “como un Estado paralelo o mafia”, en palabras de Cristina Fernández de Kirchner. El cuadro se completa con el nexo de esta estructura con los medios de comunicación hegemónicos, con organizaciones violentas pro nazis financiadas por empresas fantasmas ligadas al poder económico macrista, dispuestas a llevar guillotinas, antorchas y bolsas mortuorias a la Plaza, y hasta planificar y ejecutar un intento de asesinar a nuestra Vicepresidenta.
La decisión del Presidente de realizar el juicio es muy trascendente, y cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernadores. Más allá de que la relación de fuerzas no alcanzaría en la Cámara baja, para que pueda aprobarse, el hecho de que se despliegue ante la sociedad un gran debate, y la citación a los implicados; se constituye en un fuerte acontecimiento político y simbólico.
Sin embargo, esta iniciativa debe complementarse con una intensificación de la iniciativa política del gobierno nacional tendiente a favorecer con mayor determinación a las grandes mayorías, todavía atrapadas por los aumentos de los precios y la insuficiencia de los ingresos para atender sus necesidades básicas. No existe nada más importante que la vida real del pueblo, particularmente para un gobierno popular. En ese concepto; sí; debe ser incorregible. Los argumentos de los voceros de las corporaciones formadoras de los precios acerca de la mentada “multicausalidad”, en realidad intentan velar su objetivo primordial de siempre: potenciar su tasa de ganancia y, en términos más políticos, que el Estado no intervenga en su poder discrecional para formar y remarcar los precios.
Si el pueblo es convocado a ser protagonista de esta disputa decisiva seguramente se transitará un camino hacia el triunfo electoral.
El fracasado intento de golpe en Brasil desnuda nuevamente un rasgo de época de la derecha internacional: desprecia y rechaza a las instituciones y la vida democrática, o bien las somete y las instrumenta, como al poder judicial en nuestro país y como lo hizo anteriormente en Brasil, proscribiendo y encarcelando a Lula. El conato por derrocar al gobierno legítimo fue un atentado contra el pueblo brasileño, se debe ponderar como un ataque a las democracias de nuestro continente, por el peso específico y los alcances de todo lo que ocurre en Brasil.
El acontecimiento no se puede comprender en su real dimensión sin considerar la espiral de violencia que tomó impulso a partir del trumpismo, erosionando el propio corazón de la mentada democracia estadounidense. Este elemento de los tiempos actuales de una derecha que va mutando a la ultraderecha, con ideas y acciones de odio y violencia se viene manifestando en Europa con el advenimiento de núcleos político-electorales pro nazis y fascistas en varios países.
El viejo golpismo de nuestro continente mostró su rostro viscoso en Brasil. Ahora lo hace con el protagonismo agresivo en las calles de gente convencida que debe reponer por la violencia a un Gobierno de ultraderecha, que acaba de ser derrotado en una contienda electoral democrática. Las imágenes de una barbarie, ahora televisada, ocurrida en Brasilia, son de una elocuencia incontrastable. La agresividad expresada hacia las instituciones, particularmente al Parlamento y la sede del Gobierno democrático es manifiesta. Pero además se desnuda un acérrimo aventurerismo, sustentado en una sensación de impunidad, que deviene de la intuición de que sus conductas se compadecen con el deseo y los proyectos de grupos del poder económico, político y mediático, que aportan apoyo financiero para tales acciones. Pero hay más elementos: para que el discurso del odio prenda y se haya expandido tan viralmente, ha sido necesaria la acción de los medios hegemónicos de comunicación, que en todos los países vienen actuando desde su enorme poder para incitar a una parte de la sociedad a ese lugar del odio e irracionalidad, que los libera de la responsabilidad de asumir las complejidades y contradicciones propias de las disputas políticas e ideológicas. En realidad medran del genuino descontento que emana de un sistema que es por definición injusto, que no sólo no mejora la vida social, sino que es generador de penurias para las mayorías, y que una vez tras otra, no hacen más que exacerbar las injusticias, el odio y la discriminación social y cultural.
Las escenas de estos días en Brasil, el gravísimo intento de asesinato a Cristina, e incluso el reciente atentado a la vicepresidenta colombiana, también son hechos que emanan de un peligroso sustrato ideológico común, violento y antidemocrático; y ya resulta incontrastable que es parte de su arsenal proscribir y encarcelar a los/as principales referentes de los sectores populares.
Resulta obligado incluir en las consecuencias del aventurerismo de la derecha, el derrocamiento del presidente legítimo del país hermano del Perú y la represión a su pueblo, que a esta altura ya se transforma en masacre con cerca de 50 muertos. La respuesta de la elite y su presidenta títere es muy parecida a la de los fascistas bolivianos cuando asaltaron el poder. Lo cierto es que el pueblo humilde percibe que el actual sistema económico y político ha caducado en términos históricos y siente que el presidente es de su clase, comparte sus tradiciones culturales y étnicas, y expresa a los vilipendiados por las oligarquías neocoloniales y corruptas.
En la cocina de este caldo neofascista han participado líderes y organizaciones regionales que hoy se ven obligados a condenar el ataque a las instituciones en Brasilia. Luis Almagro, secretario general de la OEA y uno de los principales responsables políticos del golpe de Estado en Bolivia, que justificó y apoyó abiertamente, con aquiescencia de la embajada norteamericana en ese país, declaró: «se trata de una acción repudiable y un atentado directo a la democracia. Estas acciones son inexcusables y de naturaleza fascista».
En Brasil también se dirime la crucial cuestión ambiental, ya que el proyecto de destrucción de la Amazonia que aplicó Bolsonaro, en beneficio de intereses ganaderos, agrícolas, madereros y de explotación del oro, superó toda sensatez. Fue un golpe al corazón de la naturaleza con fuertes consecuencias humanas, en una demostración brutal de la ceguera destructiva y suicida de la actual derecha. Durante su gestión las tasas de deforestación anual se incrementaron en promedio un 60% respecto de los cuatro años anteriores. Ciertas partes de la selva ya emiten más dióxido de carbono del que pueden absorber. Revertir esta destrucción hasta niveles previos llevará años.
La manipulación mediática, incluyendo a las redes sociales, y la posverdad, o sea la falsedad con la que se incide en el imaginario colectivo para que los pueblos decidan en contra de sus propios intereses, no son una fatalidad históricamente inmutable. El ataque a la convivencia y a los más elementales valores democráticos, chocan más rápido de lo previsto con la materialidad; con la realidad. Es esperable que una parte importante de la sociedad rechace esa perspectiva para la vida, incluyendo a votantes opositores a Lula.
La decidida solidaridad de los sectores democráticos del mundo entero, y muy particularmente de nuestro continente, auguran también una nueva perspectiva de integración regional, no solo en defensa de la vida democrática, sino también de recuperación de las instancias americanistas como la Unión de Estados Suramericanos (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el MERCOSUR, con vistas a afirmar nuevamente una acción geopolítica autónoma de las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos y de cualquier otra potencia mundial. Brasil juega un papel clave para la región y con Lula como presidente se abre una gran oportunidad para incrementar la soberanía de nuestros pueblos.
Los vínculos con nuestro país son un ejemplo concreto de las potencialidades que se abren en un plano tan trascendente como el de la integración energética. Apenas asumió Lula se iniciaron conversaciones con el gobierno argentino para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) realice un aporte de U$S 689 millones para financiar la participación de empresas brasileñas en la construcción del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, con la intención de que esa etapa finalice en 2024. Ello mejorará drásticamente el aprovisionamiento de gas a Brasil y a nuestro país.
El presidente Alberto Fernández ha tenido una actitud determinante, solidaria con Lula da Silva, su Gobierno y con la democracia brasileña, rechazando el golpismo y expresando el respaldo de nuestro pueblo hacia el país hermano. Las fuerzas políticas y sociales manifestaron el fuerte rechazo al atentado ultraderechista y su apoyo al Gobierno recientemente electo. Ciertas manifestaciones aisladas que relativizaron la gravedad del intento de golpe e intentaron especular con situaciones de coyuntura de la Argentina, resultan irrelevantes. Lo esencial ha sido la voluntad de la gran mayoría de nuestro pueblo de apoyar al presidente Lula da Silva y la democracia en Brasil.
La derecha de Juntos por el Cambio, asociada a las novedosas expresiones de la ultraderecha, tiene una convicción muy parecida a la de los inicios del 2019. Dieron por descontado un triunfo que luego fue derrota. No contaban con la estrategia y la determinación de Cristina Fernández de Kirchner, principal líder política de nuestro país, con la construcción de un amplio frente popular, ni con la percepción de la ciudadanía sobre el desastre social de la gestión de esa derecha en el gobierno. Claro que entonces como ahora, su afán y su proyecto se sustentan en el verdadero poder: la amalgama de los grandes medios y las corporaciones económicas, quienes definen el accionar de sus principales instrumentos: la Corte Suprema y los jueces de Comodoro Py, y los políticos de JxC, incluyendo las decisiones de sus parlamentarios.
Las recientes filtraciones sobre los actos tenebrosos del ahora “licenciado” ministro de “Justicia” y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, han expuesto a la luz pública el entramado corrupto en el que se sustenta la maquinaria del PRO para desplegar su política. No solo el espionaje ilegal integra su matriz ideológica, el cuadro incluye corrupción, guerra mediática y un creciente desprecio por las instituciones democráticas. Resultaba inevitable que en algún momento esas prácticas se volverían en su contra, potenciadas por una feroz confrontación interna, escindida del debate político, ideológico o programático. Todo es disputa por candidaturas a hipotéticos cargos públicos que no solo otorgan fama, pelean también por loteos de coimas y latrocinios diversos. Las acusaciones de sus dirigentes contra la principal fuerza política, víctima de sus espionajes y persecuciones, de que serían los responsables del hackeo y la publicación de los chats, se caen por la falta del más elemental criterio de verdad. Podría pensarse, como dice el refrán popular, que el ladrón ve a los demás como de su misma condición, pero en este caso el propósito esencial es el de eludir la cuestión de fondo: la corrupción es intrínseca a esas fuerzas políticas y poderes económicos con sus irremediables negociados. También están obligados a fabricar brumas que impidan visualizar que las filtraciones vienen de fuego amigo. Si hay una fuerza política que hizo siempre uso y abuso del espionaje ilegal es la que manda en JxC y, muy especialmente su jefe e inspirador, Mauricio Macri.
Está claro que de no ser por la estructura de poder existente hace tiempo en la Argentina, que Cristina caracterizó como un estado paralelo y una mafia, el ministro D’Alessandro debió haber sido expulsado de su cargo inmediatamente, en vez de la manganeta que nadie cree verosímil, de una “licencia temporal”. Finalmente, el intento de velar los manejos corruptos y contubernios antidemocráticos están resultando un notorio fiasco. Las tres tandas de filtraciones de chats exhiben al ministro “licenciado” manteniendo conversaciones non sanctas con empresarios, jueces, fiscales, agentes de inteligencia y con un tal Silvio Robles, que hasta hace unos días era un ignoto burócrata, y resultó ser la mano derecha del autovotado y doble presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rossati. Allí, se aprecia cómo conspiran grotescamente para bloquear el ingreso de senadores oficialistas al Consejo de la Magistratura y ya en el colmo de la ruindad, Robles instruye a D’ Alessandro sobre cómo debe hacer para lograr que la CABA se haga de los fondos nacionales que irían a financiar la campaña electoral de Larreta. Pero la muestra incontrastable de la recepción del dinero (“los sobres”) proveniente de las empresas que detentan hace décadas el servicio de acarreo de vehículos en la CABA, desnuda la descomposición moral del régimen de la derecha porteña y su desprecio a la ciudadanía, a la que el Alcalde gusta dirigirse como “mis queridos vecinos”.
Ante el ominoso episodio de los chats de su ministro, Larreta se presentó en público vacilante, sin su sonrisa mediática y balbuceante, revelando la ausencia de verdad. En el caso del pantano de corrupción de esta suerte de gruaslandia, el alcalde guarda un silencio asombroso a partir del cual lo único que logra es autoincriminarse. Todo este cuadro que remite a “los círculos del Infierno del Dante” (avaricia, violencia, fraude), y traiciones entre ellos, desnuda el dispositivo que utilizan los núcleos del poder para incidir en la vida democrática de acuerdo a sus propósitos políticos. ¿Cómo entender sino la reacción inmediata y sin escrúpulos de la AMCHAM (Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina) y de todos los foros tradicionalistas del poder, ante la decisión del Presidente recusando a la Corte por su decisión de favorecer discrecionalmente al PRO de R. Larreta? Tras los malabares narrativos con los que el Jefe de Gobierno, y el ministro en desgracia intentaron salirse de la ciénaga, lo que se atisba es una vasta estructura política venal que además goza de cajas de financiamiento provenientes del manejo espurio de la cosa pública. Si hay algo que se revela con esta implosión es la existencia de una Corte partidizada, que reconfirma la existencia de un Partido Judicial inficionado en la propia cabeza de ese poder, que decidió proscribir a Cristina Fernández siguiendo el modelo brasileño de encarcelamiento a Lula, y que aquí encerró y condenó a dirigentes populares como Milagro Sala.
La convocatoria de Cristina a la militancia y a tomar la iniciativa política se sustenta en lo mejor de nuestra historia. La movilización fue determinante para los avances y triunfos populares y la consolidación de nuestra democracia. Desde las luchas obreras de la primera mitad del siglo XX, la emergencia inesperada del huracán del 17 de Octubre, el Cordobazo y otros que quebraron a una dictadura, y las propias luchas de Madres y Abuelas en las plazas de la Patria por los 30 mil y por Memoria, Verdad y Justicia. Nos espera otro grandioso 24 de Marzo. Las fuerzas políticas, gremiales, culturales deben apelar al pueblo, esa es nuestra verdadera fuerza y la mayor esperanza para triunfar.
El reciente fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de CABA se transformó en la gota desbordante de la confrontación entre el Gobierno Nacional, el Frente de Todos, incluyendo a la mayoría de los gobernadores y una gran parte de la opinión pública, contra la corte, los jueces de Comodoro Py y otros núcleos del poder judicial. La respuesta del Gobierno fue la impugnación del fallo, la apelación ante la opinión pública y el juicio político, comenzando por su presidente, Rosatti.
Los cuatro cortesanos afirmaron su política de intromisión sobre los otros poderes democráticos del Estado, auto asignándose una especie de derecho de veto sobre todo tipo de temas económicos, sociales, tarifarios y políticos.
Así es que se ha ido constituyendo en un grupo ilegítimo, amalgamado a los poderes económicos, mediáticos y políticos, con el objeto de cogobernar. Resulta obvio que se abrogan facultades para las cuales nadie los votó.
Todo este accionar político del PRO porteño instituido hace 15 años se apoya en el doble estándar que los principales medios de comunicación le otorgan en forma irrestricta al jefe de gobierno porteño. En cambio se llaman a silencio ante las decisiones de un sistema judicial que siempre arbitra a favor de la derecha política y de las grandes corporaciones y oculta los negociados del gobierno amarillo, como el de las grúas, que ahora se muestra como un grotesco «gruaslandia» de la corrupción.
En cuanto al conflicto con CABA, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta machaca con la muletilla de que se atenta contra «la ciudad». De allí que resulta imprescindible incluir en el análisis el hecho de que el fallo no vino a favorecer a los/as habitantes de la Ciudad Autónoma, sino a la fuerza política que la gobierna, y particularmente a quien era la mano derecha en el PRO de Macri.
Existe un punto originario determinante de este conflicto: el costo de la Policía de la Ciudad que debió ser aportado por la Nación, pero ese es un dato que el PRO siempre ocultó. Hubiera sido determinante que el gobierno porteño mostrara sus cuentas en forma transparente. Ahora, es imposible creer que el mantenimiento de la estructura policial requiera, como ocurrió, la triplicación del aporte de la Nación que le asignó Mauricio Macri, que luego llevaron a 3,5% del total de fondos coparticipables y que el presidente Alberto Fernández debió corregir, reduciéndolo al 1,40% que regía antes de la decisión establecida por decreto presidencial de Macri.
En ese contexto surge una pregunta obligada: ¿en qué se aplicó durante todos estos años, desde 2016, esa enorme masa fondos que se le dio en exceso al PRO de Larreta, supuestamente para cubrir el costo de las fuerzas de seguridad? El alcalde manejó esos recursos discrecionalmente, pero está clarísimo que no fueron utilizados para mejorar la vida de nuestro pueblo. Cierto es que la ciudad de Buenos Aires goza de más ingresos que el resto de nuestras provincias, sin embargo es imprescindible registrar que la pobreza y exclusión están estructuradas, los 800.000 ciudadanas/os pobres son el ejemplo más lamentable. Las autoridades porteñas siempre enarbolan la consigna de que «el futuro es la educación», pero en la realidad hay niños/as que ni aunque quieran pueden «caer en la escuela pública», a colación de aquella patética confesión de Mauricio Macri. Cabe agregar que el presupuesto en ese rubro es el más bajo de la historia y que el gobierno de JxC todos los años rechaza el acceso a la escuela pública entre 25.000 a 50.000 niñas/os, lo cual forma parte de una política deliberada de desarticulación de la educación y la salud pública. De allí que los docentes y los profesionales de la salud debieran librar por meses una ardua batalla para recibir sueldos dignos y para que los hospitales tengan menores carencias en infraestructura, tecnológicas y de insumos básicos.
La cruda realidad es que en nuestra ciudad el problema es de prioridades, no de falta de recursos. De hecho el gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC) continuó creando nuevos impuestos, inclusive durante la pandemia, y «actualizó» tributos y tasas (como el ABL), varios de ellos por encima de la inflación, pero nunca crecieron los gastos sociales, ni en cultura, ni en mejoras ecológicas. Siempre fue la publicidad oficial, la «niña bonita», que incrementaba su presupuesto. Un acontecimiento de excepcional trascendencia como es la asunción de Lula da Silva en Brasil, nos obliga a cambiar de enfoque. Ciertamente se ha generado un viraje en la política regional, por el peso de Brasil en el continente y por el liderazgo de Lula. No se trata de un presidente más, sino de la figura más trascendente del continente, por su historia, por su legitimidad y por su firmeza, que le permitió derrotar la conjura de una justicia de guerra asociada a los grandes intereses económicos, que llegaron a condenarlo y encarcelarlo. El pueblo lo volvió a votar y será presidente por tercera vez.
En los próximos cuatro años, la República hermana será conducida por un presidente progresista que fortalecerá la restitución de los lazos americanistas de la CELAC, la UNASUR y el MERCOSUR.
Sin duda, resulta preocupante que el expresidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, haya logrado una cantidad muy importante de votos, pero lo determinante del acontecimiento político, es el advenimiento de la coalición triunfante que preside Lula. Se corona así un proceso en el continente de triunfos electorales de los frentes populares progresistas, contra las propuestas neoliberales de derecha, más allá de que esos gobiernos deben enfrentar el acoso del poder real, fundamentalmente el económico y el mediático, tal como podemos observar en estos tiempos en la Argentina.
El regreso de Lula da Silva genera una enorme esperanza, su liderazgo fortalece los proyectos progresistas, los lazos regionales y las posibilidades de acciones comunes que refuercen la perspectiva soberana en tiempos que asoman como decisivos en el continente y en el mundo.
Volviendo al plano interno, a pesar de las embestidas de la oposición mediática, judicial y política, el gobierno se propone que en 2023 se cumplan los objetivos definidos en el Presupuesto, manteniendo los equilibrios macroeconómicos, abonando el sendero de mayor crecimiento de la actividad y, consecuentemente, de la recaudación, a los efectos de superar la inversión en todo lo concerniente a lo social, al trabajo y a un imprescindible cambio en la distribución de los ingresos. Una lógica que está en las antípodas de la visión que apunta a un brutal ajuste del gasto.
Es sabido que sólo con el crecimiento no alcanza para mejorar las condiciones de vida del pueblo y que el accionar de un Estado activo es indispensable para encarar el desafío de que los frutos de una recuperación se distribuyan con un sentido de justicia social. Por esa razón resulta crucial controlar con la máxima determinación los aumentos injustificados de los precios, propios de una puja distributiva generada desde las grandes empresas formadoras, verdaderas culpables de la inflación. Los últimos registros inflacionarios reflejan logros de políticas como Precios Justos. Pero todavía es muy insuficiente para mejorar la vida de las mayorías. Es preciso continuar avanzando en el control de los núcleos oligopólicos que especulan tras un doble propósito: optimizar siempre sus ganancias, e impedir que el estado intervenga en «el mercado», para defender a la ciudadanía de los abusadores crónicos.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con los fondos que Mauricio Macri, en su condición de Presidente, asignó por decreto a su discípulo preferido del PRO, Rodríguez Larreta; se basó en un subterfugio que distorsionó el verdadero fin: compensar el costo del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. La decisión de los cuatro de la corte tomada en medio de los festejos mundialistas y al borde de las Fiestas, detonó el debate y la confrontación política sobre la cuestión del federalismo, la coparticipación y la distribución de los recursos nacionales. El fallo de los Supremos, impugnado por el Presidente, la mayoría de los gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por su carácter partidista y antifederal, enervó la situación de ilegitimidad de los cuatro cortesanos, camaristas, jueces y fiscales del Comodoro Py. El proceso de vaciamiento de credibilidad no solo se fue constituyendo por la ausencia absoluta de voluntad para cumplir con su misión de impartir justicia, sino por su sometimiento a los núcleos económicos y mediáticos, cumpliendo con el mandato de apropiarse de facto de esferas del poder legislativo y ejecutivo, abrogándose el derecho de vetar decisiones económicas, financieras y tarifarias. Se constituyeron así en un grupo ilegítimo amalgamado a los poderes fácticos con el fin de cogobernar, a pesar de que no los votó nadie.
Esta decisión del máximo tribunal, como expresó el Presidente de la Nación, carece de todo criterio de justicia y es de imposible cumplimiento, y tal como señaló Cristina Fernández de Kirchner en su última intervención en Avellaneda, tiene como finalidad sustentar la campaña electoral del candidato de la derecha, Rodríguez Larreta. De allí que la polémica debe ubicarse en la disputa de poder de los distintos pliegues de la derecha contra el gobierno nacional y el Frente de Todos. El debate por la coparticipación y el federalismo convocó a que 14 gobernadores del país, quienes rechazan el fallo y los interpelan a que no se favorezca arbitrariamente al candidato del PRO. Todo el país lo sabe, en la mayoría de nuestras provincias, sus pueblos tienen más necesidades insatisfechas que en nuestra ciudad. Sin embargo, existe un punto originario determinante de este conflicto, del cual se habla muy poco, que generó la nueva teatralización del Jefe de Gobierno para victimizarse ante la opinión pública, ¿cuál es el verdadero costo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que debió ser aportado por la Nación? Obviamente es un valor importante y bastaría una auditoria para establecerlo, pero nadie puede creer sensatamente que sostener la estructura policial porteña valga la triplicación del aporte de la Nación que le asignó Macri, que luego llevaron a 3,5 y que el Presidente Fernández debió corregir, dejándolo en 1,40. Mucho menos le corresponden los 180 mil millones de pesos inventados por los cortesanos que no responden a ninguna ponderación legal. Lo habrán fabricado los cuatro solos, descontando que todas sus decisiones gozarán por siempre de una suerte de “bill de inmunidad”, siguiendo la tradición inglesa.
En ese marco hay una cuestión central que debe incorporarse a la ponderación del tema: el fallo no viene a favorecer ni a la Ciudad como tal, ni a su pueblo, sino a un partido que la gobierna, y es socio político de una Corte que siempre arbitra a favor de las corporaciones mediáticas, económicas y de la derecha política. En los últimos dos meses confirmaron la condena a 13 años de cárcel a Milagro Sala; anteriormente facilitó la condena a Cristina en el juicio Vialidad rechazando un sinnúmero de planteos de la Vicepresidenta; en noviembre resolvieron que no era legal la división del bloque de Senadores del FdT; y siguen las firmas.
Así las cosas, resulta obligatorio que la ciudadanía porteña se pregunte: ¿en qué se aplicó durante estos años, desde 2016, esa masa mil millonaria de fondos que se le dio en exceso al PRO de Larreta supuestamente para cubrir el costo de las fuerzas de seguridad? El alcalde gozó y manejó todos esos enormes recursos, pero no fueron utilizados para mejorar la vida de nuestro pueblo. El gobierno porteño de JxC continuó creando nuevos impuestos al consumo ciudadano, inclusive durante la pandemia, y “actualizó” todos los tributos, varios de ellos superando la inflación. En esa línea, se impone otro interrogante: habiendo tenido esa masa fenomenal de dinero ¿es aceptable que en nuestra ciudad haya 800 mil pobres?¿Cómo es posible que el gobierno de JxC todos los años rechace el acceso a la escuela pública de 25.000 a 50.000 niñas/os; o que los docentes y profesionales de la salud hayan tenido que librar una dura lucha durante 2 meses para recibir sueldos dignos, y los hospitales sigan con grandes carencias de infraestructura, tecnológicas y de insumos básicos?
Este grave episodio de la disputa por los fondos que se le otorgaron al PRO oportunamente, oculta otra cuestión que estaba soterrada y que ahora sale a la luz. El PRO de Larreta se propone no solo afrontar la campaña porteña, sino una nacional. De allí que los cuatro de la corte le echen una mano al partido amarillo, a pesar que contará con el tradicional apoyo del establishment.
Resulta oportuno recordar que en la CABA en el 2022 se aumentó el gasto en publicidad oficial a 26 millones de pesos por día.
Está clarísimo que este episodio es determinante en la disputa de poder, de allí que se pronunciaran rápidamente las representaciones de lo más rancio del establishment. Como pocas veces el denominado poder real se manifestó tan abierta y urgentemente: la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), el Foro de Convergencia Empresaria, la AEA y la Sociedad Rural, entre otros; quienes ponderan a este poder judicial, y muy particularmente a los cuatro supremos como tropa propia. De allí este pronunciamiento de carácter colonial, de una cámara de empresas extranjeras y de los otros núcleos de la oligarquía local.
Sabíamos que terminaría y que volveríamos a nuestras vidas con sus cotidianidades, y con sus temas y contradicciones económicas, políticas y sociales. Fuimos partícipes de uno de los más grandes fenómenos de celebración colectiva de nuestra historia, por la confluencia de la necesidad vital de los pueblos de unirse, bailar, cantar y abrazarse, en un ritual que no invoca y agradece a los dioses ancestrales, sino a un grupo de jóvenes futbolistas que habían conquistado el más notable triunfo deportivo del planeta. El acontecimiento se nutrió y potenció con algunos valores humanos y culturales que expresaban los protagonistas: unión fraternal como grupo, amistad, solidaridad sincera y generosa entre ellos, y abnegación en el trabajo.
Esos atributos sociales y humanísticos se amalgamaron con un compromiso hacia la eficiencia en pos de un resultado, en este caso, lograr la Copa del Mundo. Retornando a las lides políticas de nuestro tiempo, resulta imprescindible reparar en el acontecimiento más importante de la hora: la proscripción de Cristina y sus potenciales consecuencias.
Surge entonces un primer interrogante: ¿acaso ciertos poderes creían que iban a condenar a Cristina sin pena ni gloria? ¿Acaso imaginaron que se allanaría pasivamente a la estrategia orquestada por los poderes económicos que utilizan a sus marionetas de la Corte, de Comodoro Py y a los políticos de Juntos por el Cambio? Una vez más Cristina no se sometió a la soberbia de los que actúan como dueños del país. Entonces ocurrió lo inesperado: “No voy a ser candidata, no tendré fueros”. Como los grandes alegatos de la historia, la acusada en tribunales ilegítimos, se convirtió en acusadora, denunciando al poder político y económico del macrismo (“los amarillos”) y de las diversas derechas, por su responsabilidad en el fatal endeudamiento del país y la catástrofe social que generaron en todos los pliegues de la sociedad.
Cristina terminó, cual Alejandro con el nudo gordiano; con los eufemismos de la gente seria y “bien pensante”, que van imponiendo los sabios del mercado político-periodístico. Los definió por lo que son y por sus actos políticos: una mafia paraestatal que expresa al gran empresariado local (de nacional no le queda nada). Cierto es que quedaron desconcertados propios y ajenos, quienes especulaban con todo tipo de alquimias, pero siempre dando por hecho que Cristina privilegiaría mantener fueros protectores. Grandes analistas que tienen “info de la boca del caballo”, pero lo que no tienen es el reflejo ideológico de las y los rebeldes que no se someten, desde donde nace el coraje político que los coloca en la historia como líderes de sus pueblos. La acusación de Cristina acerca de la existencia de una mafia no es una calificación de circunstancia. Emergió una violencia capaz de atentar contra la Vicepresidenta, y existe impunidad judicial que proscribe ilegalmente a la principal referente política del país.
Así las cosas surge un interrogante obligado: ¿el acto de Cristina debilita al Frente de Todos o lo fortalece? Algunos están sumidos en el desconcierto. Sin embargo, la historia enseña que los actos de valentía y enfrentamientos con los poderosos despiertan y afianzan la conciencia y la subjetividad del pueblo. Desde esa fortaleza ideológica, resulta viable convocar a la ciudadanía popular, a la militancia y a la dirigencia política del FdT a ser protagonistas desde ahora mismo para retomar la iniciativa. Claro que resulta imprescindible que el gobierno avance con medidas que se compadezcan con las urgencias sociales de los 18 millones de pobres y de los diversos estratos de las clases medias inmersos en la incertidumbre generada por los formadores de precios, quienes son los verdaderos culpables de la inflación. Este tema es muy complejo, pero de lo que no hay duda, es de quienes tienen el poder de formar los precios, y quienes son los que se benefician con ello. Con eso alcanza y sobra para responsabilizar a los remarcadores crónicos.
El atentado contra Cristina inspirado por núcleos del poder político y económico, e instrumentado por núcleos de lúmpenes pro nazis; su condena con un definido objetivo de proscribirla; los fallos de la Corte y camaristas abiertamente indecentes y alejados de todo apego a las leyes, como el de la controversia por los fondos de coparticipación; junto a la conducta política obstruccionista de la derecha en la Cámara de Diputados, van mostrando que se avanza en un sentido de restricción y funcionamiento de las instituciones y la vida democrática del pueblo.
Recientemente en ocasión de los 39 años de la derrota de la dictadura, Cristina convocó a no permitir que “la democracia se la lleven puestas las mafias”. Este impulso político es determinante. Ya lo vivimos en otros momentos: ¡Vacían la democracia y luego la acusan de impotente! Debemos afirmarnos en la convicción de que la democracia es una creación del pueblo, quien la necesita es el pueblo y debe ser defendida por el pueblo.
Otra mujer, a principios del siglo XX desde su condición de luchadora política y teórica del marxismo, señalaba para los tiempos: “Es falso que haya un vínculo intrínseco entre democracia y capitalismo. Hay circunstancias en que el interés general coincide con el de las clases dominantes, pero ante cualquier peligro de sus intereses, comienzan a negar y sacrificar las formas e instituciones democráticas”. Concluye Rosa Luxemburgo que la democracia es un valor esencial que el movimiento revolucionario debe salvar de los grupos reaccionarios. Inclusive convoca a defender el sufragio universal que “no es una concesión de la burguesía sino una conquista de los trabajadores” (Rosa fue asesinada el 15 de enero de 1919). La reciente convocatoria de Cristina a una gran movilización el 24 de marzo “por una Argentina y una Democracia sin mafias, que nos merecemos”, expresa no sólo su adhesión y protagonismo de siempre por los Derechos Humanos, sino también la interpelación a reconquistar la militancia política, “a tomar contacto con el barrio y la realidad”.
Con unos pocos días de diferencia, Horacio Rodríguez Larreta realizó varias presentaciones como candidato presidencial. Tanto en su aparición más reciente, en la que formuló los logros de su administración; como en su discurso de apertura de sesiones legislativas, se abrió paso enfáticamente con un eslogan propagandístico que seguramente no hará historia y muchos menos recibirá el gran premio a la originalidad: ¡Yo lo que prometo, lo cumplo!
En los últimos meses, el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viene partiendo en dos su tiempo de gestión. Destina días enteros al sinfín de actividades que ocupan su agenda electoral desplegando acciones publicitarias tras su afán presidencialista. Visita las provincias, lejos de las obligaciones de su gestión en la CABA, al alegre ritmo que las vacaciones con sus carnavales, valles, sierras, ríos, mares y playas, le imprimen a nuestros veranos. La otra parte de su tiempo la ocupa en tensas reuniones cargadas de desconfianzas y enconos por cargos y lugares en las listas de la interna del PRO, y con sus aliados menores de la UCR, quienes se allanaron a las políticas derechistas del macrismo.
En los últimos meses, la sociedad porteña asiste al despliegue de un accionar político propagandístico, mediante el cual, en la medida que crece la campaña presidencial del jefe de gobierno de CABA, con sus ya constitutivas peleas internistas, se vacía de toda información sobre el acontecer de la vida cotidiana del pueblo de la ciudad, incluyendo el silenciamiento de eventos trascendentes. Según los grandes medios de comunicación asociados a Larreta en términos políticos y de negocios, en nuestra ciudad no pasa nada. No existe ningún hecho o suceso que merezca ser informado, mucho menos críticamente. El ejemplo más grave y flagrante de esa conducta inmoral, es la exclusión de la agenda mediática de la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se oculta ese hecho aplicando un relativismo comunicacional que incluye la impúdica conducta de la jueza Capuchetti, quien ejerce su poder no para impartir justicia sino para instituir impunidad a favor de los verdaderos inspiradores ideológicos y políticos, y de los financistas que posibilitaron la materialización del atentado. Si existe una actitud clara y determinante de negación de la verdad es el silencio frente al grito de la verdad. El intento de magnicidio a Cristina es el acontecimiento más grave desde la recuperación democrática y se debe inscribir entre los de mayor trascendencia de nuestra historia, evento potenciado por la actitud oprobiosa del Poder Judicial, amalgamado con los “editorialistas notables” y los políticos de Juntos por el Cambio, a quienes ya no les quedan reservas ideológicas democráticas y menos aún coraje cívico para colocarse del lado de la justicia verdadera y la defensa de la vida.
Ya transcurrió el primer mes de un año electoral que será determinante para el futuro de los 46 millones de ciudadanos/as argentinos, y para el destino de la región, teniendo en cuenta que los frentes populares progresistas han logrado triunfos muy trascendentes, pero deben enfrentar el acoso antidemocrático de los poderes económicos, mediáticos y políticos.
Por estas horas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa haciendo campaña electoral en modo “vacaciones” en la Costa Atlántica y otros destinos turísticos del país, surfeando olas, comiendo churros o fotografiándose imitando la icónica imagen de los Beatles cruzando la calle. Rodríguez hace de cuenta que todo está bien en nuestra ciudad y ya en trance electoral actúa como si nada pasara en términos políticos en nuestro país y la región.
El fracasado intento de golpe en Brasil desnuda nuevamente un rasgo de época de la derecha internacional: desprecia y rechaza a las instituciones y la vida democrática, o bien las somete y las instrumenta, como al poder judicial en nuestro país y como lo hizo anteriormente en Brasil, proscribiendo y encarcelando a Lula. El conato por derrocar al gobierno legítimo fue un atentado contra el pueblo brasileño, se debe ponderar como un ataque a las democracias de nuestro continente, por el peso específico y los alcances de todo lo que ocurre en Brasil.
La derecha de Juntos por el Cambio, asociada a las novedosas expresiones de la ultraderecha, tiene una convicción muy parecida a la de los inicios del 2019. Dieron por descontado un triunfo que luego fue derrota. No contaban con la estrategia y la determinación de Cristina Fernández de Kirchner, principal líder política de nuestro país, con la construcción de un amplio frente popular, ni con la percepción de la ciudadanía sobre el desastre social de la gestión de esa derecha en el gobierno. Claro que entonces como ahora, su afán y su proyecto se sustentan en el verdadero poder: la amalgama de los grandes medios y las corporaciones económicas, quienes definen el accionar de sus principales instrumentos: la Corte Suprema y los jueces de Comodoro Py, y los políticos de JxC, incluyendo las decisiones de sus parlamentarios.
El reciente fallo de la Corte Suprema por la coparticipación de CABA se transformó en la gota desbordante de la confrontación entre el Gobierno Nacional, el Frente de Todos, incluyendo a la mayoría de los gobernadores y una gran parte de la opinión pública, contra la corte, los jueces de Comodoro Py y otros núcleos del poder judicial. La respuesta del Gobierno fue la impugnación del fallo, la apelación ante la opinión pública y el juicio político, comenzando por su presidente, Rosatti.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con los fondos que Mauricio Macri, en su condición de Presidente, asignó por decreto a su discípulo preferido del PRO, Rodríguez Larreta; se basó en un subterfugio que distorsionó el verdadero fin: compensar el costo del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. La decisión de los cuatro de la corte tomada en medio de los festejos mundialistas y al borde de las Fiestas, detonó el debate y la confrontación política sobre la cuestión del federalismo, la coparticipación y la distribución de los recursos nacionales. El fallo de los Supremos, impugnado por el Presidente, la mayoría de los gobernadores y una gran parte de la opinión pública, por su carácter partidista y antifederal, enervó la situación de ilegitimidad de los cuatro cortesanos, camaristas, jueces y fiscales del Comodoro Py. El proceso de vaciamiento de credibilidad no solo se fue constituyendo por la ausencia absoluta de voluntad para cumplir con su misión de impartir justicia, sino por su sometimiento a los núcleos económicos y mediáticos, cumpliendo con el mandato de apropiarse de facto de esferas del poder legislativo y ejecutivo, abrogándose el derecho de vetar decisiones económicas, financieras y tarifarias. Se constituyeron así en un grupo ilegítimo amalgamado a los poderes fácticos con el fin de cogobernar, a pesar de que no los votó nadie.
Sabíamos que terminaría y que volveríamos a nuestras vidas con sus cotidianidades, y con sus temas y contradicciones económicas, políticas y sociales. Fuimos partícipes de uno de los más grandes fenómenos de celebración colectiva de nuestra historia, por la confluencia de la necesidad vital de los pueblos de unirse, bailar, cantar y abrazarse, en un ritual que no invoca y agradece a los dioses ancestrales, sino a un grupo de jóvenes futbolistas que habían conquistado el más notable triunfo deportivo del planeta. El acontecimiento se nutrió y potenció con algunos valores humanos y culturales que expresaban los protagonistas: unión fraternal como grupo, amistad, solidaridad sincera y generosa entre ellos, y abnegación en el trabajo.
